Uganda, el país que más refugiados de África acoge, raciona la comida por falta de fondos, mientras mengua la ayuda internacional

Cuando Luka Otim Malech se enteró de que su familia se había quedado sin la ayuda alimentaria para los refugiados, en julio de este año, decidió inmediatamente arrendar unas tierras para empezar a cultivarlas. Este refugiado de 37 años huyó de Sudán del Sur a Uganda con su familia en 2016, cuando estalló la guerra. Desde entonces, él y sus seis hijos habían sobrevivido gracias a la ayuda alimentaria en Bidi Bidi, uno de los tres campamentos de refugiados más grandes de Uganda, situado en el distrito de Yumbe, al norte del país, y que alberga a más de 209.000 personas; pero, en julio de este año, la ayuda que él recibía se interrumpió.

“Me di cuenta de que tenía que encontrar una forma de conseguir comida para mi familia en un país extranjero”, dice Malech, que está clasificado en la categoría tres, la de los “menos vulnerables”, que han dejado de recibir alimentos. “Cultivar la tierra fue lo primero que se me ocurrió, porque ya lo había hecho en mi pueblo de Sudán del Sur antes de que estallara la guerra”, cuenta este hombre, afectado por los recortes a la ayuda internacional en 2025.

“Muchos refugiados llegan traumatizados, desnutridos y con urgente necesidad de atención después de una odiseas desgarradora”, explica Leonard Zulu, coordinador residente de la ONU en Uganda. Una funcionaria responsable de los refugiados, que pide guardar el anonimato por miedo a las represalias, dice que, en vista de los numerosos casos de hambre y malnutrición, las autoridades animan a los refugiados a buscar trabajo en las comunidades de acogida. “Pero la situación sigue empeorando y el número de refugiados aumenta día a día”, añade.

En enero de este año, EE UU, el mayor contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU, anunció que iba a interrumpir la financiación de las agencias humanitarias, incluida la propia Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID). Como consecuencia, Uganda tuvo que racionar la ayuda alimentaria en todos los campamentos de refugiados. En mayo, el Programa Mundial de Alimentos confirmó que, debido a los recortes, había tenido que retirar la ayuda a un millón de refugiados en Uganda.

La medida norteamericana agravó la situación y empujó a muchos países occidentales a retener grandes cantidades de ayuda a los refugiados en los países en desarrollo de todo el mundo. Al mismo tiempo, en julio, Uganda experimentó un drástico de los desplazados —un incremento del 600 % respecto al año pasado— procedentes de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Esto, según la ONU, ha llevado al “sistema de acogida de Uganda al límite”.

Uganda es el país que más refugiados acoge de África, con 1,9 millones de desplazados. Se calcula que cada día llegan a este país del este de África al menos 600 nuevos refugiados y se prevé que, para finales de año, se alcance la cifra de dos millones. Sin embargo, pese a este aumento, la política de refugiados cuenta con solo un 25 % de financiación en Uganda y, como consecuencia, no hay dinero para varios aspectos cruciales como centros de acogida, la alimentación y la atención sanitaria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cada refugiado necesita al menos 16 dólares al mes, pero la organización mundial no puede proporcionar más 5 dólares por cada uno.

La situación ha llevado a Uganda a dejar de admitir a refugiados de algunos países, como Eritrea, Etiopía y Somalia, en los que considera que no hay guerra. “La situación es grave, y es nuestro pueblo el que asume esos costes, que antes gestionaba ACNUR”, aseguró el ministro de Ayuda y Preparación para Desastres de Uganda, Hilary Onek, en noviembre.

En el campamento de refugiados de Bid Bidi, las personas que reciben ayuda alimentaria se dividen en tres grupos en función de su “vulnerabilidad”, siguiendo unos criterios que son las discapacidades, la edad, el estado de salud y el tiempo de permanencia en el asentamiento.

Este año, en Uganda, se han racionado los alimentos dos veces. En la categoría uno, cada persona recibe cuatro kilos de maíz al mes (antes eran seis kilos) y un kilo de alubias (antes eran dos); en la categoría dos, cada persona recibe dos kilos de maíz (antes eran tres) y medio kilo de alubias (antes era un kilo); y una persona perteneciente a la categoría tres no recibe nada.

Los refugiados como Malech, que entran en la categoría tres, no tienen derecho a recibir ayuda alimentaria porque “se los considera menos vulnerables”. Ahora, debido a la gravedad de la situación, Malech se ha visto obligado a empezar a cultivar sus propios alimentos, algo que puede hacer gracias a las facilidades de la política de refugiados de Uganda.

