Sheinbaum endurece la lucha contra el huachicol

Las imágenes de una instalación clandestina confiscada esta semana en Veracruz, utilizada para una actividad tan sofisticada como la refinación de miles de litros de crudo, ilustran el desafío que enfrenta el Gobierno de México en su guerra contra el huachicol fiscal: una compleja trama de evasión tributaria y sustracción de hidrocarburos que golpea las finanzas del país. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha ordenado intensificar la fiscalización sobre los sospechosos de participar en la venta de combustibles ilícitos. No obstante, en la cadena aún quedan eslabones fuera del radar de las autoridades, que se enfrentan a una red perfeccionada con los años y que también preocupa a Estados Unidos.

Una reforma al rol del Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con los cambios a la Ley de Hidrocarburos que entraron en vigor en marzo, permite ahora a las autoridades ejercer un mayor control sobre lo que entra, se almacena y se distribuye desde las estaciones de servicio. También les otorga la facultad de suspender de manera inmediata –y sin audiencia previa– a las empresas que importen, exporten, comercialicen, almacenen o transporten hidrocarburos, en caso de detectar irregularidades fiscales, alteraciones en los productos, contrabando o riesgos para la salud pública y el medio ambiente. En este nuevo contexto, el sector gasolinero reporta un aumento en las inspecciones y cierres, mientras que Sheinbaum informó este mes sobre el inicio de operaciones de una plataforma tecnológica que permite rastrear los combustibles “del importador hasta la estación de servicio”.

Sin embargo, este camino no siempre es tan claro. Originalmente, el término huachicol se refería a adulterar combustibles con agua o éter para la venta. Luego pasó a aludir a la extracción de los líquidos, a través del “picado” de ductos. Hoy, según organismos de seguridad en ambos lados de la frontera, acusaciones judiciales y especialistas del sector, el concepto ha mutado y engloba varias modalidades que involucran a aduanas, empresas de logística y compraventa de crudo, cárteles de narcotráfico y a Pemex.

Según el consenso de la industria, al menos un 30% del mercado doméstico proviene de esa gasolina y diésel (muchas veces no terminada) importada utilizando partidas fiscales y facturas falsas, generando pérdidas de unos 9.000 millones de dólares anuales al fisco.

“En muchos de los casos, el empresario gasolinero, quien al final expende el producto, ni siquiera sabe qué es el producto que está recibiendo, a pesar de que traiga todos los sellos porque hay una estructura muy sólida para adulterar tanto el combustible, como la documentación que es apócrifa. Desgraciadamente, ni siquiera sabe lo que tiene en su tanque de almacenamiento”, explica Ricardo Quíroz, vicepresidente del consejo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), que agrupa a las empresas que brindan servicios de construcción, operación y consultorías para los surtidores.

La última milla de comercialización tiene poca visibilidad de lo que ocurre aguas abajo. Por ejemplo, si el combustible que sale de las terminales de almacenamiento de Pemex o de alguna otra distribuidora autorizada con producto lícito, y toda la trazabilidad de facturas, en el camino es desviado y mezclado con productos ilícitos, en un esquema conocido como huachicol de carretera. También, han detectado que gran parte del diésel se vende en instalaciones de autoconsumo, es decir, puntos de venta destinados a servir a empresas que compran grandes cantidades de combustible para sus procesos, y que no tienen una regulación tan extensa sobre sus controles volumétricos. La Ampes calcula que de 20.000 instalaciones de este tipo, solo unas 500 tenían un permiso de distribuidor autorizado ante la Comisión Reguladora de Energía, que fue sustituida recientemente por el nuevo órgano de control del sector, la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Redes sofisticadas y trasnacionales

En el otro extremo de la trama está el robo y la exportación de petróleo crudo, que en muchos casos vuelve a ser importado mediante esquemas de defraudación fiscal, en un ciclo de corrupción e ilegalidades que se retroalimenta. Esta dinámica refleja también un problema de escala binacional, que desvía recursos del erario público hacia las arcas de grupos criminales.

“El robo de combustible, incluyendo el contrabando de petróleo crudo (...) es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos”, dijo en mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados, al imponer sanciones a tres supuestos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas de transporte de materiales peligrosos, acusadas de narcotráfico y robo de hidrocarburos.

La declaración del Tesoro describe el esquema criminal, dibujando un circuito que empieza en las instalaciones de producción, refinación y distribución de Pemex, continúa hasta la frontera, las aduanas e incluye a intermediarios del mercado internacional, incluye a contrabandistas y agentes financieros que ayudan a “repatriar las importantes ganancias ilícitas a los cárteles” y muchas veces termina en los vehículos de los particulares. “Estos métodos incluyen principalmente el soborno a empleados corruptos de Pemex, la perforación ilegal de tomas en oleoductos, el robo en refinerías, el secuestro de camiones cisterna y la amenaza a empleados de Pemex. El combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica”, continúa la alerta.

En un caso que destaca la relevancia que está tomando el tema para Estados Unidos, la Operación Muerte Líquida resultó en la imputación de un padre e hijo de Utah, James Jensen (68) y Maxwell Sterling (25) con cargos por lavado de dinero y contrabando, en un esquema que habría beneficiado con ganancias económicas al CJNG, grupo designado por el presidente Donald Trump como una organización terrorista, lo que eleva las penas asociadas a crímenes que lo involucren. La acusación original de los fiscales del Distrito Sur de Texas enumera 2.881 cargamentos de hidrocarburo robado en México y transportado a través de gamarras a la facilidad industrial de los Jensen, Arroyo Terminals, en la ciudad de Río Hondo en Texas. La fiscalía buscará una indemnización pecuniaria de 300 millones de dólares por el esquema, que habría empezado a funcionar en mayo de 2022, involucrando la importación ilegal de miles de millones en crudo identificado como residuos de aceites lubricantes y destilados de petróleo.

De vuelta en México, también resalta el derrame de pérdidas de Pemex, cuya recuperación aún es incierta. Hasta ahora, los casos locales no identifican a personas o entidades responsables ni exigen indemnizaciones, en un contexto en el que la petrolera estatal distribuye combustibles al 60% de las 14.000 estaciones de servicio del país, la mayoría operadas con su bandera bajo un modelo de franquicia.