Indignidad judicial

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hace una semana urgió a la aplicación de porcentajes en la enseñanza catalana (25% en castellano), insta a cumplir su sentencia de 2020 para dentro de otra semana: el lunes próximo. Hay que cumplir ambas resoluciones, y a ello se apresta una mayoría del Parlament aprobando una nueva ley que sortea con tino el sistema de cuotas. Del pacto transversal se ha desgajado Junts, cada día más virada a un Vox local.

Hasta ahí la esencia de la cosa. Y ahora la existencia, que, aunque modal y formal, es también esencia, sobre todo en el ámbito de la justicia. Pues bien, ese auto es indigno precisamente por su forma: redactado en algo obtuso parecido al catalán, contiene en sus 15 páginas más de 130 errores sintácticos y léxicos. No constituyen solo un atentado a la gramática, y por tanto a la cultura. Al pisotear el idioma, viola la letra y el espíritu de la Constitución. Particularmente, la obligación de tratar al patrimonio lingüístico plural de los españoles como “objeto de especial respeto y protección” (artículo 3.3).

Quizá anulable por no estar escrito propiamente en catalán, sino en su burla, un mensaje implícito del tribunal es el contrario del que impone la ley de leyes: es benéfico desdeñar las lenguas cooficiales y, pues, a sus usuarios. Otro de sus mensajes es asimismo funesto: el suspenso literal y literario de su texto acredita, no la imbecilidad de los ciudadanos —otros que les están llamando “tontos”—, sino que sus iletrados perpetradores, al menospreciar el patrimonio cultural, embisten contra el prestigio de la entera judicatura.

Eso no es todo. Tras el revuelo, el presidente de la Sala, Javier Aguayo Mejía, ha expresado sus más “sinceras disculpas”. Simplemente, cinismo: como en buen castellano obras son amores y no buenas razones, debería haberlas acompañado de la publicación de una versión gramatical correcta de la “interlocutòria”. Una semana después del desaguisado, aún no lo ha hecho.

La mordacidad del caso es que esa ignorancia lingüística se plasma en un texto que impone a otros deberes... lingüísticos. Evidencia así que la judicatura no solo no está normalizada, sino muy lejos de ello: únicamente el 8% de las sentencias judiciales en Cataluña se redactan en catalán: a comparar con el 100% de las emitidas por el Tribunal de Justicia de la UE, que las versiona en las 24 lenguas oficiales. Jueces y funcionarios de la justicia que atiendan directamente al público han de poder comunicarse con los ciudadanos en las lenguas de estos: les deben justo aquello a lo que tienen derecho. Hasta que eso suceda, son incapaces.