“Si no trabajo, mi familia acabará yéndose a la cama con hambre, como pasaba al principio, cuando la situación empeoró”, afirma Otim, que cultiva sobre todo hortalizas y además trabaja de jornalero para complementar sus ingresos.

Kidega Charles —un refugiado sudsudanés de 34 años que llegó a Uganda en 2016 y vive en Bidi Bidi— tampoco está recibiendo comida, porque pertenece, como Otim, a la categoría tres. Él también se dedica a la agricultura porque necesita cuidar de sus tres hijos, que todavía son pequeños.

Lo malo, dice, es que tiene que recorrer mucha distancia para llegar al huerto cada día. “A veces pasamos varios días allí, intentando garantizar que vamos a tener algo para comer”, dice. “No tengo más remedio que llevarme a mis hijos porque son pequeños y no puedo dejarlos solos porque no están a salvo”.

Por su parte, John Pasquale Udo, un refugiado de Sudán del Sur que vive desde 2017 en el campo de refugiados de Palabek, en el distrito de Lamwo, también al norte de Uganda, ha tenido que ponerse a trabajar de carbonero para mantener a su familia. Pero este es un trabajo que entraña riesgos, porque la quema comercial de carbón vegetal es ilegal en Uganda. Udo, que tiene tres hijos, reconoce que los niños, a veces, no van al colegio para ayudar en el huerto.

En búsqueda de alternativas

Uganda es objeto de elogios en todo el mundo por su política progresista en materia de refugiados, que les otorga el derecho a vivir en cualquier lugar, acceder a los servicios públicos, trabajar e incluso poseer tierras. Pero el ministro de Desastres de Uganda, Onek, afirma que “este gesto supone una gran carga económica”.

A algunos expertos les preocupa que esas políticas tan propicias para los refugiados puedan agotar los recursos de Uganda si no se cuenta con la financiación adecuada. “De acuerdo con los principios del derecho internacional, Uganda tiene la obligación de obtener fondos de donantes por el papel humanitario que desempeña con su apoyo a los refugiados”, explica el doctor Aloysius Tenywa, experto en derecho internacional. “Pero el Gobierno puede acabar pareciéndoles ilegítimo a los jóvenes si los recursos o las arcas públicas se agotan por ayudar a los refugiados. Hay que dar prioridad a los intereses nacionales. Si no, esa generosidad se puede explotar a costa del sufrimiento de los ciudadanos”.

Uganda tiene la obligación de obtener fondos de donantes por el papel humanitario que desempeñan con su apoyo a los refugiados

Aloysius Tenywa, experto en derecho internacional

Dismas Nkunda, cofundador de la organización de vigilancia Atrocities Watch Africa y defensor de los derechos humanos, alaba el papel humanitario de Uganda y señala que su apoyo es mayor de lo que “los países ricos aportan en términos monetarios”.

Experto en temas de refugiados y consultor del Banco Mundial, Nkunda aconseja a Uganda que busque “mecanismos para sobrevivir a la situación actual” mediante compromisos bilaterales con los países ricos.

“El dinero ha disminuido últimamente y Uganda no puede depender de los donantes tradicionales como EE UU, pero sí puede hablar con otras naciones ricas que estén dispuestas a ayudar”, alega. Y añade: “La ONU también puede contribuir invitando a todos los países amigos y con un mismo objetivo a que ayuden a los refugiados”.

A pesar de las urgentes peticiones de intervención, las autoridades ugandesas se muestran precavidas a la hora de facilitar información sobre la crisis de los refugiados. Los dos máximos responsables de los dos campos, Bidi Bidi y Palabek, se negaron a comentar la situación actual por temor a represalias. Patrick Okello, comisionado de Uganda para los refugiados, también se ha negado a hacer comentarios y dice que “dará todas las respuestas en el momento oportuno”.

No obstante, en agosto de este año, durante la ceremonia de inauguración del mercado Elegu del distrito de Amuru, en el norte de Uganda, Rebecca Kadaga, la primera mujer viceprimera ministra de Uganda, hizo un llamamiento a la comunidad internacional en el que pidió que se enviaran urgentemente fondos para ayudar a los refugiados en el país. “Me gustaría pedir a la comunidad internacional que nos ayude. Nuestros refugiados necesitan alimentos, servicios sanitarios e infraestructura de vivienda, porque, al acogerlos, estamos haciendo el trabajo de la ONU”. Y añadió: “No digo que sea un error acoger a los refugiados; son nuestros hermanos y hermanas”.