Dos millones de españoles

Los consulados españoles en América Latina y algunos Estados norteamericanos con fuerte presencia hispana se encuentran saturados por la avalancha de peticiones de nacionalización de descendientes de exiliados españoles, en virtud de la oferta que España les hizo en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. El plazo para presentar solicitudes acabó el pasado 21 de octubre y hasta entonces se habían presentado un millón. Pero la demanda ha sido tal, especialmente en los últimos meses, que 1,3 millones de solicitudes más han pedido cita y todavía no han conseguido presentar los papeles porque no hay medios para atenderlos a tiempo. Eso ha obligado a reinterpretar la letra de la ley y aceptar como válidas las solicitudes que hayan pedido cita antes de la fecha límite, aunque aún no hayan podido acceder a la ventanilla consular. Ante esta situación, existe el temor de que algunos solicitantes podrían esperar décadas antes de ver reconocido su derecho. Es el momento de que España haga un esfuerzo claro y tramite con celeridad este caudal de esperanza.

La Ley de Memoria Democrática, en un acierto histórico, reconocía la nacionalidad española a aquellos “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Es decir, a los descendientes de los cientos de miles de españoles expulsados de su país por la Guerra Civil y la represión franquista, además de otros casos particulares.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hizo público el 19 de septiembre que se habían presentado 876.321 solicitudes hasta entonces en los consulados y en ese momento se había concedido la nacionalidad ya a casi 240.000 personas. Faltaba un mes para la finalización del plazo. La revelación en diciembre de que 1,3 millones de personas están pendientes no ya del trámite burocrático, sino de hacer efectiva su cita en un consulado español, procede del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), un órgano consultivo que representa a los más de tres millones de españoles que residen en el extranjero. Es decir, el número total de peticiones ronda los 2,3 millones. La situación más difícil en esta saturación consular se da en Argentina, país que acapara el 40% de las solicitudes, casi 800.000 entre Buenos Aires y Córdoba. Los siguientes con más solicitudes son Ciudad de México, La Habana, São Paulo, Miami y Caracas.

De los casos ya resueltos se ha denegado la nacionalidad a un 2%, según estos datos. Esto revela que hay una inmensa mayoría de peticiones legítimas en virtud de la promesa legal hecha por España. El reconocimiento de las peticiones de cita hechas antes de la fecha límite es un alivio, pero no oculta el hecho de que el problema subsiste. Más aún cuando las cifras de la primavera pasada ya revelaban que algunas solicitudes acumulaban año y medio sin respuesta.

El Servicio Exterior español ha hecho un trabajo denodado que merece el aplauso de todos y que ahora requiere un refuerzo para hacer frente a este océano de peticiones. Aparte del pico de trabajo actual, también hay que tener en cuenta que cuando la población española en el extranjero pase de unos tres millones de personas a cinco empezará a hacer trámites ordinarios en esos consulados. El Gobierno debe aprovechar esta oportunidad y, tras haber tendido los brazos a tantos olvidados, ampliar lo antes posible los efectivos diplomáticos en el exterior.