Letrados en huelga

A los atascos clásicos que arrastra la justicia española se ha unido desde hace un mes y medio la huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) para reclamar un incremento salarial que sitúe su sueldo en el 85% de lo que cobran los jueces. Reivindican que desde que en 2009 se aprobó la creación de las oficinas judiciales, han asumido nuevas responsabilidades sin que sus retribuciones se vean incrementadas en la misma medida. El salario de un letrado oscila hoy entre los 39.000 y 61.000 euros anuales, y la subida que reclaman implicaría, según los cálculos del Ministerio de Justicia (que los letrados no han desmentido), un incremento lineal de 1.100 euros al mes. La huelga ha obligado ya a suspender casi 300.000 juicios y hay más de 350.000 demandas pendientes de reparto y mil millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados, según fuentes de los letrados. Jueces y fiscales advierten de que las agendas están ya colapsadas y que va a ser muy difícil reprogramar las vistas suspendidas a corto plazo.

Las negociaciones están prácticamente rotas y ninguna de las dos partes ve cerca su resolución. El comité de huelga asegura que no aceptará ningún incremento que no beneficie a la totalidad de los funcionarios del cuerpo, mientras el ministerio ofrece un incremento del sueldo a los letrados que menos cobran, lo que afectaría a algo menos de la mitad de los 4.403 letrados que hay en España y les supondría un incremento de entre un 1,64% y un 13,16% de sueldo. Justicia alega que el ministerio de Pilar Llop aumentó ya el sueldo un 14,5%, pero no niega su rectificación ante el compromiso previo de equiparar los sueldos de jueces y letrados. Ese cambio de criterio es el que ha sublevado al colectivo ante las razones económicas que aduce el ministerio, dado que la equiparación salarial comportaría el desembolso anual de 61 millones de euros.

El bloqueo de la negociación está teniendo efectos graves sobre multitud de juicios y visitas suspendidos (aunque tampoco iban a asistir los letrados porque se registran grabados), con retrasos continuados de resoluciones de los jueces que no pueden notificarse sin el aval del letrado. Las posiciones actuales están abiertamente enfrentadas, pero el inmovilismo negociador del comité de huelga no parece la mejor vía para atajar un conflicto con consecuencias directas sobre la población.