Los indultos, un límite a la batalla cultural de Milei

El antiprogresismo en piloto automático es un ejercicio cotidiano de Javier Milei y las formas de abordar la última dictadura militar tiene uno de sus episodios sensibles. El presidente argentino relativizó el terrorismo de Estado, reclamó por una memoria completa —una que repondría también las narraciones de las Fuerzas Armadas y la de los secuestros y asesinados por las organizaciones armadas— impugnó la cifra de los 30.000 desaparecidos y en los debates presidenciales prometió activar el juzgamiento a los guerrilleros alzados en armas.

Esa paleta revisionista, que no es novedosa, pero vivía en los márgenes de la conversación pública, tiene la potencia del lugar de su nuevo portador: Milei llegó a la presidencia con un 56% de los votos y tiene perspectivas de ser reelecto el año que viene. Aún así sus energías por esa revisión de la década del 70 han sido desplazados por las urgencias de la economía y la política. La revisión se limitó a pequeñas intervenciones en la promocionada batalla cultural y en recortes presupuestarios en el área de Derechos Humanos como parte del achicamiento del Estado. No ha sido receptivo al más ambicioso de los reclamos que le acercaron informal e inorgánicamente los restos del Partido Militar: la posibilidad de una amnistía o indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad.

El presidente que sí decretó los perdones —Carlos Menem (1989-1999)— es el más admirado por Milei desde la recuperación de la democracia por un repertorio que intenta replicar: final de la inflación con la paridad cambiaria en el que uno peso valía un dólar, relaciones carnales con los Estados Unidos y un achicamiento (más gradual) del Estado. Encarcelado por el régimen militar, Menem blandió el argumento de la reconciliación nacional para decretar los indultos, mientras recibía la presión de los militares que se habían levantado en varias oportunidades desde la recuperación de las democracia en 1983.

Milei, expresión de la radicalización de la derecha, no quiere mesas ni fotos de reconciliación de ningún tipo de aquellos bandos en pugna y ni siquiera ensaya las formalidades del diálogo con la oposición política actual. Pero curiosamente en su combate imaginario contra el comunismo o el socialismo ha evitado cualquier tipo de mimesis de ese discurso propio de las Fuerzas Armadas en la década de 1960-1970. Como si el suyo fuese una invención del siglo XXI.

Cuando en 2021 llegó a la Cámara de Diputados, su única compañera de bancada era Victoria Villarruel, hija de militar y consagrada a la defensa de las víctimas de las organizaciones guerrilleras y de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Elegida vicepresidenta, asumió el cargo con la expectativa de controlar las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Desde ese lugar de poder se propuso avanzar con varios de los reclamos de los militares condenados, explorar la posibilidad de detener los juicios por crímenes de lesa humanidad y conseguir algún tipo de amnistía. Pero su temprana ruptura con Milei —el presidente la llama traidora en público y ya no se dirigen la palabra— truncó esa agenda. El reclamo del Partido Militar perdió su más preciado caballo de troya en el Poder Ejecutivo Nacional y se limita ahora a que los condenados puedan cumplir sus condenas en sus domicilios.

En el área de Derechos Humanos, Milei aplicó restricciones presupuestarias englobadas en su eslogan de Estado: No hay plata. En un reciente informe de los organismos de derechos humanos se subraya que, complementario a la idea de la memoria completa, se dispuso la degradación de la secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría con un ajuste presupuestario del 40%, se redujeron las capacidad estatales en los juicios de lesa humanidad y se cerraron o desmantelaron distintos centros y programas y sitios de memoria como parte de un vaciamiento y se designó un general como ministro de Defensa. Pero una aproximación a la estadística oficial, realizada por María José Guembe, abogada especialista en Derechos humanos, muestra que a pesar de esas restricciones los juicios por delitos de lesa humanidad han seguido su curso y ritmo durante la presidencia Milei.

Sus mayores energías de la batalla cultural en el 24 de marzo se han destinadas a piezas audiovisuales bajo el paraguas de la Memoria completa. El portavoz y narrador del corto de 2025, Agustín Laje, contó de una batalla personal que dijo haber librado desde los 15 años en establecimientos educativos donde denunció haber recibido una suerte de Memoria incompleta. Referente intelectual de Milei, responsable de una fundación que apuntala al proyecto libertario y coautor del canónico El libro negro de la nueva izquierda, en los últimos meses su nombre ha quedado adherido al caso Libra porque fue un promotor de la empresa de Mauricio Novelli. No parece ser, en el contexto de zozobra por los avances en la investigación de la criptoestafa, la voz más pertinente para el reclamo de Memoria completa en 2026.

Lejos del indulto y cerca de las piezas audiovisuales y los reels, los límites a la ampliación al revisionismo prometido por Milei son políticos, legales, pero también sociales. La agenda de los derechos humanos es una conquista de la sociedad argentina, en la que los organismos de derechos humanos fueron vitales y sus distintas formas de adscripción o adhesión al kirchnerismo no resintieron decisivamente su consenso social. Contra todos los pronósticos, Milei ha encarado reformas, como la laboral o la quita planes de asistencia a las organizaciones sociales preservando la paz social y rara vez ha retrocedido. En el caso de la memoria completa y su posible traducción en acciones más temerarias ha quedado en una mesura que se le desconoce.