Abogadas de víctimas egipcias del test forzado de virginidad celebran una sentencia histórica que lo considera “una forma de tortura”

El 9 de marzo de 2011, las jóvenes egipcias Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman fueron detenidas separadamente por soldados cerca de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, tras haber participado en una sentada pacífica para exigir una nueva Constitución y la destitución del primer ministro. Hacía apenas un mes que el ejército había asumido el poder en el país tras la caída del expresidente Hosni Mubarak en medio de masivas movilizaciones sociales.

Inicialmente, las dos fueron llevadas al Museo Egipcio, que se encuentra en la misma plaza y había sido reconvertido en un centro de detención informal del ejército. Allí, Mahmoud fue atada de manos y pies, rociada con agua, electrocutada con una pistola taser, y llamada “puta” repetidamente, según testificaría después. Abdelrahman también fue electrocutada y recibió golpes junto a otras mujeres mientras varios soldados la insultaban, según su versión de los hechos.

Ambas fueron trasladadas a una prisión militar, donde un médico obligó a Mahmoud a desnudarse y a tumbarse con las piernas levantadas para examinarle los genitales con las manos. El mismo doctor la forzó a firmar una declaración en la que afirmaba no estar casada, ser virgen y que su himen estaba intacto. Abdelrahman fue sometida a un examen genital forzado directamente en un pasillo, a la vista de soldados y de oficiales.

Casi 15 años después de aquellos hechos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), considerado el principal organismo de derechos humanos de África, resolvió el pasado noviembre que los exámenes genitales forzados a Mahmoud y a Abdelrahman fueron hechos constitutivos de tortura, degradantes e inhumanos. En una decisión publicada recientemente, la comisión también dictaminó que Egipto no investigó los hechos ni enjuició debidamente a los autores.

La CADHP ha exhortado a Egipto a juzgar a los presuntos autores de los malos tratos y a indemnizar a Mahmoud y a Abdelrahman con 100.000 libras egipcias (actualmente, menos de 2.000 euros) por daños físicos y emocionales. Además, ha requerido al país a erradicar esta práctica y reformar su código de procedimientos penitenciarios militares para incluir garantías estrictas que protejan los derechos y la integridad física de las personas presas.

Es una decisión muy trascendental, porque establece de forma muy clara que el test forzado de virginidad es una violación sexual y una forma de tortura

Alejandra Vicente, directora jurídica de REDRESS

“Es una decisión muy positiva”, valora Lobna Darwish, directora del programa de derechos de la mujer y de género de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), una de las representantes legales de Mahmoud y Abdelrahman. “[El proceso] le devolvió a las denunciantes el derecho a plantear de nuevo su caso y a saber que siempre tuvieron razón, que fueron víctimas de una violación de derechos humanos y a responsabilizar a los culpables”, subraya.

Alejandra Vicente, directora jurídica de REDRESS, la otra organización que representó a las jóvenes egipcias, también considera que se trata de una “decisión muy trascendental, porque establece de forma muy clara que el test forzado de virginidad es una violación sexual y una forma de tortura”. Además, “deja muy claro que es una práctica violatoria de los derechos de las mujeres y de las niñas que refuerza los estereotipos de desigualdad de género”. Ambas organizaciones celebraron la decisión en un comunicado emitido en enero.

Darwish y Vicente lamentan que la Comisión haya tardado tanto en emitirla, aunque afirman que es habitual debido a sus reglas de procedimiento y al hecho de que no es un órgano permanente. Además, cuando la Comisión adopta una decisión no la hace pública hasta que la aprueba la asamblea de jefes de Estado de la UA. En el caso de Mahmoud y Abdelrahman se había tomado en 2023, pero tardó dos años en darse a conocer.

“Es una parte muy problemática, aunque no es única del sistema africano, sino que en otros sistemas regionales y de la ONU las víctimas tienen generalmente que esperar”, sentencia Vicente.

Un precedente para África

Tanto Darwish como Vicente destacan que la decisión es especialmente trascendental a nivel continental. “Es un caso muy importante para el sistema africano porque es el primero en el que la comisión analiza la práctica de las inspecciones vaginales forzadas en contextos de detención y, de manera muy concreta, el test de virginidad”, apunta la abogada de REDRESS, que señala que se han documentado casos en países como Marruecos, Sudáfrica y Zimbabue.

“Establece un precedente en esta materia y también debería servir de guía para otros países de la Unión Africana”, agrega Vicente, que añade que “es una buena decisión, con unos buenos estándares, que vamos a poder usar en otros casos”.

Darwishconfía en que “dé esperanza [a más víctimas] de que alguien luchará por su justicia”. “Que sepan que si los tribunales nacionales les fallan, tenemos otros canales para intentar hacer valer sus derechos y que sean escuchadas”, remarca.

Ambas expertas se muestran, en cambio, más cautas con la respuesta de Egipto. Las dos coinciden en que el país está obligado a cumplir la decisión porque ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y la Comisión es el órgano encargado de interpretarla. Pero observan que El Cairo suele escudarse en que sus decisiones son meras recomendaciones.

“El historial de Egipto no es bueno”, admite Vicente, que también lamenta que, pese a ello, la comisión no haya sido tradicionalmente “muy dura” con el país, en parte por “la influencia de [El Cairo] en la Unión Africana”. “La implementación es uno de los grandes retos que tenemos a nivel internacional, no solo a nivel de la Comisión Africana”, afirma.

Con todo, Darwish opina que Egipto debería acatar la decisión “no solo por responsabilidad con sus compromisos africanos, sino también porque es lo correcto”.

Largo recorrido judicial

La sentencia de la Comisión Africana representa la culminación de una larga batalla judicial que arrancó poco después de que Mahmoud y Abdelrahman fueran puestas en libertad el 11 de marzo de 2011. El día antes, un juez las condenó a un año de prisión —incluido por intento de agresión a oficiales militares en el cumplimiento de su deber— pero con suspensión de la pena.

Tres meses después, a finales de junio, Mahmoud interpuso una primera denuncia ante la fiscalía militar por las agresiones que había sufrido. Aunque se ordenó una investigación contra el doctor que realizó las pruebas genitales, identificado como El Mogy, el proceso recayó sobre el tribunal militar supremo del país, que le absolvió de todos los cargos en marzo de 2012.

Paralelamente, en julio de 2011, una coalición de grupos de derechos humanos presentó otra demanda ante un tribunal administrativo egipcio en nombre de Mahmoud y otras personas para exigir el cese inmediato de los exámenes de virginidad en cárceles militares. La corte resolvió que estos eran ilegales, pero el jefe del ejército señaló entonces que no podían aplicar la sentencia porque no existía, para empezar, ninguna ley que amparara la práctica.

Abdelrahman, por su parte, optó por interponer una denuncia ante la fiscalía civil en julio de 2011. Sin embargo, el código de justicia militar en Egipto establece que las denuncias presentadas contra miembros del ejército se deberán encauzar a través del sistema judicial castrense, por lo que la fiscalía civil remitió el caso al fiscal militar con el que ya se había topado Mahmoud.

Fue entonces cuando las dos decidieron elevar el caso a la CADHP, en septiembre de 2012. Un año y medio después, la Comisión admitió la denuncia al juzgar que Egipto conocía estas violaciones, pero no había tomado medidas para remediarlas. También señaló que, si bien en el caso de Mahmoud se llegó a abrir una investigación, en el de Abdelrahman ni siquiera se inició una.

“En este caso tuvimos suerte de que los procedimientos [en Egipto] concluyeron rápidamente y, por desgracia, no se hizo justicia con las demandantes”, apunta Darwish, ya que “no se puede acudir a la Comisión a menos que se hayan agotado todos los recursos nacionales en los tribunales”.

Más de una década después, la decisión de la CADHP ha considerado “evidente” que las agresiones fueron “actos de violencia de género perpetrados por agentes estatales” y que constituyeron un trato inhumano constitutivo de tortura. También ha juzgado que se produjeron en respuesta a la protesta de la plaza Tahrir, y ha estimado “razonable” que fueron pensadas “para castigar, intimidar y disuadir a las víctimas de ejercer” de nuevo su libertad de expresión y de reunión.

La Comisión también ha determinado que las acusaciones no estaban relacionadas con el ámbito militar y que los tribunales egipcios no fueron ni independientes ni imparciales y no ofrecieron garantías. Por ello, ha instado a Egipto a juzgar a los autores de las violaciones y a adoptar reformas que incluyan otorgar jurisdicción exclusiva al circuito legal civil para investigar y juzgar denuncias de violaciones cometidas por personal militar contra civiles.

Darwish celebra este último punto porque establece que si “alguien fue víctima de una violación a manos de personal militar, está en su derecho natural de presentar su caso ante un tribunal civil; una regla que puede aplicarse más allá de este caso”.