Triunfo del matrimonio igualitario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado un gran avance en el reconocimiento y protección del colectivo LGTBIQ+ al sentenciar que todos los Estados miembros tienen la obligación de reconocer legalmente el matrimonio homosexual contraído por dos ciudadanos de la Unión en otro Estado miembro. El fallo, hecho público el pasado martes, responde a una cuestión prejudicial planteada hace dos años por un alto tribunal polaco, al que recurrieron dos ciudadanos de ese país, uno de los cuales posee también la nacionalidad alemana. La pareja se casó en Berlín en 2018 y cuando al año siguiente quisieron trasladarse a Polonia a vivir, el Registro Civil polaco denegó la inscripción de su enlace. Polonia no reconoce el matrimonio igualitario.

El tribunal sanciona que no reconocer una boda homosexual celebrada en otro Estado miembro viola derechos básicos reconocidos tanto por el Tratado de Funcionamiento de la UE como por su Carta de los Derechos Fundamentales: la libertad de circulación y de residencia, y el respeto a la vida privada y familiar. El veredicto recalca que la negativa de uno de los Veintisiete a reconocer el matrimonio en otro de ellos de dos ciudadanos del mismo sexo “entraña un riesgo concreto” de que cuando regresen a su país de origen se vea gravemente obstaculizada su vida familiar, por ejemplo, por problemas burocráticos. La obligación de dicho reconocimiento, además, no atenta contra la identidad nacional —una de las excusas de la derecha homófoba para atacar los derechos del colectivo— ni amenaza el orden público del país de origen de los cónyuges, pues no implica que este tenga la obligación de legalizar el matrimonio igualitario.

El avance del matrimonio homosexual ha sido en todo el mundo la historia de una costosa conquista democrática para abrir espacios de libertad personal y social y dar a las minorías los mismos derechos de los que disfrutan las mayorías y con igual protección legal y amparo institucional. Queda todavía mucho por avanzar en ese terreno. Solo 38 de los 193 miembros de la ONU permiten el matrimonio igualitario —16 de ellos en la UE— o las uniones civiles entre personas del mismo sexo —siete en la Unión—. Pese a que la Carta de los Derechos Fundamentales europea establece explícitamente que está prohibida cualquier discriminación por razón de sexo u orientación sexual, cuatro socios (Bulgaria, Eslovaquia, Rumania y Polonia) no reconocen en sus ordenamientos legales ni las bodas ni las uniones entre personas del mismo sexo.

Los tiempos de la justicia son más lentos que los de la sociedad, pero la relevancia de esta sentencia radica también en que ratifica valores esenciales de la Unión cuando en su seno está avanzando, al igual que en otros lugares del mundo, la agenda reaccionaria contra los derechos de las personas LGTBIQ+. La Hungría de Viktor Orbán o la Eslovaquia de Robert Fico son destacados ejemplos de este populismo homófobo. La discriminación por orientación sexual va contra conceptos esenciales de cualquier democracia y, por ello, de la UE.

Esto no estaba tan claro cuando hace 20 años España se convirtió en el tercer país del mundo (y de Europa) en legalizar el matrimonio homosexual. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo entonces en el Congreso que “una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros”. Hoy ese principio se puede extender a toda la UE, independientemente de la ideología de sus gobiernos.