El caso Oltra o la perversión de la justicia

“Me voy con la cara bien alta y los dientes muy apretados porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país”. Fueron las amargas palabras con las que, con voz entrecortada, Mónica Oltra anunció en junio de 2022 que dimitía como vicepresidenta del Gobierno valenciano y se apartaba de la política. Se vio forzada a hacerlo por la escandalera que armó la derecha al ser imputada, junto con 14 cargos de su departamento, por supuestas maniobras para encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Y también por las presiones del Partido Socialista. Dos años después, ha sido completamente exonerada. Pero su carrera, y su ánimo, quedaron destrozados.

En su despedida citó otros casos de imputaciones falsas que truncaron carreras políticas, como los de la jueza Vicky Rosell y el diputado canario Alberto Rodríguez. Y acusaciones falsas destinadas a causar daño político, como el caso Neurona contra Podemos, del que salió una esperpéntica pieza separada sobre si la ministra Irene Montero había contratado de forma fraudulenta a unas niñeras. Quienes instigaron la persecución judicial de Oltra fueron dos personajes de la extrema derecha valenciana: Cristina Seguí, agitadora ultra y cofundadora de Vox, y el abogado José Luis Roberto, declarado neofascista, que ejercieron las acusaciones popular y particular. Pero no hay que olvidar que un juez y un fiscal dieron cobertura a la acusación.

Desde la derrota electoral de 2015, el PP utilizó la vía judicial para tratar de derribar al gobierno de izquierdas del Botánico. Solo Luis Salom, conocido asesor del partido, llegó a promover una quincena de denuncias, varias de ellas contra el alcalde Joan Ribó, de Compromís, y su equipo. Entre PP y Vox han levantado una veintena de causas y excepto un par todavía en instrucción, todas han sido archivadas. Pero han hecho gastar mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo a sus víctimas para defenderse. Lo mismo le ha ocurrido a Ada Colau en Barcelona. Las 19 querellas presentadas contra ella han sido archivadas, pero le han supuesto un desgaste personal y político evidente.

¿Cómo se repara el daño de esta utilización perversa de la justicia? Mónica Oltra habló de infamia política, jurídica y mediática. Los tres poderes son colaboradores necesarios de la infamia. En política ya sabemos que el “todo vale” se ha instaurado hace tiempo como conducta habitual de la derecha. Pero las maniobras de la política tendrían poco que hacer si la justicia tuviera mecanismos de filtraje más eficaces. No hablo de las sospechas de politización de la acción jurisdiccional, que también las hay. Me refiero a que no sea tan fácil acusar en vano. Si la presentación de acusaciones infundadas tuviera costes, seguro que se reduciría la querulancia interesada.

También los medios de comunicación deberíamos hacer una reflexión. Hubo un tiempo en que adoptamos como criterio no dar por válido como base para una noticia el mero anuncio de una querella para evitar la pena de titular. El criterio era esperar a que un juez admitiera la querella para informar sobre ella, porque se suponía que eso indicaba que había indicios racionales de criminalidad. Ahora, ese criterio ha quedado hecho añicos. La lista de casos admitidos a trámite que han resultado totalmente infundados es escandalosa y el daño causado, irreparable. La lentitud con que opera la justicia agrava los efectos. De manera que tenemos un problema muy serio. Si queremos sanear la política y reforzar la democracia, habrá que buscar mecanismos para que no sea tan fácil encausar y tan barato destrozar la vida y la carrera política de alguien que es inocente.