Reformar y reforzar las pensiones

La OCDE ha puesto esta semana sobre la mesa una de las cuestiones que más atención debería concitar en el debate público. Para 2050, España será el país que más gasto destine a pensiones con respecto al PIB, un 17,3%, casi cuatro puntos más que en la actualidad y muy por encima de la media de los países desarrollados (10%). No se trata de una profecía catastrofista, sino de aritmética demográfica, en la que convergen una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo (84 años) y —fruto de la baja natalidad— un descenso previsto de la población activa del 30% en tres décadas. Para entonces, en España habrá tres jubilados por cada cuatro personas en edad de trabajar. A la caída del número de cotizantes hay que sumarle la precariedad salarial, que agrava la brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones.

El sistema de pensiones ha sido durante décadas uno de los mayores logros de nuestro Estado de bienestar y hoy un jubilado con salario medio y carrera laboral completa recibe aproximadamente un 80% de los ingresos que percibía cuando estaba activo, una de las proporciones más generosas de la OCDE, que de media se sitúa en el 63,2%. Esta protección ha garantizado un retiro digno a millones de personas mayores y ha sido un colchón social indispensable, especialmente en momentos de dificultad económica como la crisis financiera, donde las pensiones permitieron la supervivencia de muchas familias. Ayer, precisamente, conocimos el dato adelantado de la inflación de noviembre, el que sirve de referencia para calcular la subida de las pensiones del año siguiente, y que confirma que las prestaciones de los más de nueve millones de jubilados españoles crecerán un 2,7% en 2026 para asegurar su poder adquisitivo.

El Gobierno matiza que los cálculos de la OCDE no recogen las mejoras de crecimiento de la economía, ni las proyecciones de flujos migratorios o todo el impacto de las últimas reformas adoptadas, como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años o los incentivos para prolongar de forma voluntaria la actividad. Aunque fuera así y se cumplieran las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social, la tendencia es incontestable. El Ejecutivo considera que no es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de este pilar fundamental del Estado del bienestar. Sin embargo, los informes de la propia OCDE, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la Comisión Europea coinciden en que sin reformas complementarias la financiación de las pensiones podría requerir mayores transferencias del Estado, con el consiguiente riesgo de recortes en otras áreas.

Ese es un factor no menor y no solo por su impacto sobre el crecimiento. Las encuestas revelan una paulatina desafección de los jóvenes hacia la democracia como consecuencia de un sistema que les ofrece bajos salarios y les impide desarrollar un proyecto autónomo de vida. Para evitar el agravio entre generaciones, es necesario que el Estado de bienestar funcione para todos. El informe de la OCDE es un espejo incómodo que interpela a la mayoría de los países de nuestro entorno. Las reformas planteadas en Francia provocaron una contestación social tan profunda que ha forzado a suspender temporalmente los cambios. Las juventudes del partido del canciller Merz han cuestionado la reforma planteada por su Gobierno. No es fácil, pero es imprescindible abordar medidas que aseguren a los pensionistas de 2050 que el sistema estará ahí para ellos y evitar en el futuro ajustes traumáticos.