Sheinbaum anuncia la creación de un órgano técnico para administrar los permisos de radio y televisión

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anunciado la creación de un órgano técnico y especializado que tendrá la encomienda de administrar los permisos de radio y televisión. Dicho organismo dependerá de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pero tendrá autonomía para gestionar las concesiones del espectro radioeléctrico. Los cambios, según ha adelantado la mandataria en su conferencia Mañanera, se incluyen en su proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que el Congreso se alista para aprobar en un periodo extraordinario en unas semanas. El oficialismo detuvo su aprobación tras la polémica causada por el borrador inicial, en el que el Ejecutivo concentraba demasiadas atribuciones en un asunto que, si bien es técnico, tiene trasfondo político, pues el espectro radioeléctrico es, ni más ni menos, la gran autopista por la que circulan las comunicaciones y la información.

Sheinbaum ha detallado este jueves que el nuevo órgano estará conformado por ciudadanos. En los hechos, la propuesta de la mandataria supone un retorno al modelo de organismo especializado, integrado por ciudadanos independientes, que tiene a su cargo un asunto técnico, como lo es la gestión del espectro radioeléctrico. El propio oficialismo extinguió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que tenía esas características, como parte de una reforma que desapareció las instituciones autónomas, señaladas de obsoletas y costosas. “Se incorpora también [en la iniciativa] que quien otorga concesiones, quien revise concesiones, etcétera, sea un organismo dentro de la Agencia [ATDT], en donde participen ciudadanos, que no sea solo el servidor público quien dé su opinión, sino que sea un grupo de ciudadanos que pueda dar su opinión, que son cinco”, ha explicado la mandataria.

El Gobierno preparaba desde el año pasado un proyecto de Ley de Telecomunicaciones. Su procesamiento se precipitó luego de que Televisa, uno de las principales empresas de radio y televisión, emitió en sus programas de mayor audiencia anuncios que formaban parte de la campaña antiinmigrante del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Sin embargo, la urgencia de prohibir la transmisión de propaganda extranjera en los medios masivos estaba enviando a segundo plano el debate en torno a aspectos técnicos y políticos que merecían mayor reflexión, como la gestión del espectro radioeléctrico, la asignación de permisos de explotación a las empresas y el derecho de la ciudadanía a la cobertura y acceso a internet y telefonía.

Sin que la presidenta estuviera al tanto, en el proyecto de ley se incluyeron algunos artículos ambiguos que motivaron las acusaciones de la oposición de que el Gobierno pretendía controlar los contenidos de radio, televisión e internet. La mandataria también escuchó advertencias sobre posibles violaciones al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, y sobre lagunas que daban ventaja a ciertos empresarios del mercado de las telecomunicaciones. Sheinbaum pidió entonces frenar la aprobación de la ley, que se encarrilaba para pasar en el Congreso en cuestión de días, y debatir el proyecto en foros públicos con la participación de académicos y empresarios.