Cuando el Parlamento sobra

La pena del historiador Trino Márquez es que Venezuela haya retrocedido hasta el final de la tiranía de Juan Vicente Gómez (que gobernó desde 1908 hasta 1935), cuando era la nación casi feudal descrita por Rómulo Betancourt cuando proponía la movilización contra el caudillismo militarista, la entrada de civiles al frente de la cosa pública y la exclusión de los elementos uniformados de la Administración. Una minúscula clase media integrada en la burocracia del Estado, artesanos pobres, campesinos arruinados y el proletariado petrolero constituían la fuerza laboral de la república. Casi un siglo después, la depauperación nacional convalida la remembranza. Apenas el 15% de la población venezolana cuenta con ingresos para vivir dignamente. El origen de la crisis que ha llevado al chavismo a promulgar la Ley Constitucional Antibloqueo no es yanqui, que también, sino consecuencia de estructuras insostenibles y, fundamentalmente, de la autoritaria ineptitud gubernamental. Aunque sirve para amordazar al Parlamento si ganase la oposición, el texto de la Asamblea Constituyente pretende acuerdos petroleros con consorcios nacionales y extranjeros, sin control legislativo y garantías de confidencialidad para eludir el cerco punitivo de EE UU. Previsiblemente, los primeros interesados en las nuevas empresas mixtas serán chinos, rusos e iraníes.

Por elevación, la ley sepulta las exigencias de la oposición y de la Unión Europea para participar en las legislativas de diciembre porque, en la guerra contra las sanciones imperiales, la democracia y el Parlamento estorban. El Ejecutivo vacía de contenido el hemiciclo al recibir facultades absolutas y discrecionales para ignorar leyes, sentencias, tratados internacionales, reestructurar el Estado, arbitrar medidas de excepción y limitar la libertad de expresión para proteger a los socios extranjeros. La operación tiene que desarrollarse en secreto porque el enemigo acecha y el capital es cobarde. Pedir elecciones transparentes en Venezuela es empeño ocioso. Maduro anunció en agosto que la Constituyente, concebida para contrarrestar la hostilidad de la opositora Asamblea Nacional, se disolvería en diciembre, después de las legislativas; antes encargó una ley que no pudiera anular el nuevo Parlamento por tener rango constitucional y porque la potestad abrogatoria corresponde a la Constituyente, que es plenipotenciaria y amiga. El edicto se fraguó entre gallos y medianoche, tritura la división de poderes y consagra a Maduro como juez y parte. Cualquier denuncia sobre la derogación de facto de la Carta Magna, diríjanse al Tribunal Supremo, que ya está avisado. Al chavismo de inspiración marxista le escuece que desde las propias filas y el partido comunista le imputen entreguismo al capital extranjero y una encubierta desnacionalización de los hidrocarburos. Si les llaman socialdemócratas, es como mentarles la madre.