Guerrero declarará en precampaña y su exchófer en plena campaña

Regreso al pasado. La juez Mercedes Alaya ha demostrado en el último año una singular elección de los tiempos procesales respecto a las fechas electorales. En las municipales del pasado mayo, la magistrada citó tres días antes de la votación, como imputado en el caso Mercasevilla, al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos. En las elecciones generales del 20 de noviembre, la juez volvió a irrumpir en la campaña al dictar un auto, también a tres días del cierre de la actividad de los partidos, en el que exigía a la Junta que le informara de las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizados por “el titular de la Consejería de Economía”, cargo que ostentaba el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Ahora el escándalo de los ERE, que ya acumula 49 imputados, será de nuevo portada de los diarios a solo cuatro días de las elecciones autonómicas con la declaración más explosiva de los últimos meses: la del exchófer del ex director general Javier Guerrero, que afirmó ante la policía haberse gastado parte de los 900.000 euros que recibió como dos subvenciones públicas en “cocaína, fiestas y copas”. La juez fijó ayer para el 20 de marzo la declaración del exconductor Juan Francisco Trujillo, a tan solo cinco días de los comicios.

Mientras, el abogado de Guerrero ha pedido esta semana un aplazamiento de su esperada comparecencia judicial y Alaya se lo ha concedido para fijarla el 7 de marzo, en plena precampaña electoral. Tanto el PSOE como IU han comentado con duras críticas que algunas decisiones procesales de la juez coincidieran con las últimas campañas electorales, dada la difusión mediática del escándalo de los ERE.

Por otra parte, la juez censuró ayer a la Junta de Andalucía por “obstaculizar sobremanera el estudio de la documentación y la investigación” del caso. La magistrada criticó al Ejecutivo autónomo por no haber entregado “un único desplegable [de pagos a empresas]” que incluya todas las ayudas concedidas y pagadas, pero también las no abonadas o pendientes de pago, así como las no autorizadas. Además, reprendió a la Junta por no haber entregado los pagos que realizaron cuatro consejerías a través de la agencia pública Idea. Mientras, tanto la fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han apoyado la petición de la juez para contar con un juez de apoyo para tramitar los asuntos nuevos.