Explicar el acuerdo con Mercosur

Después de haber sido aprobado por la Comisión Europea y el Consejo, y de ser firmado en una ceremonia en Asunción el pasado sábado, el Parlamento Europeo ha congelado el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. El pleno aprobó el miércoles una propuesta para remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE para que valore si cumple con los tratados europeos. El dictamen del TJUE puede demorarse hasta dos años, lo que arroja incertidumbre jurídica y política sobre el futuro de un acuerdo necesario que crearía la mayor área de libre comercio del mundo con 780 millones de ciudadanos y el 20% del PIB global.

La votación es una derrota para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ve así cuestionada su estrategia para diversificar mercados y alianzas geopolíticas al margen de Estados Unidos y China. Se trata además de un claro error de cálculo político, ya que la resolución salió adelante por una ajustada mayoría de apenas 10 votos, donde la nacionalidad de los europarlamentarios pesó más que su afiliación política. La resolución, presentada por un grupo multipartidista liderado por los Verdes y legisladores de grupos de izquierda, fue respaldada por liberales, socialistas y miembros del centroderecha, en su mayoría franceses y polacos, pese a la oposición de los dos grandes partidos (el Partido Popular Europeo y los Socialistas y Demócratas). La votación demuestra que aprobar un acuerdo de este alcance sin el apoyo de Francia es extremadamente complicado y que las dos principales potencias europeas están muy distanciadas en materia de comercio en un momento de especial dificultad geopolítica.

El núcleo de la controversia es un mecanismo incluido en el acuerdo que permitiría a los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) impugnar la legislación de la UE que amenace el acceso al mercado. Los críticos advierten de que esto podría incluir futuras normas de sostenibilidad. En el ánimo de los legisladores ha pesado sin duda las fuertes movilizaciones del sector agrario, que consideran que el pacto pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y somete a los europeos a competencia desleal.

Se abre ahora un interrogante sobre cómo mantener el acuerdo con vida. La Comisión y algunos gobiernos, con Alemania a la cabeza, insisten en que durante las negociaciones se introdujeron reformas en el texto que permitirían su entrada en vigor provisional mientras llega el dictamen del TJUE, por mucho que la norma no escrita es esperar. Pero lo cierto es que el acuerdo con el Mercosur tiene que ser ratificado además por cada uno de los Parlamentos nacionales. Aunque exista una vía legal para hacerlo, la imposición de la entrada en vigor por parte de Bruselas podría agudizar las protestas.

En cambio, la Comisión bien podría utilizar el interín que se abre con la consulta al TJUE para hacer pedagogía sobre las cláusulas introducidas el pasado diciembre en el texto para proteger a los agricultores y ganaderos europeos. Por ejemplo, que se abrirá una investigación si las importaciones de productos agrícolas sensibles (como carne, aves, azúcar, miel, etanol, arroz o cítricos, entre otros) suben un 5% en tres años o los precios caen en el mismo porcentaje. O que hay medidas de salvaguarda cuando existan pruebas creíbles de que las importaciones americanas no cumplen requisitos equivalentes a los de la UE en materia de medio ambiente, bienestar animal, salud, seguridad alimentaria o protección laboral. Europa necesita este acuerdo y la Comisión tiene mucho trabajo por hacer.