Un nuevo juicio millonario por el ‘caso Oceanografía’ entorpece (aún más) la venta de Banamex

El 28 de febrero de 2014, decenas de fiscales, policías federales y funcionarios de Hacienda llegaron a la sede de la naviera Oceanografía, en las costas de Ciudad del Carmen (Campeche), a bordo de autobuses y escoltados hasta por helicópteros de la Marina. La Fiscalía embargaba la empresa, uno de los principales proveedores de servicios de perforación en altamar de Pemex, luego de que Banamex la denunció por la supuesta falsificación de las facturas con las que le canalizaba pagos provenientes de la petrolera estatal. El caso Oceanografía acaparó los titulares por la magnitud del presunto fraude (de 400 millones de dólares) y por la rudeza con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió a la compañía. La naviera fue sometida a un proceso de quiebra, y su dueño, Amado Yáñez, pasó más de dos años en la cárcel. Una década después, la historia ha dado un vuelco y ahora Citigroup, matriz del banco, ha sido acusado en Estados Unidos y México de orquestar un quebranto multimillonario contra el propietario y los acreedores de la naviera.

Los pleitos judiciales son desde el principio uno de los grandes obstáculos a los planes de Citi para deshacerse de su filial Banamex. En enero de 2022, la compañía estadounidense anunció sus planes para de venta. Sin embargo, el proceso se frustró por el enorme pasivo que significa Oceanografía, que demandó al banco el pago de 5.200 millones de dólares en daños compensatorios. La defensa legal de Amado Yáñez sostiene que altos directivos de Citigroup y Banamex, y funcionarios a cargo de Emilio Lozoya, a la sazón el director de Pemex, se confabularon para arrebatarle el control de su naviera, que llegó a ser la más grande de Latinoamérica. Finalmente, Citigroup dio reversa a sus planes de vender a un comprador directo su filial mexicana y anunció una oferta pública de venta de acciones programada para este 2025.

Ahora, a los problemas en México se ha sumado una resolución reciente de una corte de apelaciones de Florida, que encontró fuertes indicios de que, si Oceanografía cometió un fraude, en todo caso contó con la colaboración directa de Citigroup. La corte ordenó en mayo a un tribunal la reapertura de un juicio contra Citi en el que 39 acreedores de la naviera acusan al banco de haber orquestado un fraude en el que perdieron más de 1.000 millones de dólares de sus inversiones. Este diario ha contactado a un portavoz de Citigroup, que solo ha aclarado que los demandantes en Estados Unidos no han presentado nuevas denuncias contra Citi o Banamex. Sobre la pregunta de cómo la decisión de la corte de apelaciones perjudica los planes de venta de Banamex, ha declinado responder.

El golpe en Estados Unidos

Oceanografía tenía en Banamex un gran aliado financiero. El banco fungió como custodio de sus fideicomisos y asesor en dos emisiones millonarias de bonos en 2008 y 2013; también fue su asesor en la compra de una firma estadounidense, Cal Dive International, Inc., y del buque Goliat; de igual modo, ayudó a reestructurar la deuda de la naviera y redactó presentaciones para atraer inversores.

El banco adoptó un programa de líneas de crédito que le permitía entregar a los proveedores de Pemex —entre ellos Oceanografía— adelantos de dinero en función de los contratos que aquellos tenían suscritos con la paraestatal. Para hacerlo, Banamex requería estimaciones de obra que Pemex entregaba y que tenían que ser validadas por el propio banco. Los adelantos en efectivo —sujetos a altas tasas de interés— proporcionaban a los proveedores liquidez para ejecutar sus contratos, debido a que Pemex solía no pagar a tiempo. Banamex cobraba el reembolso directamente a la petrolera.

