La Comisión Europea quiere debilitar la protección de datos

La ley europea de protección de datos no ha cumplido diez años y ya está en peligro de extinción. Una filtración ha revelado que la Comisión Europea lleva semanas preparando un “paquete digital de simplificación” para suavizar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y retrasar partes clave de la Ley de Inteligencia Artificial. Llegará en forma de una ley ómnibus, un paquete legislativo acelerado que agrupa múltiples cambios legales y que se tramita por un procedimiento especial que reduce o elimina pasos habituales del proceso legislativo europeo. Su función principal es aprobar modificaciones rápidamente, sin el escrutinio completo que debería tener una reforma normal.

La ley ómnibus es un butronazo: permite etiquetar cambios profundos como simples —reduciendo los pasos habituales de revisión—, evita consultas públicas extensas, puede saltarse la evaluación de impacto, y limita la intervención de servicios jurídicos internos, acortando el tiempo de debate tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. El argumento principal es que Europa se queda atrás frente a Estados Unidos y China en el desarrollo de las tecnologías clave de nuestro tiempo porque su regulación es demasiado estricta, demasiado utópica, y tapona la emergencia de proyectos y empresas competitivas que naufragan bajo las restricciones de la Unión. Que es como decir que la abolición de la esclavitud ha frenado los grandes proyectos faraónicos: técnicamente verdad, y democráticamente absurdo.

La reforma está liderada por Ursula von der Leyen, que ve a Estados Unidos como “uno de los socios más cercanos” de la UE. Se ampara en el famoso informe Draghi, en el que el exprimer ministro italiano argumenta que la aplicación del RGPD penaliza a las empresas europeas, elevando el “coste del dato” frente a la libertad de sus competidores estadounidenses. Draghi argumentaba que la falta de acceso a la clase de datos masivos que constituyen el alimento principal de los modelos de IA generativa no son el único obstáculo para una industria europea competitiva. Las empresas se ven obligadas a invertir muchos recursos en entender y cumplir con reglas en lugar de centrarse en crecer o desarrollar tecnologías. El borrador propone renunciar a la protección especial de la que ha disfrutado hasta ahora el ciudadano europeo. Según NOYB, la organización europea de defensa de la privacidad fundada en 2017 por el activista austriaco Max Schrems, el borrador favorecería principalmente a las grandes plataformas como Google, Meta, Amazon y OpenAI.

“La propuesta no solo es extrema, sino también redactada de forma muy deficiente”, ha declarado Schrems. “No está ayudando a las pequeñas empresas, como se prometió, sino que una vez más beneficia principalmente a las big tech”. El cambio principal sería una redefinición del concepto de “datos personales”, relajando protecciones clave para ofrecer una mayor flexibilidad en la extracción y el uso de datos –incluidos los personales, médicos y biométricos— para el desarrollo y entrenamiento de modelos autóctonos de inteligencia artificial. En cuanto a la Ley de Servicios Digitales, se propone aplazar hasta 2027 las normas más estrictas sobre usos de “alto riesgo”. Irónicamente, la maniobra recuerda a los elaborados intentos de la misma Comisión Europea de reforzar los excesos de la Ley de Propiedad Intelectual en tiempos de Napster. Pronto veremos si la UE está alineada con los derechos de los ciudadanos o los intereses de las big tech.