Transición sin impuestos

El panorama de los recortes en los servicios públicos básicos en Cataluña es preocupante. El repunte de gastos de septiembre ha dejado sin liquidez a la Generalitat. Hay retrasos de dos meses en el pago a las residencias para disminuidos psíquicos y ancianos —142.000 usuarios y 50.000 trabajadores—; en la sanidad, hay 41.000 trabajadores del Instituto Catalán de la Salud que ven peligrar media paga de Navidad y sufrirán retrasos en el cobro de complementos. El salario de otros 35.000 médicos y enfermeros de centros concertados ha sido sensiblemente reducido por el recorte de un 35% de la subvención pública... El número de usuarios afectados por el cierre de quirófanos, plantas y servicios se desconoce, pero a buen seguro las listas de espera serán elocuentes en breve. Se recorta la renta mínima de inserción —el eslabón social más débil— en 50 millones de euros para 2012.

Parece el guion de una película de terror, orientada hacia un final feliz: el pacto fiscal, un concierto económico similar al vasco y al navarro. Esa fue la idea central del discurso del presidente de la Generalitat ayer en el debate de política general del Parlamento de Cataluña.

El colofón lógico del razonamiento imperante ahora en CiU es que el Estatuto no sirve, España maltrata a Cataluña y ha llegado la hora del gran salto soberanista, de la transición nacional. Al menos verbalmente. Mientras, Mas invita al Gobierno central a impulsar un impuesto para grandes fortunas. La Generalitat no lo impondrá por sí misma, porque los grandes capitales —argumentan desde el Gobierno catalán— huirían de Cataluña. CiU apuesta, pues, por una transición nacional sin presión fiscal. A veces, es incómodo ejercer el derecho a decidir.