Una sequía exigente

Los datos dejan cada vez menos margen de maniobra a la incredulidad culpable o a la falta de reacción ante las evidencias científicas. Estamos viviendo el abril más seco desde que hay registros, es decir, desde hace más de 60 años. Si bien es cierto que las sequías forman parte de la historia de España, también lo es que nunca como ahora habían tenido el dramatismo que les imprime el contexto actual de cambio climático, que incluye una inequívoca tendencia a una menor disponibilidad de agua. El informe del Servicio Copernicus de la Comisión Europea muestra que las temperaturas en Europa están aumentando el doble de la media mundial, con efectos concretos que ya empiezan a percibirse con toda su crudeza y sin que nada permita pensar que remita la tendencia. Estamos en cifras récord de días declarados oficialmente como olas de calor, junto a una larga sequía. En el año 2022, el 63% de los ríos europeos tuvieron caudales inferiores a la media.

Lo paradójico en España es que la evidencia del conocimiento científico se combate incurriendo en errores como la legalización de regadíos en Doñana o la reivindicación de trasvases que solo alimentan falsas expectativas. Estamos en el absurdo de que la solución a la falta de agua sea “más agua”. Urge poner en marcha políticas de adaptación que replanteen los sectores productivos más afectados de una forma coherente con el nuevo escenario de cambio climático y las previsiones de disponibilidad de agua. La industria y los usos domésticos deben repensarse y maximizar la eficiencia, pero el mayor desafío recae en el sector agrícola, consumidor de cerca del 80% del agua en España. Una reestructuración de este sector para garantizar su viabilidad pasa por revisar la adecuación de los cultivos para los territorios en que se ubican, dado que muchos de ellos se hicieron décadas atrás sin considerar su sostenibilidad. Una vez replanteado el tipo de cultivo, será necesario dimensionarlo para asegurar que existan recursos hídricos suficientes, y finalmente, maximizar el ahorro y la eficiencia, aspecto en el que se ha avanzado de forma considerable. La Directiva Marco del Agua indica que su primer usuario es el río, única forma de garantizar la viabilidad de los ecosistemas.

Mientras estas medidas no se activen, la política de transición justa debería garantizar el apoyo y acompañamiento al sector, tanto a los agricultores como a los territorios más afectados, tal como se está haciendo con otros actores económicos. La realidad del cambio climático obliga a repensar aspectos cruciales de nuestro modelo económico. Esconder la cabeza bajo tierra esperando a que llegue la lluvia para dejarlo todo igual debería estar fuera de las opciones del futuro. La transición pendiente necesita valentía y veracidad para reaccionar a tiempo ante un cambio que afecta y afectará en el futuro a nuestro modo de vida tanto en las ciudades como en el campo.