Debemos acabar con la compra especulativa y prorrogar los alquileres para defender el derecho a la vivienda

El objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad. Desde los cinco ministerios de los que formamos parte trabajamos por ello cada día. Defendiendo los derechos laborales, los servicios públicos, la universalidad de los derechos y la justicia social. La vivienda es hoy la gran máquina de producir desigualdad en nuestro país. Por eso, los avances en esta materia son el gran reto de la legislatura. Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances.

La transformación de la vivienda en un activo financiero ha roto su función fundamental y ha violentado los principios de nuestra Constitución, de forma muy especial el artículo 47. En los 50 años de nuestra democracia, ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario. Así, hemos vivido varias burbujas inmobiliarias, una política pública que ha vendido cientos de miles de viviendas que debían seguir siendo públicas, cesiones continuas de suelo, la venta de vivienda social a fondos buitre y una falta de control sobre los precios, la vivienda turística y el alquiler de temporada.

Frente a esta problemática, la política seguida hasta ahora, una vez más esta misma semana, es la de los regalos fiscales. Una política ineficaz y profundamente injusta, que le da derechos solo a la parte propietaria y deja desamparada la inquilina. Con este movimiento, el PSOE reconoce la necesidad de tomar medidas, pero se equivoca profundamente en la solución que plantea. Esta política es un error profundo y no vamos a aceptarla.

Sabemos que este problema no es solo de nuestro país, pero eso no puede servir de excusa para no actuar. Tampoco puede ignorarse la alianza entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular y la especulación inmobiliaria. La ley de vivienda no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo. Conocer esta realidad no debe paralizarnos: al contrario, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión.

Hay mucho que se puede hacer. El pasado mes de octubre presentamos un conjunto de medidas mínimas para afrontar la especulación, que está expulsando a cientos de miles de familias de sus casas.

Hoy queremos destacar algunas herramientas imprescindibles y de aplicación inmediata para garantizar los derechos de la mayoría social.

Debemos prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer ya. Con los datos de los que disponemos gracias a los informes del Ministerio de Consumo y Agenda 2030, este año 2026 se verán amenazados 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas. Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad. Una medida constitucional para detener las subidas y dar un respiro a cientos de miles de familias.

La segunda medida también es de puro sentido común: poner fin a la compra y tenencia de viviendas con fines especulativos. Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios. Esta práctica es insostenible: estamos permitiendo que el país deje de ser de quienes viven y trabajan en él para convertirse en una aspiradora de dinero hacia grandes fondos internacionales.

Y de forma complementaria a estas dos medidas urgentes, necesitamos reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual para acercar nuestro parque público a la media europea.

Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo. La historia lo demuestra: si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos.

El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando.