De Cataluña y España

Tras largo tiempo como un Guadiana, la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern catalán se reanudará ya mismo. Será su tercera sesión, en 29 meses. Las dos anteriores no han ido muy allá. Pero es mejor dialogar que tirarse los trastos, salvo que seas rarito. O facha.

¿Por qué tan ralos resultados hasta ahora? Por azares, minas, la pesada herencia de un pasado que busca repetirse. Desde resoluciones judiciales con tempo distinto al de la política pero que la complican; hasta convocatorias electorales polarizadoras; pasando por asuntos como los del espionaje de Pegasus.

A veces, la Esquerra Republicana pragmática temía la pinza reaccionaria de Junts y los centralistas. Otras, el placaje extremista al Gobierno, para embarrancarle cualquier reencuentro constructivo, le dejaba con poco aire y mucha asfixia.

Y sobre todo, porque la parte digamos catalana (con el respaldo de la mitad de media Cataluña) desmesuraba sus pretensiones: la amnistía y la autodeterminación (otro referéndum) no tienen encaje legal como tales. Ni correlación de fuerzas favorable. Pero a todos les interesa encauzar los litigios, salvo a los herederos del general Martínez Anido y a los de la FAI. Al Gobierno, para culminar la legislatura con estabilidad y acreditando capacidad de digestión de problemas. A Esquerra, porque ha apostado mucho por el diálogo —y con resultados— y no por la confrontación que pregonan Waterloo y los neocarlistas.

Sería ideal que ambos pensaran en el conjunto de los catalanes (y españoles) y forjasen un gran plan para un nuevo estatuto de todas las lenguas de los españoles en todo el territorio (y en el exterior), y otro para ejecutar que las inversiones estatales programadas se cumpliesen en Cataluña, al 90% y no al 36%: bochorno.

El método de diálogo (¡al fin!) pactado propugna “contribuir al fin de la judicialización” del llamado “conflicto político” (¿sólo hay uno?). Convendrá ver qué entiende cada uno de eso.

No cabe inhibir al sistema judicial de sus funciones constitucionales. Pero sí evitar enviarle litigios resolubles desde la política; reformar tipos delictivos y sus penas (rebelión, sedición) para homologarlos con los vecinos (no para desvanecerlos); desincentivar la exorbitancia fiscal y judicial que friccione con la autonomía del poder legislativo; limitar la acusación particular por la que los partidos buscan ganar en el estrado lo perdido en las urnas; reforzar el rol de la Fiscalía como defensora de los derechos individuales. Y acabar con la anormalidad de que altos cargos (autonómicos) del Estado deslegitimen instituciones como su jefatura. O sea, cosas útiles. Para Cataluña. Para España.