México rediseña las reglas de la inversión energética: sin licencia social, los proyectos no avanzan

México ha endurecido el filtro social para los proyectos energéticos, elevando el costo de llevarlos del papel al terreno. Las empresas de hidrocarburos, electricidad, biocombustibles o geotermia no solo deben cumplir ahora con requisitos técnicos y ambientales, sino también demostrar que han gestionado sus potenciales impactos ante las comunidades donde buscan operar. Esto implica procesos de consulta con colectivos, sobre todo indígenas o afromexicanos, además de la construcción de acuerdos en áreas que han desatado conflictos, como el tendido de gasoductos, la extracción por fractura hidráulica o la instalación de parques eólicos.

En la práctica, la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) puede bloquear o hacer inviables proyectos que no logren sortear la resistencia comunitaria o que fracasen en ofrecer planes creíbles de compensación y mitigación. Así, pasa de ser un simple trámite ante la Secretaría de Energía (SENER) a constituirse en una licencia social para operar, mientras desplaza el eje de decisión: ya no basta con la viabilidad económica, el verdadero punto de quiebre está en la aceptación popular.

La medida surge en momentos en los que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está intentando incentivar la inversión privada en proyectos de crudo, gas y electricidad, como la exploración no convencional de yacimientos de gas de esquisto o el incremento del bombeo de crudo en campos no someros. En ese sentido, la MISSE busca prevenir protestas, bloqueos y demoras, en un recordatorio de que, desde los sectores de la sociedad civil, las comunidades y la academia se han opuesto a megaproyectos estratégicos como el ducto que busca conectar Estados Unidos con México para exportar gas licuado a Asia, la exploración del fracking en el norte o los parques eólicos, así como al Tren Maya y el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz, generando intensas protestas por parte de pueblos indígenas que denuncian el incumplimiento de consultas previas, libres e informadas.

Sin embargo, acatar la nueva disposición generará costos adicionales. La medida alcanza a empresas privadas, pero también a las paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la endeudada Pemex. Incluye la necesidad de un detallado Plan de Gestión Social, con inversiones que cubran toda la vida útil del plan y ponderen la cultura de las comunidades y sus necesidades reales; no solo de las afectadas en el área núcleo, donde se promueve un proyecto, sino también en las áreas de incidencia, que pueden abarcar un radio de hasta 15 kilómetros. De esta manera, la autoridad también busca evitar propuestas lavadas por el marketing social, como jornadas de siembra de árboles en zonas de estrés hídrico o la instalación de computadores en pueblos sin electricidad. Implica que, cuanto más grande sea la operación, los inversionistas tendrán mayores obligaciones, elevando el calibre de las asignaciones a autopistas, sistemas de riego o casetas de seguridad.

“Esto cambia mucho la estrategia. Estamos hablando desde proyectos pequeños, como una gasolinera, hasta cosas mucho más complejas como un megaproyecto de fracking. Va ser bastante interesante ver cómo se gestiona el impacto social –y dejemos de lado por ahora la parte ambiental, que sigue en controversia–, en el sentido de que los proyectos deberán ser muy claros en aterrizar el aprovechamiento consciente de los recursos hacia las personas”, matiza Guillermo Gómez, director de la consultoría sustentable G2H. “Está cambiando las reglas tremendamente. Hemos tenido acercamiento con las áreas financieras de empresas, algunos son nuestros clientes, y nos dicen ‘no entiendo lo que la autoridad, o este instrumento, está llamando impacto social, esta inversión de beneficios acumulados’. Y sí, todavía falta desarrollo y aclaraciones”.

Autorización del Gobierno

Sin el permiso para las exploraciones, construcciones o excavaciones no se puede arrancar el proyecto. La medida, emitida en febrero a través de una Disposición Administrativa de Carácter General (DACG), será gestionada a través de una ventanilla digital de la SENER. El manifiesto sustituye a la Evaluación de Impacto Social (EVIS) que, según el sector, era relativamente fácil de cumplir y además no era vinculante a la hora de emitir los permisos de operación. Tampoco era un trámite necesario para las inversiones en biocombustibles, como el biodiésel o el etanol, o en geotermia, que utiliza el calor del subsuelo para convertirlo en energía.

“Este es un marco regulatorio amplio y delicado que requiere conocimiento a un nivel de profundidad muy amplio”, señala David Hernández, secretario de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), el grupo que brinda servicios de tecnología e infraestructura a las gasolineras. “También está creando un nivel de vigilancia muy profundo por parte de las autoridades”, añade.

Los empresarios temen que la nueva obligación se añada a su estructura de costos, en momentos en los que los gasolineros están maniobrando con el encarecimiento de los energéticos por la guerra en Irán, aumentos en los salarios y el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno federal para mantener anclados los combustibles, en medio de la aceleración de la inflación. La mandataria ha reiterado que no permitirá a los gasolineros subir el precio al diésel y a las gasolinas, sin descartar sanciones o multas, y argumentando que el erario está subvencionando los precios.

“Sin duda, los aspectos regulatorios, pero también los operativos, logísticos, comerciales y ahora los del ámbito internacional terminan impactando en el precio del combustible y en la rentabilidad del empresario gasolinero”, añade Hernández. Recuerda que, aunque los acuerdos voluntarios logrados con la Administración estipulan precios nacionales —de 24 pesos por litro para la gasolina magna y 28,8 para el diésel—, no todo el país se mueve por las mismas reglas comerciales: una estación de servicio en una comunidad rural, con un mercado menos grande, tiene que cubrir los mismos costos operativos y regulatorios que una en una zona urbana con mucha mayor afluencia de automóviles.

Los expertos coinciden en que la nueva obligación obedece a una realidad y a una demanda histórica arrastrada por años de explotación petrolera, que dejó antiguas zonas de yacimientos desoladas, con poblaciones desplazadas y empobrecidas, pero también constituirá una nueva barrera al capital, ya titubeante ante la voracidad del crimen organizado, la alta exposición política y las dudas sobre la certeza jurídica.