Saber estar

La apertura del año judicial, que hoy preside el Rey, no será una representación de respeto entre las altas instituciones del Estado por encima de las personas que las ocupan, sino todo lo contrario. Lamentablemente, el acto anual más importante del Poder Judicial será un ejemplo más de las dinámicas que contribuyen al deterioro institucional en España y que dejan al ciudadano con la sensación de que el tacticismo de los partidos se ha vuelto tan extremo que ha eliminado cualquier espacio no ya de diálogo, sino de cortesía.

Si algo podía aliviar la tensión entre política y justicia era la celebración respetuosa del acto de hoy, como todos los años. Pero la crispación la ha ahondado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición, que sí acudió en ocasiones anteriores, rehusó la invitación nada más recibirla. Simplemente, no quiere estar en la misma sala que el ministro de Justicia y un fiscal general procesado. Se ausenta así de una ceremonia solemne presidida por el Rey. Es un error en alguien que aspira a La Moncloa y que debería aplicar el sentido de Estado en una fecha tan señalada. El mandatario popular tiene todo el derecho a criticar el deterioro institucional, pero su plante no hace más que agitar la bronca política.

La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es ajena a este deterioro. Es la primera vez en democracia que el fiscal general está al tiempo procesado en un juicio. No faltan razones para cuestionar la causa contra García Ortiz, y esas dudas son las que le han llevado a no dimitir pese a que tal negativa somete a la institución que representa a una tensión difícil de compatibilizar con el ejercicio pleno de sus funciones. Sin embargo, mientras no dimita, García Ortiz es el fiscal general de España, y este viernes está obligado legalmente a presentar la memoria de la Fiscalía ante el Rey y ante el mismo Tribunal Supremo encargado de juzgarlo.

La causa contra García Ortiz tiene su origen en una denuncia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El PP se aferra a esa denuncia para cobrarse la cabeza del fiscal como si fuera un miembro del Gobierno. El Ejecutivo y el PSOE, por su parte, han defendido a García Ortiz como si efectivamente lo fuera. Se transmite así a la ciudadanía la impresión de que todo forma parte de un juego político en busca de una victoria partidista. Sensación a la que también contribuyen excesos como los cometidos por el juez Juan Carlos Peinado en su instrucción del caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tan evidentes que han tenido que ser corregidos por instancias judiciales superiores. Para reforzar esta idea, los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP reclaman que el fiscal general del Estado no intervenga en el acto de hoy a pesar de que la ley le obliga a hacerlo.

Una democracia no es solo la ley. Es también el respeto a los cargos públicos y cierto decoro en la legítima lucha política. En actos como el de hoy, se celebran las instituciones, no a quienes las ocupan. Y mucho menos, al Gobierno. Si bien es cierto que de un fiscal general se espera que sea consciente de lo que implica mantenerse en el cargo estando con un pie en el banquillo de los acusados, al dirigente de un partido de Estado se le pide que, sin dejar de denunciar aquello que considere denunciable, contribuya a solucionar los problemas, no a agudizarlos.