La resolución de la corte en Florida, a la que EL PAÍS ha tenido acceso, traza la manera en que Citi y Oceanografía se volvieron interdependientes. Los jueces suelen mencionar indistintamente a Citigroup y a Banamex, pues el banco es una subsidiaria que le pertenece “absolutamente”, aunque la estrategia legal de Citi ha consistido en intentar desligarse de su filial mexicana. La sentencia es una descripción de cómo no existe tal separación. Según el documento, Citigroup incrementó demasiado los adelantos de dinero a Oceanografía, a la vez que acumulaba “decenas de millones de dólares en intereses”. Tales adelantos superaban por mucho los contratos de la naviera con Pemex. La empresa de Yáñez entregó al banco sus estados financieros, reportes de sus deudas pendientes y un balance de su situación financiera general. Este es un punto clave en la demanda, pues supone que Banamex tenía acceso pleno a la información contable de Oceanografía.

Los demandantes —entre los que hay un banco que le prestó dinero a la naviera, firmas que le arrendaron buques y compradores de bonos en las emisiones de 2008 y 2013— sostienen que Citigroup “tergiversó y omitió información clave sobre la situación financiera de Oceanografía y la estabilidad y fiabilidad de la línea de adelantos de efectivo. En realidad”, indica la resolución, “Oceanografía se encontraba en una crisis financiera”. Cuando, en 2014, las autoridades mexicanas auditaron el esquema de adelantos de dinero, y Banamex acusó a la naviera de haber falsificado documentos de pago, Oceanografía comenzó una espiral que la condujo a la quiebra, llevándose entre los pies a sus acreedores. “Los demandantes alegan que, de haber sabido la verdad, nunca habrían hecho negocios con Oceanografía”, cita la resolución, y puntualiza: “La demanda alega que Citigroup instigó el plan fraudulento de Oceanografía para beneficiarse económicamente del pago de intereses y comisiones”.

Al destaparse el escándalo, el entonces director ejecutivo de Citi, Michael Corbat, anunció el despido de un empleado directamente involucrado en el “fraude” y a otros once trabajadores, incluidos cuatro directores generales en México, quienes estuvieron sujetos a procesos penales en este país. Años después, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) multó a Citi por sus deficientes controles contables internos en las líneas de adelantos. Citigrup ha intentado aislar el caso y limitarlo a la responsabilidad personal de unos cuantos empleados, pero los acreedores de Oceanografía buscan escalar las conexiones del banco con el fraude a los mayores niveles. “Las declaraciones de Corbat, junto con las medidas correctivas posteriores de Citigroup, son suficientes para demostrar de forma plausible que los empleados y agentes de Citigroup conocían el fraude”, concluyen los jueces.

El capitán y su naufragio

En abril de 2020, Yañez denunció ante la Fiscalía las presiones de parte de Emilio Lozoya para presuntamente arrebatarle Oceanografía. Los contactos, según su relato, al que ha tenido acceso EL PAÍS, comenzaron en junio de 2013 a través de Arturo Henríquez Autrey, que era director de Abastecimiento de Pemex y mano derecha de Lozoya. La primera proposición fue que les pagara una comisión del 20% de los contratos de su empresa con Pemex. El entonces jefe de Oceanografía rechazó la petición, siempre de acuerdo con su denuncia. Meses después, Henríquez Autrey le dijo en otra reunión que Lozoya pedía ahora la mitad de un negocio que Yáñez estaba por cerrar para la adquisición de embarcaciones noruegas. El capitán de la naviera volvió a oponerse.

Por entonces, Lozoya comenzó a enviar a empresarios para preguntarle a Yáñez cuál era el precio de su lucrativa compañía —que no estaba a la venta. Según cifras de Yáñez, Oceanografía, fundada en 1963, facturaba 1.000 millones de dólares al año y estaba valuada en 3.500 millones de dólares. El presidente de la firma volvió a rechazar los ofrecimientos. Dinero no le faltaba. Era dueño de una enorme fortuna, parte de la cual escondía en paraísos fiscales. Las negativas de Yáñez condujeron a Lozoya a pasar a la fuerza bruta. La contraloría de Pemex inició una auditoría de los contratos de Oceanografía con la petrolera, que derivó en el documento por el que la Función Pública inhabilitó a la naviera y que destaparía el supuesto fraude con las facturas en Banamex.

