Estados Unidos apunta a las redes de políticos corruptos que ayudan a los carteles de la droga

La Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dirigirá ahora su aparato de persecución criminal a las redes de funcionarios extranjeros corruptos que colaboran con los carteles de la droga. También se centrará en el desmantelamiento de las redes de compañías fachada que utiliza el narco para el blanqueo de recursos ilícitos. Se trata del siguiente paso en la estrategia endurecida de Trump contra las agrupaciones del crimen organizado, luego de haber designado a ocho carteles —seis de ellos mexicanos— como organizaciones terroristas. Esta nueva política contra los delitos de cuello blanco, si bien no está dirigida específicamente a México, implica que en el futuro Washington no solo persiga a los capos de la droga, sino que comience a reclamar a su vecino del sur, o de cualquier país, una actuación más contundente contra funcionarios públicos corruptos.

La nueva estrategia fue dada a conocer esta semana por la oficina del fiscal general adjunto de EE UU, Todd Blanche. El funcionario ha señalado en un memorando cuáles serán las nuevas directrices para aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que había entrado en una pausa temporal con el inicio de la Administración Trump. El documento, enviado el 9 de junio al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, establece una lista de condiciones que debe cumplir un presunto delito para que se inicie una investigación criminal al amparo de esa ley. En lo referente a los carteles del narcotráfico, la directriz del vicefiscal Blanche señala que se deben “priorizar las investigaciones relacionadas con sobornos en el extranjero que faciliten las operaciones de los carteles y organizaciones criminales transnacionales”.

El memorando sostiene que el dominio de los carteles y otras organizaciones transnacionales produce inestabilidad y violencia, y “erosiona el imperio de la ley y el crecimiento económico”. Por ello, indica, buscar la erradicación de esas agrupaciones criminales “requerirá el esfuerzo sostenido de perseguir a sus socios corruptos y desmantelar los mecanismos financieros y compañías fachada usadas por esas redes criminales”. El vicefiscal Blanche refiere que, para emprender una investigación con apego a la FCPA, se debe cumplir alguno de tres supuestos: que el presunto delito esté vinculado a las operaciones criminales de un cartel u organización transnacional; que se utilicen empresas fachada conectadas con el blanqueo de recursos de los carteles; o que se vincule a empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que hayan cobrado sobornos de los carteles.

En febrero, el presidente Trump declaró como organizaciones terroristas al Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Carteles Unidos, el Cartel del Noroeste, el Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Una de las consecuencias de esa declaratoria era reforzar las herramientas de EE UU para golpear las redes financieras que soportan las operaciones diarias de los criminales. También se ampliaron las facultades de Washington para el uso directo de la fuerza, lo que detonó la polémica en torno a qué tanto Estados Unidos podría vulnerar la soberanía de México en aras de hacer cumplir la estrategia de Trump contra los carteles.

La jurista Estefanía Medina, directora de la organización de litigio Tojil, explica que el memorando del vicefiscal Blance es una guía de aplicación de la FCPA a nivel mundial, pero que tendrá efectos concretos para México en casos relacionados con el sector público, empresarial y financiero. “Desde luego, si los asuntos que tengan que ver con carteles que caigan dentro de estos supuestos van a ser la prioridad número uno, y hay seis carteles mexicanos señalados como terroristas, es obvio que, por razones prácticas, algunos casos van a estar relacionados con México. Pero es más una cuestión práctica; no me parece un mensaje deliberado hacia México”, explica Medina en entrevista desde Washington.

La política reforzada de Trump contra los delitos de cuello blanco no solo se centra en el combate a las redes de apoyo al narco: también se perseguirá a las empresas y funcionarios que afecten la libre competencia y menoscaben las oportunidades de inversión de las firmas estadounidenses. Por considerar que la expansión de sus negocios en el exterior y buscar la prosperidad económica es un asunto de seguridad nacional, EE UU actuará contra los “competidores corruptos” que sobornen a funcionarios públicos para obtener contratos y beneficios ilícitos, y pongan en desventaja a las corporaciones norteamericanas, de acuerdo con el memorando del vicefiscal Blanche.

Las noticias sobre un supuesto interés de Washington de actuar contra la narcopolítica mexicana llevan varios meses en el aire, sin que haya confirmación oficial al respecto. Esta semana, Reuters publicó que la Administración Trump ha pedido expresamente a funcionarios de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, investigar a políticos con posibles vínculos al narcotráfico y extraditarlos a EE UU en caso de ser necesario. En esas conversaciones, según el medio británico, se ha exigido a las contrapartes mexicanas emprender acciones incluso contra políticos de Morena, el partido oficialista.

El Gobierno de Sheinbaum ha negado que Estados Unidos haya hecho esas peticiones. Hace unas semanas, Propublica publicó también que Washington estaba preparando una lista con nombres de “varias decenas” de políticos a los que les impondría restricciones para viajar a su país por estar vinculados a la “corrupción derivada del narcotráfico”. Más allá de que EE UU tenga a personajes puntuales en la mira, Trump sí ha declarado que los carteles del narcotráfico dominan amplias zonas del territorio mexicano y que el Gobierno de Sheinbaum “tiene miedo” de actuar contra ellos.