Así utiliza Europa los impuestos para poner freno a la moda rápida

¿Sabía que fabricar una sola camiseta de algodón requiere unos 2.700 litros de agua, lo mismo que una persona bebería en casi tres años? La llamada fast fashion o moda rápida nos ofrece ropa barata y de tendencia, pero también genera 12 kilos de residuos textiles por persona al año en Europa, y apenas un 1 % se recicla en nuevas prendas.

Ante este problema, la Unión Europea (UE) y varios países han empezado a usar los impuestos y las normas fiscales como herramientas para frenar un modelo que produce mucho, vende barato y desecha rápido.

Europa corta el chollo fiscal de las compras baratas

Hasta 2021, millones de paquetes de plataformas como Shein o Temu llegaban a Europa sin pagar IVA si costaban menos de 22 euros. Era una ventaja injusta frente a las tiendas locales. Desde entonces, todas las importaciones pagan IVA.

La Comisión Europea quiere ir más allá. Por una parte, propone la introducción de una tasa de tramitación de 2 euros por cada envío a la UE. Por otra, quiere eliminar también la exención arancelaria de 150 euros, de modo que incluso los pedidos pequeños paguen derechos de aduana. Con esto se evita que los vendedores dividan artificialmente los pedidos y se refuerza el control sobre productos que a menudo se fabrican en condiciones poco sostenibles o con malas prácticas laborales. El 91% de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros procedían de China en 2024.

Al mismo tiempo, Bruselas ha aprobado la Directiva (UE) 2024/825, contra el greenwashing. Desde 2026, las marcas no podrán presentarse como “neutras en carbono” o “eco” sin pruebas verificables, ni podrán ocultar información sobre la durabilidad o la posibilidad de reparar de las prendas.

Francia: un impuesto por prenda de moda rápida

Francia es el primer país europeo en aprobar un impuesto contra la moda rápida. En junio de 2025, el Senado dio luz verde a una ley que introduce un sistema de penalización progresiva por prenda (bonus-malus). Las marcas de ultra fast fashion (moda ultrarápida) deberán pagar 5 euros extra por artículo, lo que encarecerá especialmente camisetas, vestidos o pantalones de bajo coste. La cifra aumentará poco a poco hasta llegar a 10 euros en 2030, duplicando el tributo en apenas cinco años.

El impuesto dependerá del impacto ambiental y de las prácticas de cada empresa, y no podrá superar el 50% del precio de venta sin IVA.

Con este sistema, el Estado francés lanza una señal clara: las prendas extremadamente baratas, diseñadas para durar apenas una temporada, deben pagar por el daño que generan. Al mismo tiempo, se premia a aquellas marcas que fabrican ropa más duradera, reciclable y con menor huella ambiental. Es un modelo inspirado en los impuestos ambientales que ya se aplican en carburantes o plásticos de un solo uso.

La fiscalidad y la normativa buscan cambiar la lógica de la industria textil: que lo barato y desechable deje de ser la opción más atractiva

Reino Unido: la idea del ’penique por prenda’

En 2019, un comité del Parlamento británico recomendó un impuesto de un penique por cada prenda vendida para financiar la recogida y el reciclaje de textiles. Aunque el Gobierno no lo aplicó, la propuesta abrió un debate que hoy se centra en la responsabilidad ampliada del productor: que las marcas paguen en función de la basura que generan. Cuanto más baja sea la calidad de sus productos, más alto será el coste; cuanto más duraderos y reciclables sean, menos tendrán que pagar.

Suecia, Países Bajos y Francia: reparar en vez de tirar

Otros países han optado por incentivar la reparación. En Suecia, el IVA para arreglos de ropa y calzado bajó del 25% al 12%. En Países Bajos, el tipo reducido del 9 % se aplica a servicios como coser agujeros, cambiar cremalleras o ajustar tallas. Y en Francia, a partir de 2025, se aplica un tipo reducido del 5,5% en reparaciones textiles y de calzado, junto con un “bono reparación” que descuenta parte del coste a los consumidores que arreglan su ropa en talleres certificados.

El objetivo de todas estas medidas es sencillo: que coser una cremallera salga más barato que comprar una prenda nueva.

España: normativa avanzada, fiscalidad pendiente

En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que, a partir de 2025, las marcas textiles deberán financiar sistemas de recogida y reciclaje, además de informar sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos. Es un paso adelante, porque obliga a las empresas a asumir costes que hasta ahora recaían en los municipios y los contribuyentes.

Sin embargo, el gran reto sigue siendo la fiscalidad: todavía no se han adoptado impuestos o incentivos fiscales como los de Francia, Suecia y Países Bajos, lo que deja a España rezagada en este aspecto.

¿Funcionan estas medidas? ¿cómo impactarán en la industria?

Los efectos de los mecanismos fiscales ya empiezan a notarse. La eliminación de exenciones fiscales ha igualado la competencia y ha obligado a las grandes plataformas internacionales a modificar su estrategia de precios y logística.

Desde 2026, las marcas no podrán presentarse como “neutras en carbono” o “eco” sin pruebas verificables, ni podrán ocultar información sobre la durabilidad o la posibilidad de reparar de las prendas

La reducción del IVA en reparaciones está revitalizando talleres locales, apoyando pequeños negocios y cambiando poco a poco los hábitos de consumo. Y los nuevos impuestos, como en Francia, harán que las prendas de usar y tirar sean más caras, obligando a las grandes marcas a mejorar su diseño, trazabilidad y materiales.

En conjunto, la fiscalidad y la normativa buscan cambiar la lógica de la industria textil: que lo barato y desechable deje de ser la opción más atractiva y que reparar, reutilizar o comprar ropa de calidad se convierta en lo normal. Si estas medidas se consolidan, la industria textil europea podría transformarse en una de las más avanzadas en sostenibilidad, situando a Europa como referente mundial en la lucha contra la moda rápida.