Los eurobonos ya no son (solo) cuestión de solidaridad

La unión monetaria europea se sostiene sobre una contradicción institucional: la política monetaria está centralizada pero la política fiscal sigue siendo nacional. Quizá en Maastricht fuera lo más conveniente desde el punto de vista político, pero económicamente nunca fue un diseño completo. Por eso tenemos que seguir planteándonos la pregunta de cuánto tiempo va a poder seguir dependiendo el euro de un banco central único y un conjunto de balances soberanos nacionales cuyo riesgo crediticio es diferente en cada crisis. Cuando la moneda es federal, hay ciertos factores como una capacidad fiscal común y la emisión conjunta de deuda que dejan de ser lujos ideológicos para ser la mitad que falta y que la Unión Económica y Monetaria necesita urgentemente.

¿Por qué no se ha hecho?

Ahora bien, los países que tradicionalmente se han opuesto a los eurobonos nunca lo han hecho por mera irracionalidad o mezquindad. El principal obstáculo político de Europa es el miedo a las transferencias persistentes y unidireccionales. Ese es un miedo racional en la política democrática. A los contribuyentes del norte se les pidió que tuvieran en cuenta los argumentos morales a favor de distribuir los riesgos, pero casi nunca los argumentos comerciales o estratégicos que les beneficiaban a ellos. “Aceptad una carga mayor para que otros puedan ponerse a vuestra altura” es una consigna que puede funcionar ocasionalmente, pero no siempre. Si esos Estados no ven un beneficio explícito, la mutualización parece una unión de transferencias encubierta. Un instrumento permanente de deuda común no puede venderse solo como una virtud. Los países a los que se pide que asuman más riesgos contingentes deben ver también unas ventajas claras y que merezcan la pena.

¿Qué ha mutualizado Europa hasta ahora?

Hasta ahora, la experiencia de la UE con la mutualización ha tenido como objetivo la solidaridad. La motivación tradicional de la política de cohesión de la UE es reducir las disparidades regionales, lo que, a su vez, reforzará el mercado único. La razón de ser de NextGenerationEU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la época de la pandemia fue la necesidad urgente de mostrar solidaridad para amortiguar los efectos económicos y sociales de la covid-19 para los más afectados. Los objetivos de convergencia y alivio de la crisis eran, y siguen siendo, legítimos. Con eso ya bastaba en una pandemia. Pero no es suficiente en la era de la fragmentación, la política industrial y la coacción económica.

El nuevo argumento: los bienes públicos europeos, la escala y la protección

Ahora, el razonamiento es distinto y seguramente más sólido, porque está en juego la seguridad de la UE, tanto económica como de otro tipo. El nuevo propósito de la mutualización no es la redistribución, sino alcanzar una escala mayor y desarrollar capacidades para poder disminuir las dependencias problemáticas. Muchos lo han señalado así. El FMI sostiene que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) debería dar prioridad a los bienes públicos de la UE, como la seguridad energética, la atenuación del cambio climático, la defensa y la I+D. Mario Draghi ha calculado que este problema supone una inversión adicional de entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año y ha alegado que varios bienes públicos europeos esenciales —incluidas las grandes innovaciones y las redes transfronterizas— van a necesitar fondos conjuntos. El Eurogrupo ha llegado a una conclusión muy similar: la financiación europea debería centrarse en áreas en las que los bienes públicos se defienden mejor de forma conjunta. La Comisión Europea ya está avanzando en esa dirección con la propuesta del Fondo Europeo de Competitividad y planes más generales de defensa, movilidad militar e interconexiones energéticas. No se trata de solidaridad en el sentido tradicional. Es el intento de Europa de recuperar peso, aumentar la productividad y protegerse en un entorno global más volátil y peligroso.

Si ese es el objetivo, el diseño también debe cambiar. Los países a los que se les pide que asuman un mayor riesgo por el endeudamiento común deberían ser los primeros en obtener beneficios. Es decir, hay que dedicar los ingresos de los eurobonos a bienes públicos europeos genuinos, no al gasto corriente.

Eso significa asignar los fondos en función de criterios competitivos y no geográficos, de modo que el norte industrial sea el principal beneficiario. Y también significa gestionarlos de manera estricta: la deuda común debe financiar activos con efectos económicos cuantificables para toda Europa.

Esta es la única forma de conseguir que la emisión de deuda común sea políticamente viable. No obstante, está por ver si el resto de Europa, es decir, los que se muestran tradicionalmente a favor de los eurobonos, estarían dispuestos a aceptar ese uso y reparto de los eurobonos como condición necesaria para su emisión.

La respuesta debería ser afirmativa por dos motivos. En primer lugar, ellos también podrían endeudarse a menor coste; y, además, se beneficiarían de la provisión de bienes públicos europeos, siempre que estos generen efectos cuantificables a gran escala.

Esta vez, lo que impulsa el debate no es la solidaridad, sino el interés mutuo.