Espías bajo control

La posible vulneración de derechos fundamentales en un Estado democrático es el centro de gravedad del espionaje que ha revelado el laboratorio de estudios Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, a más de 60 ciudadanos españoles, entre ellos numerosos independentistas, altos cargos institucionales y cuatro presidentes de la Generalitat de Cataluña. Muchos espionajes sucedieron en 2019 y 2020 —una vez celebrado ya el juicio del procés y con los líderes encarcelados— cuando España vivía una doble convocatoria de elecciones generales y las negociaciones posteriores para formar gobierno. Ese es el contexto en el que, según la información adelantada por El PAÍS, se mantenía activo Pegasus.

El Gobierno ha ofrecido hasta ahora una respuesta rutinaria a las demandas de investigación de las víctimas, encabezadas por el presidente Pere Aragonès, también espiado. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el CNI, dará explicaciones en el Congreso la próxima semana a petición propia —hasta el momento se ha limitado a asegurar que el gobierno actúa siempre dentro de la legalidad-. Y hoy mismo el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, se reúne con la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para abordar el asunto. El viaje del ministro para una reunión hoy en Barcelona es un claro indicio de que, por fin, el Gobierno enfrenta el problema en un caso que, además de la gravedad misma de la invasión de la intimidad de los afectados, puede complicarse políticamente por la indignación de ERC y el PNV, en una legislatura en la que los partidos del gobierno de coalición necesitan garantizarse apoyos ante cualquier votación en las Cortes. El próximo jueves se vota en la Cámara Baja el Plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Urgen las explicaciones y es en ocasiones como esta cuando queda patente el grave daño que provoca el bloqueo de las instituciones. En esta coyuntura ni siquiera se puede convocar la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, ya que el PP tiene bloqueada su constitución desde hace tres años con la exigencia de que no forme parte de ella ningún diputado de Bildu. Esta semana los populares ofrecían facilitar la creación de esa comisión pero manteniendo los vetos, lo que en la práctica no permite avanzar con rapidez por esa vía.

Así las cosas, el Gobierno y su principal grupo parlamentario, el PSOE, son los responsables de tomar la iniciativa, presentar una fórmula para investigar a fondo lo ocurrido, ofrecer después explicaciones sin comprometer la seguridad del Estado y depurar responsabilidades si existieran. En la entrevista que hoy publicamos, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, exige rapidez en la respuesta y señala que “todos los indicios apuntan claramente a organismos vinculados al Estado español”, pero se distancia claramente de la sobreactuación de otros independentistas, como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha llegado a pedir la dimisión del presidente Sánchez. Junts sigue jugando a retar en radicalidad a ERC.

Los vacíos institucionales dañan a la democracia y favorecen a todas luces a quienes trabajan para minarla desde dentro. Cuanto antes se actúe, mejor.