Crisis política permanente en Perú

Perú lleva años sumido en una emergencia política permanente, y cada crisis no hace sino evidenciar la inestabilidad institucional del país andino. La dimisión del primer ministro el pasado martes abrió una nueva vía de agua en el Gobierno de Dina Boluarte. Gustavo Adrianzén, un veterano abogado que ya había sido titular de Justicia con Ollanta Humala, renunció a su cargo para evitar una casi segura destitución en el Congreso, donde afrontaba cuatro mociones de censura. En esta ocasión, la salida, acompañada de una remodelación cosmética del Ejecutivo, no tuvo que ver directamente con un escándalo de corrupción, sino con la mala gestión y el aumento de la inseguridad.

El secuestro de 13 mineros —despreciado por el primer ministro hasta que se halló asesinadas a las víctimas— fue la gota que colmó el vaso. La indignación ciudadana cunde por todo el país por los casos de violencia. En la región del norte, la popularidad de Boluarte se desplomó hasta el 0%, según la última encuesta de Ipsos. Sin embargo, la presidenta trata de aparentar normalidad y el miércoles tomó juramento a su nuevo Gabinete mientras trabajadores y estudiantes se sumaban a un nuevo paro nacional convocado para rechazar las extorsiones criminales que asfixian Lima.

Los sectores profesionales y sociales reclamaban a la mandataria un giro significativo en el Gabinete para hacer frente al crimen organizado, pero el resultado de la renovación ha sido otro Gobierno de viejas caras conocidas. El nuevo primer ministro será el extitular de Justicia, Eduardo Arana. En dos años y medio de mandato, Boluarte ha tenido cuatro jefes del Ejecutivo y ha designado a 66 ministros. La caída en picado de su popularidad, que se originó al poco de asumir el cargo por la brutal represión de las protestas, no ha llevado en ningún momento a la gobernante a retomar la iniciativa o a impulsar reformas de calado.

Todos los expresidentes electos y vivos de Perú están en la cárcel o han sido investigados por corrupción. El último en entrar en prisión fue Humala, condenado a 15 años por recibir durante su mandato (2011-2016) financiación ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y del chavismo. En el penal de Barbadillo es vecino de celda de los exmandatarios Alejandro Toledo y de Pedro Castillo, que intentó un autogolpe en diciembre de 2022 y cuya destitución permitió el ascenso de Boluarte, entonces vicepresidenta.

La presidenta anunció en marzo la convocatoria de elecciones, postergadas en repetidas ocasiones a pesar de la apremiante demanda social, para abril de 2026. Su argumento es el deseo de “poner fin al periodo de inestabilidad” que ella misma ha contribuido a ahondar. La única manera de afrontar la descomposición del sistema político en Perú pasa por una renovación profunda de sus cargos y de las estructuras de la República. Las últimas décadas han demostrado que los actuales equilibrios de poder contribuyen a perpetuar un modelo institucional fallido.