El fisco mexicano aprieta a la sociedad civil

El Gobierno mexicano ha retirado a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el permiso para recibir donativos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha argumentado que estos grupos no han cumplido con todos los requisitos necesarios para emitir comprobantes de donaciones que sean deducibles de impuestos. El fisco revocó desde enero la autorización de 100 asociaciones civiles que, en su mayoría, se encuentran haciendo nuevos trámites ante la institución para recuperarla; mientras que a 13 grupos les ha sido cancelado definitivamente el permiso. Esta decisión está vinculada a nuevas regulaciones fiscales que el Gobierno mexicano ha impuesto en los últimos años a las asociaciones civiles.

Entre las organizaciones se encuentran el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, centros de investigación sobre política pública y desarrollo económico. También se encuentra el Ateneo Español de México, dedicado a la conservación del acervo y la memoria del exilio republicano; así como Mexicanos Primero, un centro dedicado al análisis de las políticas públicas sobre la educación en México. La lista también incluye a diversos centros de atención para adultos mayores e instituciones de filantropía. Entre las organizaciones que han perdido el permiso también está Abel Quezada A.C., una organización dedicada a resguardar la obra del afamado viñetista del siglo XX.

Amnistía Internacional ha señalado que las medidas del fisco mexicano buscan presionar a la sociedad civil para dificultar su trabajo a través de estas organizaciones. La ONG de derechos humanos apunta que otros gobiernos en el mundo han empleado técnicas similares —como la reforma de leyes fiscales para hacerlas más estrictas— con el objetivo final de dejar a las asociaciones civiles sin margen de acción en sus países. “No es una sola ley, como ocurre en otros países, si no que es una gran legislación en términos fiscales y antilavado que acaba impactando en la operación de las organizaciones”, explica Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.

Olivares asegura que existe un patrón global para impedir que la sociedad civil ocupe el espacio de ayuda a grupos vulnerables en diversos países. “Se van dando acciones que parecen aisladas, pero en conjunto se ven prácticas que paso a paso van restringiendo el acceso al espacio cívico de las organizaciones de la sociedad civil”, añade. En la experiencia de su propia ONG en México, la directora ha visto el incremento de trámites y requisitos que se piden por parte del Gobierno mexicano para seguir recibiendo donaciones e incluso ha notado que su validez depende de la discrecionalidad de un funcionario. “Es importante que las regulaciones no se usen como un pretexto sobre todo cuando las organizaciones son críticas con el Estado”, advierte.

México Evalúa y Mexicanos Primero han asegurado en sendos comunicados que desde diciembre de 2025 se encuentran revisando con el SAT nuevas solicitudes para obtener el permiso y que estas están en trámite. El IMCO señala que en su caso la acreditación de parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que la califica como una organización de investigación fue rechazada por el fisco mexicano, por lo que la organización se encuentra tramitando una nueva acreditación por actividades de desarrollo social. Entre las regulaciones para que las asociaciones reciban donativos están estas acreditaciones que el mismo Gobierno debe emitir para avalar las actividades y que después el mismo Gobierno tiene que autorizar.

El Gobierno mexicano lleva desde 2021 apretando los requisitos fiscales para las asociaciones civiles. El principal argumento del SAT ha sido que a través de estas organizaciones algunas personas han deducido impuestos de manera ilegal. Sin embargo, la presión fiscal se tradujo también en hostilidad política cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) señaló a estos grupos, los estigmatizó al asegurar que desviaban recursos y buscaban oponerse a su Gobierno, y empujó nuevas reglas que impidieron el funcionamiento de varias de ellas.