Del humo del tabaco al humo de la IA

En el primer episodio de Mad Men, el publicista Roger Sterling está reunido con los dueños de Lucky Strike, que empiezan a temer las injerencias del Gobierno. “Comprenda que debido a la manipulación de los medios”, dice Sterling, “el público tiene la impresión de que sus cigarrillos provocan ciertas enfermedades mortales”.

La trama de la serie comienza en 1960, unas cuantas décadas antes de las demandas que costarían miles de millones a las empresas tabaqueras. Y 66 años más tarde, las compañías tecnológicas están llegando a su momento Lucky Strike: Google y Meta, la propietaria de Facebook e Instagram, se enfrentan a las primeras sentencias millonarias por propiciar la adicción en menores y por no protegerlos de contenidos explícitos y del acoso.

La vinculación entre la salud mental y las redes no es tan directa como entre el tabaco y el cáncer de pulmón, pero no solo existe, sino que Meta la ocultó durante años. Sin embargo, la regulación ha sido tímida y tardía. Por ejemplo, varios países, entre ellos España, han anunciado que prohibirán el acceso a los menores de 16 años, pero los riesgos se conocen desde hace al menos una década.

Legislar evita problemas a los ciudadanos y también resulta bueno para las empresas: les ahorra juicios e indemnizaciones. Y, por eso, la inteligencia artificial (IA) ya debería estar reguladísima, más allá de la norma europea de 2024, y sin necesidad de esperar a otro momento Lucky Strike. Los riesgos de esta tecnología —sus “ciertas enfermedades mortales”— son conocidos: los vídeos falsos cada vez mejor hechos, la posible destrucción de empleos, el uso de material con derechos de autor para su entrenamiento y, también, la amenaza a la salud mental: las compañías del sector ya se enfrentan a una decena de demandas por inducir al suicidio a usuarios vulnerables.

Incluso los dueños de estas empresas se llenan la boca hablando del peligro de sus productos. Hace unas semanas, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic (la propietaria del chatbot Claude), decía en una entrevista en el podcast WTF que “no ha habido un reconocimiento público de los riesgos” de la IA. Sam Altman, su homólogo de OpenAI, la ha comparado más de una vez con las armas nucleares.

Es verdad que en estas declaraciones hay mucho marketing para exagerar las capacidades de los chatbots, pero la disputa entre Anthropic y el Gobierno de Estados Unidos por el uso militar de sus modelos muestra que esta tecnología ya se utiliza como arma de guerra y herramienta de espionaje. Y esto es un peligro tanto si la tecnología funciona bien como si sigue siendo igual de chapucera que hasta ahora: por ejemplo, la estadounidense Angela Lipps pasó cinco meses en la cárcel el año pasado porque un sistema de reconocimiento facial la identificó por error como la sospechosa de un fraude bancario.

Resulta contradictorio que estos directivos se llenen la boca hablando de los peligros de su tecnología y hagan poco por evitarlos. Es como si yo abro un restaurante y echo matarratas en la sopa, al tiempo que grito: “Madre mía, espero que alguien se dé cuenta y me pare antes de que asesine a todos mis clientes”. Pero estas contradicciones se arreglan con leyes, como pide el mismo Amodei. No podemos confiar en las promesas de los empresarios de que se portarán bien, igual que no debimos confiar en las buenas palabras de los directivos de las tabaqueras y de las redes sociales. Hacen falta leyes.

Muchos tecnoligarcas aseguran que la regulación frena la innovación. Pero lo que de verdad frena es el número de chapuzas. Regulamos la alimentación, la seguridad en las viviendas y la circulación en ciudades y autopistas. No tiene ningún sentido que la tecnología sea una excepción y que nos tengamos que resignar a comer sopa con matarratas. Además, estos millonarios nos lo van agradecer porque se van a ahorrar un buen dineral en indemnizaciones. Con suerte, en impuestos no, porque también habrá que subirlos, pero ese es otro artículo.