Los 11 años de preguntas sin respuestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

“Verdad y justicia” ha respondido la mañana de este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse al “compromiso” que su Gobierno asume ante el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. A 11 años de una de las tragedias que más han consternado y horrorizado a la sociedad mexicana, el caso sigue con las mismas interrogantes sin resolver. Con un nuevo abogado al frente —que, sin embargo, ha sido parte del equipo legal de los padres desde 2014— Isidoro Aguilar asegura que trabajan con los familiares para decidir el rumbo del movimiento y analizar lo que todavía, después de más de una década, falta por hacer para lograr el esclarecimiento del caso.

Han sido años de un ir y venir intermitente entre procesos judiciales y decenas de personas incluidas en las pesquisas. Como publicaba este diario, en 2024, después de este largo camino, todo lo que se ha recuperado de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos son tres trozos de hueso de tres muchachos y algunos otros restos.

Dos gobiernos han naufragado en este caso —una de las grandes vergüenzas del México moderno— por diferentes motivos. El primero, el del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), trató de cerrarlo en falso, valiéndose de la tortura como técnica de investigación. El segundo, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, avanzó hasta que las investigaciones se toparon el muro infranqueable de las Fuerzas Armadas.

Hace solo unos días, quien era el alcalde de Iguala cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, el perredista José Luis Abarca, absuelto por el caso definitivamente en junio pasado, recibió una buena noticia para los más de cien años que le sumarían entre condenas de otros procesos legales. Un tribunal federal le otorgó una suspensión que frena temporalmente uno de ellos, el de 92 años de cárcel que enfrenta por el secuestro de seis activistas del movimiento campesino Unidad Popular en Guerrero, en 2013.

La actual jornada de protestas ha comenzado, según ha detallado Isidoro Aguilar y algunos padres de los normalistas, desde el pasado 17 de septiembre en el estado de Guerrero. Este jueves llegaron a Ciudad de México, continuará este viernes con la marcha nacional a las 16.00 horas y finalizará este sábado con una marcha en Iguala.

Isidoro Aguilar, apunta: “Llevo ya 17 años en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Cuando ocurren los hechos en 2014, yo y otros compañeros acudimos a documentar el caso. No es que estemos llegando o retomando el caso de Azyotzinapa. No. Más bien, estamos dándole continuidad”, ha dicho en entrevista, quien es el relevo del abogado que durante estos 11 años fue el portavoz de las familias: Vidulfo Rosales, quien ahora ocupa un lugar en el equipo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar.

Una de las primeras muestras de la protesta de este aniversario en la capital mexicana, que acaparó todos los reflectores, se dio este jueves, cuando un grupo de manifestantes encapuchados quemaron un camión ante la puerta del Campo Militar 1A, en protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa. Los familiares y abogados de los 43 jóvenes han mantenido la exigencia de que los folios de la Secretaría de la Defensa, que podrían dar luz sobre la participación del Ejército mexicano en este crimen, sean entregados para su análisis.

Un camino de 11 años

Lo que no cambia es el dolor. El horror repetido hasta el cansancio. El recordatorio de la ausencia que las familias reviven cada día 27 de cada mes, cada septiembre de cada año. Cristina Bautista Salvador, la madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, reprende a quienes le preguntan siempre, en cada ocasión, sobre su sentir. “Han sido años de caminar, de luchar, ha sido muy difícil, hay mucho sufrimiento, mucho dolor como madres y padres, mucho desvelo, mucha preocupación. Nos lastima mucho decir que pasó otro año más sin tener a nuestros hijos presentes, sin poder abrazarlos, sin poder practicar con ellos. Pasa Año Nuevo, pasa la Navidad, llegan sus cumpleaños, llega un Día de las madres sin poder recibir un abrazo de nuestros hijos. Claro que es muy triste, pero también por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, es por lo que nos ponemos de pie. Nunca nos imaginamos llegar a 11 años sin tenerlos”, dice.

También, en su relato, Cristina Bautista dice lo mucho que ha significado cada vez que encuentra en la calle o en una protesta a personas desconocidas que le muestran su apoyo. Dice que es como un abrigo grande el de la solidaridad de las personas, quienes los acompañan a las manifestaciones, quienes les gritan desde lejos “¡Estamos con ustedes!”, esa suerte de acompañamiento ante el horror les da un poco de abrigo, un poco de esperanza.

