Abierta la veda contra las televisiones públicas

Trump no ha sido el primero ni será el último político que ha atacado a la BBC. Antes, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron o Boris Johnson se quejaron también de sus informaciones imparciales —y contrastadas— que desvelaban las flaquezas o errores del Poder. Y cuando la BBC se equivocó, admitió sus errores e hizo propósito de enmienda. En el caso de Trump, ya han dimitido el director general y la jefa de informativos de la Corporación, lo que no es poco. Así funciona un medio de comunicación honesto, pero que admite no ser infalible al cien por cien.

Detrás de los grandes titulares de estos días hay una realidad evidente y preocupante: una campaña concertada en todo Occidente para acabar con el prestigio de los medios audiovisuales públicos, acusados de tener un sesgo “izquierdista” o “liberal” en un mundo cada vez más conservador, polarizado y poco amante de los matices. Un mundo que cada vez valora menos la información seria, reflexiva, analítica e independiente de unos y otros. Un mundo en el que un ciudadano informado y crítico es incómodo y en el que el periodista no puede ser “neutro”. “O informas bien de mí, o eres mi enemigo”: es la escuela de Donald Trump. Así, al atacar a la BBC por un error de edición en un programa concreto y realizado, además, por un equipo externo a la Casa, Trump está, sobre todo, echando una mano a su colega Nigel Farage, líder del ultraderechista Reform Party. Farage (gran defensor del Brexit y ahora en buena racha) lleva años atacando a la radiotelevisión pública británica porque esta denuncia constantemente sus mentiras y sus incongruencias. Por si había alguna duda, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la voz de su Amo, ha definido a la BBC como “una máquina de propaganda izquierdista con un 100% de fake news”.

Este conglomerado de ideología conservadora y ultraconservadora tiene un objetivo muy concreto: cuestionar y reducir al mínimo la financiación estatal de los medios públicos, reducirla al mínimo, para que se pierda audiencia, calidad y presencia hasta llegar a la irrelevancia. Es un ataque a la libertad de prensa ante el que, una vez más, la Unión Europea no está haciendo lo suficiente. Lo hemos visto ya en los Estados Unidos y va a extenderse aquí si no espabilamos.

En Francia, hace dos años, el presidente Emmanuel Macron cumplió una de sus promesas electorales: eliminar el impuesto que financiaba las radiotelevisiones públicas (138 euros anuales). Ahora el dinero viene directamente de los Presupuestos Generales. El Tribunal de Cuentas francés, hace apenas dos meses, anunciaba que la situación financiera de France Télévisions se había “degradado muchísimo” —a pesar de contar con un presupuesto de 2.506 millones de euros— y que era urgente realizar reformas y recortar el presupuesto en unos 70 millones el año próximo. Los conservadores franceses, con la ministra de Cultura, Rachida Dati, al frente, consideran todos esos millones un dispendio, piden más control estatal, especialmente sobre periodistas expertos en descubrir trapos sucios, y se reagrupan en torno el magnate Vincent Bolloré, amigo de Sarkozy. Bolloré domina en el mundo de los medios y la publicidad, y cuenta con un canal de televisión propio, CNews, que es el equivalente de la Fox News estadounidense y en el que comparecen a menudo ministros de Macron para contrarrestar la ofensiva pro Marine Le Pen.

En Alemania siempre hay polémicas en torno al canon que se debe pagar para el sostenimiento de las radiotelevisiones públicas. Cuarenta millones de hogares pagan 18,36 euros mensuales, lo que el año pasado sumó más de 8.600 millones de euros. La oferta de programación es enorme, y la credibilidad, aunque ha descendido, sigue siendo alta: el 67% de los alemanes siguen considerando las dos cadenas de televisión, ARD y ZDF, como algo irrenunciable. El canon no corre peligro, para disgusto de los ultras de Alternativa para Alemania, porque el Tribunal Constitucional considera que el Ente público es fundamental para la libertad de expresión y la democracia. Otra cosa es que la programación sea a gusto de todos, que atraiga (o no) a los más jóvenes y que tenga en cuenta (o no) a todo el espectro ideológico del país, incluso a aquellos que se sienten decepcionados con el sistema democrático.

Ese es el gran reto: demostrar que la información de calidad es necesaria, que cuesta dinero, que los periodistas pueden y deben ser independientes, y que esto es seguramente más sencillo en una radiotelevisión pública en la que los despidos fulminantes no están a la orden del día si uno discrepa con la línea editorial. La BBC ha cumplido ya 103 años con un lema: “informar, educar y entretener”. En los tiempos actuales parece que ese orden se ha alterado y que entretener es más importante que todo lo demás. Un programa banal es mucho menos demandable ante tribunales que otro con una denuncia o irregularidad con datos verificados y verificables. La BBC ha sido y debe seguir siendo el modelo a seguir, y, una vez abierta la veda, los ataques de los energúmenos no pueden sino reafirmarnos en la convicción de que la lucha por el mantenimiento de unos medios públicos independientes, bien gestionados y bien financiados, es también la lucha por la defensa de la democracia.