Torturas en un centro de menores

Una jueza de Calatayud envió el viernes a prisión al director y a cuatro trabajadores de un centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca acusados de torturas y delitos contra la integridad de varios adolescentes. Los cinco implicados habían sido detenidos el día anterior por la Guardia Civil, que investigaba los hechos desde comienzos de julio tras la denuncia de la madre de un menor acogido. Los arrestados han negado las acusaciones y cuentan, obviamente, con la presunción de inocencia en un caso que aún está bajo investigación. Pero la jueza ha dado completa credibilidad al relato del menor cuya madre interpuso la denuncia inicial y de otros internos, hasta el punto de ordenar prisión sin fianza contra los cinco detenidos y cerrar el centro.

El auto de la instructora y los testimonios recabados componen un escalofriante catálogo de vejaciones a los menores —incluidas humillaciones, castigos corporales y supuestas agresiones sexuales— y de irregularidades del director de las instalaciones. Este responsable desoyó las denuncias de los abusos que le hizo llegar la coordinadora de los educadores, quien dimitió por la situación creada. El centro, que funciona desde hace siete años, es de titularidad privada, pero mantiene un concierto con el Gobierno de Aragón para alojar a 20 menores tutelados. En manos del Ejecutivo autónomo está revisar en profundidad lo ocurrido y analizar si podían haberse evitado hechos de esta gravedad. Responsables de la firma dueña de las instalaciones también habían sido informados de las posibles irregularidades y no mostraron interés a la altura del alcance de unos supuestos abusos, que al final solo han sido conocidos por la investigación judicial.

La salud de una sociedad y sus instituciones se mide, entre otras cosas, por cómo tratan a los más necesitados de ayuda, entre ellos los menores que presentan conductas disociales y con escaso o nulo apoyo familiar. Las administraciones no pueden excusarse en la titularidad o gestión privada de muchos de estos centros para ceder en sus responsabilidades. Por conflictiva que sea la conducta de un menor —y resulta comprensible que pueda plantear problemas a sus educadores— las medidas coercitivas nunca son la única solución, y menos aún la violencia por sistema. No está de más recordar que la ley determina que las medidas de seguridad que deban aplicarse a los menores en los centros de protección se llevarán a cabo con el respeto debido a su dignidad, privacidad y derechos. Todo indica que no ha sido así en el caso de Ateca.

Sin ser por supuesto un patrón de actuación, no es el de Ateca el primer caso que sale a la luz de supuesto malos tratos a menores tutelados en centros de protección. Un solo caso ya sería suficientemente grave y obliga a todos, pero en especial a las instituciones concernidas, a poner todo de su mano para evitar esa ignominia.