El PP quiere impedir el voto de los marroquíes en Ceuta y Melilla
Los populares alertan de que son ciudadanos de un Estado que reivindica la soberanía de ambas ciudades autónomas
El Partido Popular no quiere que los inmigrantes marroquíes voten en 2015 en las elecciones locales de Ceuta y Melilla y va a dar la batalla para impedirlo. Argumenta que no se puede conceder el derecho de voto a ciudadanos de un Estado que reivindica la soberanía de ambas ciudades autónomas. Teme, probablemente, que los sufragios de los inmigrantes mermen o incluso pongan en peligro su holgada mayoría absoluta confirmaba de nuevo en mayo.
Marruecos aprobó el 1 de julio una nueva Constitución que permite a los extranjeros allí residentes participar en las elecciones locales. Cuatro días después, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, anunció en Barcelona: “Vamos a firmar acuerdos para que ese derecho sea recíproco”.
Además de los ciudadanos de la Unión Europea, los de otros países terceros (Colombia, Bolivia, Chile, Cabo Verde, Noruega, Islandia, Paraguay, Perú...) han suscrito acuerdos de reciprocidad con España para que sus inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales. Si se añadiese Marruecos a esta lista, unos 550.000 adultos marroquíes residentes en España —el número total se eleva a unos 800.000— podrían participar en los comicios. En Ceuta hay unos 3.000 marroquíes, sobre una población de hecho de 75.000 habitantes, y en Melilla 6.000, con un número de habitantes similar.
El número de inmigrantes que acude a las urnas en España es más bien escaso. Es probable que los marroquíes en Ceuta y Melilla se inclinasen, a la hora de votar, por los partidos mayoritariamente musulmanes, el melillense CPM y la ceutí UDCE, que constituyen ya la principal oposición al PP, por delante del PSOE. Ambos son partidos de izquierdas.
Diputados, senadores del PP y miembros de los Gobiernos locales han salido en tromba para justificar su rechazo al voto marroquí. Alegan primero que los comicios en ambas ciudades son más bien autonómicos y no municipales, motivo por el cual no podrían votar.
La Junta Electoral Central ya desestimó este argumento en enero, al examinar el caso de ciudadanos de Noruega, un país que no es miembro de la UE. Dictaminó que “tienen derecho al sufragio activo, pero no al pasivo [la posibilidad de ser elegidos], en las Asambleas de las ciudades autónomas”, porque estas carecen de capacidad legislativa y son asimilables a un pleno municipal. El Consejo de Estado comparte esta opinión.
Francisco Márquez, diputado popular por Ceuta, y otros dos parlamentarios del PP advirtieron el miércoles de las “graves implicaciones” que tendría el voto marroquí. Dejaron caer que su partido vetará cualquier acuerdo de reciprocidad con Marruecos si no se excluye a las ciudades autónomas. Como puede resultar difícil excluir solo a esta comunidad, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha propuesto nada menos que suprimir en su ciudad el voto de todos los extranjeros.
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