El Tribunal Penal Internacional juzgará al expresidente filipino Duterte por crímenes contra la humanidad
Los jueces imputan al exmandatario la muerte de al menos 78 personas, de las miles que perdieron la vida durante las sucesivas campañas antidroga entre 2013 y 2018
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, de 81 años, será juzgado por tres cargos de crímenes contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional (TPI). El organismo, que ha anunciado este jueves su decisión, sostiene que Duterte cometió esos crímenes durante las sucesivas campañas contra las drogas que presuntamente supervisó entre 2013 y 2018, primero como alcalde de la ciudad de Davao (2013-2016) y luego desde la presidencia del país (2016-2022).
Los tres magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal han concluido, por unanimidad, que hay “motivos fundados” para creer que el expresidente filipino es penalmente responsable de esos delitos, y por ello lo envían a juicio. Detenido en Manila en marzo del año pasado, Duterte fue trasladado ese mismo mes a La Haya, sede del TPI.
Un informe de Naciones Unidas publicado en 2020 concluyó que la mayoría de las víctimas de esos crímenes fueron varones jóvenes y pobres de zonas urbanas, y denunció que la policía no necesitaba órdenes para efectuar detenciones o registros domiciliarios. Las cifras oficiales del Gobierno filipino recogen que hubo al menos 6.200 muertes. Las organizaciones de derechos humanos hablan de cerca de 30.000.
Una vez fuera de la presidencia, Duterte declaró en el Congreso filipino: “Lo hice por mi país y por los jóvenes”. “No tengo nada que ocultar”, dijo. Y añadió: “Sin excusas, sin disculpas. Si voy al infierno, que así sea”. El expresidente asumió de nuevo su responsabilidad en un primer mensaje desde la cárcel. Sus abogados alegan que la guerra contra las drogas fue “en defensa propia”.
Los tres cargos contra Duterte comienzan en la ciudad de Davao, durante su mandato como alcalde. Allí, entre 2013 y 2016, se le relaciona con la muerte de 19 personas, “bien como coautor indirecto o por haber ordenado y/o inducido los crímenes”, según el auto judicial. El segundo cargo cuenta al menos 14 víctimas entre 2016 y 2017, en distintos lugares de Filipinas cuando ya era presidente. Se añade complicidad a la autoría. El tercero incluye asesinato y tentativa de asesinato de al menos 45 personas entre 2016 y 2018, en las mismas condiciones de responsabilidad penal.
En marzo de 2018, Duterte anunció la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el texto fundacional del TPI. Lo hizo un mes después de que este organismo pusiera en marcha un estudio preliminar sobre la situación del país. Para evitar el escrutinio del tribunal, formalizó la salida en 2019, pero el TPI retiene la jurisdicción por lo ocurrido en el país cuando sí formaba parte del tratado.
Los jueces consideran que permitir a un Estado eludir sus responsabilidades, cuando ya se han iniciado las investigaciones, es incompatible con su objetivo principal: evitar la impunidad por los mayores crímenes de la justicia internacional.
Duterte fue detenido en marzo de 2025 después de que el TPI emitiera una orden de arresto. El tribunal carece de policía propia, pero Filipinas es miembro de Interpol, de modo que la Organización Internacional de Policía Criminal pidió el arresto en su nombre. El TPI solo actúa cuando la justicia de sus 125 Estados miembros no quiere o no puede hacerlo, pero Duterte considera lo sucedido un secuestro. Sus abogados han impugnado la jurisdicción del tribunal y han pedido la puesta en libertad del expresidente, al menos de forma provisional, por razones humanitarias. Aducen que no está en condiciones físicas o mentales de afrontar un juicio de esta magnitud. Los jueces han rechazado ambos supuestos ante el riesgo de fuga.
El TPI ofrece a las víctimas supervivientes y a sus familias la posibilidad de participar en las actuaciones como testigos, y 539 han sido autorizados a hacerlo en este caso. También pueden ser beneficiarios de compensaciones. Duterte está internado en el Centro de Detención del TPI en Scheveningen, el distrito costero de La Haya.
El TPI afronta su momento más difícil debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios por las investigaciones llevadas a cabo en Israel y Afganistán. Y después de que el tribunal emitiera en 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
