El cierre del aeropuerto de Castellón cuesta más que subvencionarlo

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunció el pasado 30 de diciembre que, para ahorrar, su Gobierno rompía el contrato que le unía a la concesionaria que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castellón. La precariedad de la Hacienda pública autonómica le obligaba a tomar una decisión especialmente dura para él, que ha sido alcalde de Castellón. Lo que, al parecer, ignoraba Fabra es que abandonar la instalación aeroportuaria resulta más caro que mantener la subvención. El Consell tendrá que pagar 80 millones si se va, frente a los 17,8 millones que le costaría subvencionarlo durante ocho años.

El pasado 29 de diciembre, Concesiones Aeroportuarias presentaba una demanda contra el Gobierno de Fabra ante el Juzgado número 1 de Castellón por incumplimiento del contrato. La Generalitat no había presentado la carta de patrocinio de las instalaciones, el aval por el que se comprometía a asumir las pérdidas durante ocho años. Un día después, el Consell, a través de la empresa pública Aerocas, que es la promotora del aeropuerto y en la que participa con el 99% de las acciones, contestaba con el anuncio de la ruptura con la concesionaria.

Perder 62 millones

El problema es que romper el contrato no es tan fácil ni más económico. El acuerdo entre Concesiones y Aerocas establece que en el caso de una ruptura unilateral por parte de la Administración autonómica, esta queda obligada a pagar la inversión efectuada por la concesionaria, que en la actualidad alcanza los 83,9 millones de euros. En cambio, subvencionar las pérdidas por un periodo de ochos años no sobrepasa los 18 millones. La “operación de ahorro” anunciada por Fabra, pero que aún no se ha materializado, le podría costar 62 millones al Gobierno de la Comunidad Valenciana, salvo que un juez dictamine lo contrario.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Consell de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

La Generalitat se ha gastado ya en este aeropuerto sin aviones 30 millones en publicidad y paga todos los meses 300.000 euros en sueldos y mantenimiento.