La doble moral de la sanidad madrileña

Soy médico y trabajo en el sistema sanitario público. Nunca he entendido la posibilidad de objeción de conciencia en una prestación para el paciente avalada por la ley y financiada por nuestro sistema de salud. Debe prevalecer el derecho del paciente a recibir la prestación. El médico, evidentemente, debe poder objetar y no realizar ningún acto médico que vaya en contra de su ética, pero en ese caso no debería poder trabajar en el sistema público. Y por cierto, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el Colegio Oficial de Médicos de Madrid rechazan el registro de objetores al aborto. No he visto la misma actitud con el registro de objetores a la eutanasia.

Javier Esteban Fernández. Madrid

El laberinto consular

Poco hablamos del laberinto de la burocracia internacional, de lo difícil que es realizar trámites en consulados o embajadas. Tengo que responder a un requerimiento con plazo, necesito la legalización de un documento. Voy a una web del consulado, me indican unas reglas claras, concisas y napoleónicas sobre cómo lo debo pedir (solo una vez, a un correo, solo una cita, todos los datos…). Me contesta un mensaje automático: la próxima cita es el 23 de noviembre. Para entonces, se me habrá pasado el plazo, tendré que obtener todos los documentos de nuevo y eso supondrá una pérdida económica importante. Contesto al correo; no, no hay nadie ahí detrás. Es curioso que tengamos tan normalizado que servicios públicos en los que se invierten cantidades ingentes de nuestros impuestos funcionen de forma tan impersonal, inhumana e ineficiente. ¿Tan difícil es que el sistema atienda a sus propios contribuyentes en vez de ponerles trabas sistemáticamente? El “Vuelva usted mañana”, tan de Larra, tan vigente.

Marina Guillén Gil. Ojén (Málaga)

Justicia y derroche

El juez Juan Carlos Peinado tuvo que dejar de investigar la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por orden de la Audiencia de Madrid, que no apreció ningún indicio. La Audiencia de Madrid desimputó a Joaquín Goyache y a Juan José Güemes por falta de fundamentos para imputarlos. El Tribunal Supremo no aceptó la imputación del ministro de Justicia. La Audiencia acaba de decirle no en lo relativo a abrir un segundo juicio por malversación. ¿Cuántas horas de trabajo ha malgastado el juez en causas sin relevancia alguna? ¿Acaso esto no representa un derroche de recursos públicos que pagamos todos los contribuyentes? ¿No habría sido preferible dedicar ese tiempo a los casos que, por su negligencia en los plazos, terminaron archivados sin resolución?

Alfonso López Luciarte. Renedo de Piélagos (Cantabria)