Un rumbo y el contrario

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto de reforma del mercado laboral aprobado por el Gobierno el 26 de agosto. La abstención del Partido Popular permitió al grupo socialista rechazar la condición de los nacionalistas catalanes de CiU, quienes exigían a cambio de su voto favorable una reforma de la regulación de la negociación colectiva para que prevalecieran los convenios autonómicos. Sorprende que CiU pasara con tanta rapidez del agravio homérico en unos asuntos al rasante chalaneo político en otros.

El decreto ahora convalidado supone la rectificación de una decisión adoptada por el propio Gobierno en 2006, por la que se fijó un plazo máximo de dos años para encadenar contratos temporales. El argumento empleado entonces fue la necesidad de combatir la precariedad; el esgrimido ahora es la de reducir el desempleo. Y aunque el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, insistió en distinguir la temporalidad de la precariedad, lo cierto es que, con la convalidación del decreto, el Gobierno ha hecho un viaje de ida y vuelta que pone una vez más en cuestión su capacidad para gestionar la crisis.

No es la única materia en la que el Gobierno da muestras de mantenerse resignadamente a la espera, ensayando con desgana un rumbo cualquiera y el contrario, como con la reforma laboral. No es difícil asumir que España necesita cuadrar las cuentas, y que en un mundo en crisis y por razones de equidad evidentes resulta conveniente que contribuyan más los que más tienen. Pero la reactivación del impuesto sobre el patrimonio se ha convertido esta semana en una sucesión de mensajes distintos e imprecisos, cuando no contradictorios, entre distintos miembros del Gobierno y del equipo del candidato socialista. Como en el caso de la contratación temporal, el mismo Gobierno que anuncia una cosa un día, la modifica al siguiente. Más que mejorar las expectativas del Partido Socialista, estos vaivenes solo contribuyen a desmoralizar aún más a sus potenciales votantes.

No iba a resultar fácil en ningún caso gestionar una sucesión como la que diseñó Rodríguez Zapatero. Pero a las dificultades intrínsecas del plan se está sumando una creciente torpeza en su ejecución. Los traspiés de esta semana no contribuyen al objetivo inicial del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de potenciar su credibilidad impulsando la recuperación del impuesto de patrimonio.