Una de las conclusiones que se tienen en el caso, a 11 años de sucedido, es que aún se ignora qué fue de los muchachos. Se sabe que llegaron al municipio de Iguala la tarde del 26 de septiembre de 2014, con la intención de secuestrar autobuses en la terminal local, una práctica habitual. De origen humilde, los estudiantes de Ayotzinapa y del resto de las 15 normales rurales del país toman vehículos para sus viajes y luego los devuelven.

En esa ocasión, los usarían para trasladarse a Ciudad de México, a conmemorar la matanza de Tlatelolco. Pero aquella tarde, cuando decenas de ellos salieron con cinco autobuses de la terminal de Iguala, policías locales y criminales les atacaron a balazos. Sin embargo, hasta hoy, no hay certeza de quiénes los desaparecieron.

El Ejército mexicano en el caso

Isidoro Aguilar era parte del grupo de acompañantes de defensores de derechos humanos cuando sucedió todo. Recuerda cómo la información fue cayendo a cuentagotas durante las primeras horas, lo complicado que era informarse en las comunidades de Guerrero, y para el domingo —dos días más tarde— ya tenían suficiente información para saber que se trataba de un crimen de Estado.

Tanto Aguilar, como Bautista aseguran que se mantienen firmes ante la petición de que el Gobierno de Sheinbaum continúe con la apertura que tuvo el caso durante el Gobierno de López Obrador y que se vio frenada al exigir que el Ejército mexicano revele la información que tiene en su poder sobre las fechas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Isidoro recuerda: “En un primer momento, se comentaba que el Ejército probablemente tuvo una responsabilidad por actos omisos, es decir, que no salió en el auxilio de los estudiantes, pero ahora se sabe que hay un testimonio que refiere que un grupo de estos jóvenes fueron ingresados en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería que se ubicaba en Iguala Guerrero. Pero, además, también con el trabajo que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se puede afirmar que en la escuela normal de Ayotzinapa elementos del Ejército estuvieron infiltrados ahí antes de los hechos, tan es así que uno de los 43 estudiantes era un miembro activo del Ejército”.

La Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), parte de la Secretaría de Gobernación, publicó dos de esos documentos en octubre de 2021 —los únicos conocidos hasta ahora— que, al parecer encontraron aleatoriamente, mientras buscaban en archivos castrenses. Los documentos recogían conversaciones de integrantes de un grupo criminal de Iguala, Guerreros Unidos, una el día de los hechos, el 26 de septiembre, y otra del 4 de octubre.

Además de los archivos castrenses, los padres y madres exigen que los exfuncionarios inmiscuidos en el caso, Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, sean extraditados, el primero de Israel y el segundo de Estados Unidos, para que den la información que tienen sobre los hechos.

“Cuando ocurrió la desaparición forzada de los estudiantes, José Ulises Bernabé era juez de barandilla de Iguala, donde un grupo de 17 jóvenes fue ingresado. Para las familias resulta indignante que no se haya extraditado porque el exjuez tiene conocimiento de quiénes se llevaron a los jóvenes y hacia dónde. Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, fue uno de los autores de la creación de la verdad histórica”, dice en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La telefonía

Un recuento que han hecho los acompañantes legales de las familias, sobre las investigaciones en torno a las líneas telefónicas de algunos de los normalistas, muestran que unos 33 números telefónicos han sido vinculados con los estudiantes. Una decena registraron una última conexión cerca del Palacio de Justicia de Iguala.

Otras 10 señales fueron detectadas de forma intermitente sin que se haya podido definir con exactitud su ubicación. La otra decena no registró conexión en las antenas de Iguala durante las fechas de los hechos, y tres líneas restantes fueron usadas en fechas posteriores al 26 y 17 de septiembre.

Las autoridades centran gran parte de los esfuerzos actuales en determinar los detalles de estos registros. Mientras, Isidoro Aguilar adelantó que preparan asambleas y reuniones para determinar qué sigue en el rumbo del movimiento. Y confirma una reunión, durante la primera semana de noviembre, con la presidenta Sheinbaum.