El tribunal rechaza nuevas pruebas

La primera sesión de la vista oral del caso Troya se inició con las protestas de la Fiscalía y las defensas por la resolución que la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha dado a las cuestiones previas planteadas la semana pasada. El fiscal, Juan Calvo-Rubio, hizo constar su protesta por el hecho de que el tribunal no admitiera una prueba pericial consistente en un dictamen de técnicos —un arquitecto y un jurista— de la Junta de Andalucía sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en 2006, año en que sucedieron los hechos enjuiciados.

En la sesión previa, Calvo-Rubio amagó con solicitar la devolución de toda la causa al Juzgado de Instrucción si no se admitía esta nueva prueba. Ayer, el representante del ministerio público se limitó a hacer constar su protesta para que tenga efecto en caso de que presente un recurso tras la sentencia.

La del fiscal no fue la única prueba propuesta ayer. El abogado de Juan Martín Serón, Carlos Larrañaga, pidió que en el juicio declarara la esposa del alcalde, que en los primeros compases de la investigación estuvo imputada, aunque luego se archivó su causa. También pidió aportar una auditoría privada realizada sobre los ingresos y gastos del regidor. El tribunal, tras conocer la negativa del fiscal a que se aceptaran estas pruebas, deliberó unos instantes y decidió rechazarlas “para preservar el principio de igualdad de armas” entre defensa y acusación.

En la sesión de ayer solo se pudo interrogar a Martín Serón. Aunque el cuestionario se cerró sobre las 12.30, el tribunal decidió no dar paso al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, el siguiente en el guión del juicio y cuyo interrogatorio se prevé más largo, para evitar que haya que su declaración se haga en dos sesiones y se rompa la llamada unidad de acto.