Lozoya y sus allegados le dieron a Yáñez una última oportunidad para reconsiderar. Era 14 de febrero de 2014, Día de la Amistad. Henríquez Autrey le dijo esta vez que debía transferir el 90% de las acciones de Oceanografía a testaferros de Lozoya, quienes se harían cargo de la compañía. Yáñez compró tiempo. Fue a Miami, Florida, a pedir ayuda a sus contactos en la industria. Hasta allá viajó otro enviado de Lozoya, Alejandro Moreno, Alito, el 25 de febrero. Alito, que entonces era diputado federal del PRI y contendía por la gubernatura de Campeche, le llevó un borrador del contrato para que firmara la cesión del 90% de la compañía. Alito, que actualmente es senador y dirigente de su partido, le recomendó aceptar el trato para que “dejara de tener problemas”, según relata a este diario el entorno de Yáñez. Ya desde entonces Alito Moreno negó estar vinculado al empresario.

Lozoya pretendía asumir Oceanografía a través de una compañía fachada en la que él era accionista junto a Rodrigo Arteaga, su secretario particular. Como Yáñez no cedió a las últimas advertencias, ocurrió el pistoletazo. Banamex denunció a Oceanografía y luego vino el embargo de la PGR. Yáñez denunció ante la Fiscalía reuniones entre Lozoya, Henríquez Autrey y el entonces director general de Banamex, Javier Arrigunaga, además de representantes de Hacienda y el IMSS, donde “todos los participantes se pusieron de acuerdo en cómo presionar para que se accediera a lo que ellos buscaban, que era quedarse con la propiedad de la empresa”.

Para detener la maquinaria en su contra, Yáñez fue forzado a entregar el club de futbol Querétaro. Se emprendió una exhaustiva revisión de las cuentas del empresario, que fue acusado por la PGR de blanqueo de capitales y enviado a prisión. Para entonces, Hacienda ya había tomado el control de Oceanografía. Pronto se inició un concurso mercantil y, dos años después, se declaró la quiebra de la compañía, que pasó a tener un valor prácticamente de cero pesos.

Yáñez estuvo más de dos años en la cárcel. Consiguió su libertad tras firmar un acuerdo que le puso sobre la mesa el entonces titular de la UIF, la agencia antilavado, Alberto Bazbaz, según el entorno del empresario. El trato consistía en devolverle Oceanografía, con una condición: que se comprometiera a no denunciar a ningún funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto en México o Estados Unidos. Yáñez aceptó los términos y al poco salió de prisión, en abril de 2017.

El empresario rompió el silencio tres años después, cuando denunció a Lozoya, a Citigroup y a Banamex. Al banco le acusa de haberse quedado con 85 millones de dólares por concepto del IVA que debió trasladar a las cuentas de Oceanografía tras captar los pagos de Pemex, dinero que, presuntamente, nunca apareció. Yáñez también denuncia que, en el periodo en que la firma estuvo administrada por el Gobierno, Pemex pagó a Banamex 5.300 millones de pesos de las cuentas por cobrar de Oceanografía, que el banco, supuestamente, tampoco depositó a la empresa. La defensa legal de Yáñez afirma que ese dinero pudo haber ido a parar a los bolsillos de Lozoya, actualmente en prisión domiciliaria por la trama de corrupción de Odebrecht.

Casi a la par que sucedía la catástrofe de Oceanografía, el director de Pemex aplicó la misma fórmula —forzar la quiebra de una compañía para apoderarse de ella— con otros contratistas de la paraestatal. Fue el caso de Grupo Evya, el segundo gran proveedor de Pemex. Los problemas de esta naviera comenzaron cuando Citigroup la denunció por un fraude en el esquema de los adelantos.