La Comisión y las capitales deberán decidir si aplican ya el pacto con Mercosur pese al varapalo de la Eurocámara

A pesar del varapalo político que ha recibido el acuerdo comercial con Mercosur en el Parlamento Europeo, la decisión de que entre en vigor de forma provisional todavía está abierta. Depende de la Comisión y de los Estados miembros. La primera tiene la potestad de pedirlo y el Consejo de la UE debe aprobarlo por mayoría cualificada, la misma mecánica por la que se consintió la firma del pacto el pasado sábado. Sería una aplicación interina que se tendría que consolidar si el Parlamento Europeo, una vez el TJUE le aclare las dudas jurídicas que le ha planteado, lo aprueba.

Pero lo que es posible jurídicamente puede suponer un grave problema político. Porque, como ha recordado la Comisión Europea al comentar el voto del Parlamento, la fórmula legal empleada para tramitar la ratificación de este acuerdo es la misma que se empleó con el alcanzado con Chile. Y, en este caso, no hubo dudas jurídicas en la Eurocámara. Es decir, del resultado de esta votación puede concluirse que la oposición entre los eurodiputados no tiene tanto una motivación legal como política. Una maniobra de “dilación” para postergar más aún un acuerdo que ha tardado 26 años en cerrarse, como han dicho también legisladores europeos de diverso signo molestos por el voto. Por eso, también el Ejecutivo de la Unión ha anunciado en el mismo comunicado que “consultará con el Consejo y los diputados del Parlamento Europeo antes de decidir los próximos pasos a seguir”.

La decisión de si se aplica inmediatamente —previa aprobación de los países de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— será política. Y ahí habrá, de nuevo, una batalla grande. “Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, exigió con dureza el canciller alemán, Friedrich Merz, nada más conocerse el resultado de la votación. Esto es posible. La Comisión Europea puede pedirle al Consejo de la UE, es decir, a los Estados miembros, que aprueben la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial sin el pronunciamiento del Parlamento, explica la jurista Eva Poptcheva, exparlamentaria liberal. Sus conclusiones coinciden con las del profesor de Derecho Europeo, Alberto Alemanno.

Pero el argumento jurídico no convence a París: “Francia asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón”, celebró el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, nada más conocerse el resultado de la votación en el Parlamento. Para arrojar pistas de lo que podría pasar en el Consejo de la UE si la Comisión decide pedir a las capitales la entrada en vigor provisional, está lo sucedido el 9 de enero, cuando salió adelante por mayoría cualificada el permiso para que la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, firmaran el principio de acuerdo alcanzado hace más de un año.

La división acerca de qué hacer también llega a la Eurocámara, incluso entre los partidarios del pacto. El PP europeo, pese a contar con una treintena de miembros díscolos, es partidario decidido de no esperar a la decisión de la Eurocámara. Lo dejó claro el sueco Jörgen Warborn, portavoz de este grupo en la comisión de Comercio: “Debería aplicarse provisionalmente porque puede tardar dos, tres o más años [a que llegue la decisión de los jueces, más el trámite parlamentario posterior]. Nuestros socios ya están muy muy impacientes. Yo, también. No va contra el acuerdo que se aplique provisionalmente”, señaló en la rueda de prensa tras la votación.

Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), la española Iratxe García, que también intentó evitar el éxito de la moción finalmente aprobada, ha indicado que aunque el resultado de la votación “no es bueno”, su grupo la “respeta” y “esperará” a que el TJUE se pronuncie para proceder con el proceso de ratificación parlamentaria. Pero, a la par, ha dejado la puerta abierta a que se proceda con una decisión política: “Reconocemos que el Consejo y la Comisión tienen ahora las prerrogativas para la aplicación provisional del acuerdo de conformidad con los Tratados”, señala al respecto.

Mucho más cauto es Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara, también partidario del pacto comercial. Este veterano socialdemócrata alemán tachó el resultado de la votación de este miércoles de “absoluta irresponsabilidad”, pero también recordó que los últimos cuatro comisarios de Comercio de la Comisión Europea se habían comprometido con la Eurocámara a que el pacto no entraría en vigor sin su consentimiento. “No es una decisión que se tenga que tomar con prisas”, tranquilizó, recordando que hay países de Mercosur, como Brasil, en los que el proceso de ratificación puede tardar un año.

También Ignacio García-Bercero, ex alto cargo del departamento de Comercio de la Comisión Europea e investigador de Bruegel, apuesta por la prudencia e, incluso, por esperar a que el Parlamento complete su proceso. “Hay una tradición asentada de que los acuerdos comerciales no entren en vigor provisionalmente sin el consentimiento del Parlamento”, apunta, recordando que solo con el Reino Unido y el Brexit, por una cuestión de plazos, y recientemente con Marruecos, se ha quebrado esta regla no escrita. “Se puede hacer legalmente, pero yo recomendaría no hacerlo”, apunta, aconsejando a continuación que se busquen fórmulas para acelerar la decisión de los tribunales.

La reflexión de García-Bercero se basa, primero, en que una entrada en vigor sin esperar al Parlamento podría provocar una reacción de rechazo mayor entre los eurodiputados. Y después en el mensaje que puede darse a los socios, por aplicar un pacto que, luego, puede verse cuestionado en los tribunales. Los defensores de saltarse al Parlamento y decidir una aplicación provisional rápida replican, por su parte, que se está jugando peligrosamente con la paciencia de unos socios transatlánticos que llevan ya muchos años esperando el sí europeo y aceptando sus constantes demandas de más garantías.

Aunque todavía es pronto para saber cuánto tiempo necesita el TJUE, los antecedentes más recientes de demandas de este tipo apuntan a más de un año. Las tres últimas se han resuelto en 16, 19 y 26 meses, apuntan fuentes del Tribunal.

No obstante, el demorar más la creación, siquiera provisional, de la creación de una gran zona de libre comercio con más de 700 millones de consumidores, supone dinero. Las negociaciones se han prolongado durante más de 25 años. Hubo un primer principio de acuerdo en 2019, pero aquel pacto se acogió con mucha frialdad en las instituciones europeas. Después se renegoció durante cinco años más. Según los cálculos del Centro Europeo para la Política Económica Internacional (ECIPE, por sus siglas en inglés), los retrasos en la aplicación del pacto cuestan miles de millones de euros en exportaciones. En los cinco años que han pasado entre la firma del primer principio de acuerdo y el segundo, el coste habría sido de unos 183.000 millones, a razón de 3.000 millones al mes. Una actualización de esa cifra elevaría el coste a 280.000 millones si tardara tres años más en entrar en vigor.