Transparencia

Ayer se cumplió una semana desde que el emérito desalojó su domicilio y salió de España. Y hoy, de la comparecencia de Pedro Sánchez dando cuenta de los (correctos) principios institucionales con que actuó su Gobierno en este asunto, y derivando las explicaciones (sobre los detalles) a la Zarzuela, porque fue esta quien impulsó la decisión, pactó con el exmonarca y endosó sus explicaciones en un comunicado oficial.

La opacidad que ha practicado su aparato administrativo durante una semana eterna ha perjudicado severamente a la propia institución de la jefatura del Estado. Porque ocultar el destino del viaje, el lugar donde se establecerá, las provisiones logísticas de su eventual vuelta para responder a la Justicia o la suficiencia de los dispositivos de seguridad es inane, ya que el secretismo suele perder la partida ante los teléfonos móviles.

Además azuza chismes, alimenta sospechas, vitamina el falso relato de una presunta huida y nutre aviesas teorías conspiranoicas de complicidades inexistentes. ¿Alguien donde toca sigue los medios, los programas del corazón y de entretenimiento? ¿Alguien pisa de verdad la calle? Compruébenlo, la erosión institucional de la Monarquía parlamentaria ante la opinión tiende a ser —también por causa de sus silencios— exponencial.

Pero, peor aún, la ausente transparencia —requisito, pilar y termómetro de las democracias— constituye un revés para el constitucionalismo y una mella al derecho fundamental de los ciudadanos españoles a recibir información veraz: si se pactó algo en contra de este derecho, reviértase.

El mensaje oficioso del equipo que encabeza Jaime Alfonsín —un abogado del Estado al que esa condición le dota de conocimiento cabal de la arquitectura jurídica del Estado— de que se retiene información porque el emérito es un ciudadano privado resulta penoso, amén de incorrecto.

Pues, además de haber encabezado el Estado durante casi medio siglo, el ciudadano Borbón pertenece a la Familia Real, es el tercero en la línea de sucesión (como ha argumentado impecablemente el expresidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón, EL PAÍS, 8/8/2020), goza del título honorífico de rey y de una indispensable protección securitaria proporcionada por el presupuesto público.

La contrapartida a esos privilegios es el derecho reforzado de los ciudadanos a saber.