Garduño, el encargado de prisiones que militarizó la migración, llega a la Secretaría de Educación

En un movimiento sorpresa, Francisco Garduño, tristemente célebre por su paso de ganso en el Instituto Nacional de Migración, vuelve a la política nacional mexicana como jefe de un área dentro de la Secretaría de Educación Pública. El antiguo encargado de prisiones, que militarizó la atención a la migración en México y fue procesado por la muerte de 40 migrantes durante un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, ahora se encargará de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Ahí, según el secretario de Educación, Mario Delgado, “su participación será fundamental para la reforma a la educación media-superior que está en marcha con el bachillerato nacional”. De acuerdo con Delgado, Garduño, de casi 80 años y que tuvo que ser obligado judicialmente a pedir disculpas a los familiares de los 40 fallecidos, “es un funcionario ejemplar”.

Ese incendio es una mancha imborrable en el historial de Garduño. Ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, acabó con 40 migrantes muertos después de que 67 hombres se quedaran encerrados en medio de un fuego provocado para protestar por las condiciones dentro del albergue. En los relatos de los supervivientes y los vídeos de seguridad se ve la misma secuencia: los funcionarios del Instituto y los guardias de seguridad privada se van del edificio, sin mirar atrás, dejando atrapados, bajo llave, a los migrantes.

11 personas fueron imputadas por esta masacre, incluyendo a seis funcionarios de Migración. Uno de ellos era Garduño. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, su imputación fue debida a que “incurrió en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes”. La investigación también hablaba de “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado en el Instituto Nacional de Migración”. Según publicó entonces El Universal, en los nueve viajes que hizo para las vistas judiciales en 2024, gastó un total de 41 millones de pesos.

Pese a esto, Garduño se mantuvo como cabeza del Instituto hasta abril de 2025, sobreviviendo al cambio de Administración. A los pocos meses, fue obligado judicialmente a pedir perdón a las familias de los 40 migrantes que murieron en el incendio. “Les ofrezco con humildad una profunda y sincera disculpa por el sufrimiento y daño causado”, les dijo, aunque aclaró que lo hacía por mandato de la justicia.

Garduño, fundador de Morena y colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, llegó a la dirección del Instituto Nacional de Migración en junio de 2019. Venía de dirigir las cárceles de México y con un encargo: convertir Migración en el muro con el que el Gobierno de López Obrador pudiera tener contento a Estados Unidos. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, había amenazado con imponer aranceles aranceles si México no detenía a los extranjeros antes de que cruzaran su frontera, lo que hizo dar un giro copernicano a la política migratoria de México.

Bajo su mandato, se planteó como remedio militarizar el Instituto. Si antes de los acuerdos con Trump, había menos de 9.000 militares en tareas migratorias, para 2022 eran más de 40.000 elementos militares y de la Guardia Nacional en estos cometidos. En junio de 2024, de los 32 titulares de las oficinas estatales, al menos 15 oficinas estaban lideradas por personal con formación castrense, incluyendo generales de brigada, generales de ala y contralmirantes de la Marina. También gran parte de las estaciones migratorias acabaron bajo mando militar. Todo esto en un contexto de récord absoluto de detenciones de migrantes en México, que pasó de 180.000 en 2019 a 1.200.000 personas en 2024.

El informe Bajo la Bota: Militarización de la Política Migratoria en México, de la Fundación para la Justicia, argumenta que “este acaparamiento de militares no sólo ha transformado la estructura del Instituto Nacional de Migración, sino que también ha infundido una cultura militarista dentro de la institución”. “El enfoque disciplinario, jerárquico y represivo que caracteriza a las Fuerzas Armadas ha permeado la gestión migratoria”, aseguran, “lo que ha incrementado las vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente durante los operativos de control migratorio y la privación de libertad”.