Francia sobreactúa

La nueva “ley de seguridad global” de Francia, que el martes empezó a debatirse en la Asamblea Nacional, ha hecho saltar las alarmas en las redacciones de los medios de comunicación y en las organizaciones que velan por la defensa de los derechos fundamentales. El peligro es que la ley limite el derecho a la información y que dificulte la denuncia de excesos policiales como los que se han documentado en los años recientes. El artículo 24 de la ley, impulsada por el Gobierno francés, prevé un año de prisión y 45.000 euros de multa para quien difunda “con el objetivo de atentar contra su integridad física o psíquica” imágenes del rostro de un agente de las fuerzas del orden.

El artículo responde a una preocupación justificada de los policías y gendarmes franceses, sometidos desde hace años a una enorme tensión por la lucha contra el terrorismo y por las revueltas sociales que con frecuencia han derivado en el ensañamiento contra los funcionarios y en campañas de odio en las redes sociales. Pero, tal como está redactado, representa, según el razonado dictamen de Claire Hédon, la Defensora de los Derechos —equivalente en Francia al Defensor del Pueblo en España—, “una vulneración de la libertad de expresión que ni es necesaria, ni adaptada ni proporcionada, y que al mismo tiempo sería un obstáculo para el control de las fuerzas de seguridad”.

Hédon señala tres problemas en el texto. El primero es que no hacen falta nuevas leyes: las actuales ya protegen a policías y gendarmes ante amenazas, injurias, difamación o violación de la vida privada. El segundo es la ambigüedad del redactado. Según el artículo 24 solo se castigará a quienes difundan imágenes con el objetivo de dañar, pero no queda claro cómo se demostrará la mala intención. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha dado a entender que la solución podría ser difuminar los rostros de los agentes, aunque esto no es lo que dice el artículo. El tercer problema es la amenaza que, si se asume la interpretación restrictiva de Darmanin, pesaría sobre los periodistas, y que podría llevarles a autocensurarse y a no publicar imágenes necesarias para el escrutinio de los poderes públicos.

Cualquier limitación de la libertad de información requiere el máximo escrúpulo y no debe hacerse nunca a la ligera ni por imperativos coyunturales. El Gobierno, al proponer una enmienda que especificaría que el artículo no entorpecerá la libertad de información, parece haber entendido que, en su estado actual, la ley no es aceptable. Es una cuestión de principios democráticos, pero también de credibilidad para un presidente como Emmanuel Macron que, con acierto, ha hecho bandera de la defensa de la libertad de expresión en su lucha declarada contra el islamismo radical.