El monumental desafío de Péter Magyar para desmantelar la Hungría capturada por Orbán

Péter Magyar logró la proeza política de derrotar al primer ministro nacionalpopulista Viktor Orbán el domingo pasado. Orbán y su partido, Fidesz, habían construido un búnker a costa del deterioro del Estado de derecho. Durante 16 años de hegemonía absoluta tomaron el control de todos los poderes del Estado. “El pueblo húngaro no votó por un simple cambio de Gobierno, sino por un cambio completo de régimen”, proclamó Magyar ante una multitud eufórica. La tarea es monumental.

Orbán no solo controlaba las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder; también la economía, los medios de comunicación y centros de pensamiento. “Este país fue secuestrado. Es un Estado capturado”, afirmó Magyar aquella noche histórica.

Irónicamente, el arma que Orbán había afinado con más de 300 reformas legislativas para atrincherarse, se volvió en su contra. Gracias a un sistema electoral enormemente desproporcional, Magyar obtuvo una supermayoría parlamentaria de dos tercios. Con los 141 escaños de los 199 de la Cámara, puede revertir el marco jurídico construido a medida por Fidesz. Tisza, su partido, logró un récord con más de 3,3 millones de votos y una participación cercana al 80%. Tiene la legitimidad y el mandato explícito de desmantelar el sistema construido por Orbán.

Bálint Magyar, exministro de Educación e investigador en la Universidad Centroeuropea (CEU, por sus siglas en inglés), explica que “con una mayoría de dos tercios, Magyar puede hacer lo que quiera jurídicamente”. En su despacho en el centro de Budapest detalla que el nuevo primer ministro, que tomará posesión en mayo, puede reformar la Constitución o aprobar una nueva. También dispone de la posibilidad de derogar o enmendar con su mayoría cualificada las leyes cardinales. Son normas que constituyen el núcleo del blindaje institucional de Fidesz y regulan el sistema electoral, el poder judicial, la fiscalidad, los medios o las autoridades independientes.

Orbán se aseguró el control de las instituciones que deben ejercer de contrapoder. Situó al frente de la jefatura de Estado, del Tribunal Supremo (Kúria) o la Fiscalía General a personas fieles con mandatos en algunos casos de hasta nueve años. En la noche electoral, Péter Magyar les mandó un mensaje: si no dimiten, forzará su cese. No es tan sencillo.

El primer ministro electo se reunió el martes con el presidente, Tamás Sulyok, y le pidió lo que ya había avanzado en la noche electoral: que tras la formación de Gobierno, se marche con la “poca dignidad que le quede”. El jefe de Estado tiene un papel ceremonial, pero entre sus pocas competencias está la sanción de las leyes. La Comisión Europea, para desbloquear los 18.000 millones de euros congelados a Hungría por el deterioro sistemático del Estado de derecho de Orbán, quiere ver reformas legislativas, no solo promesas, como ocurrió en Polonia.

Por ahora ninguno de estos altos cargos ha dado muestras de querer dejar sus puestos voluntariamente, como recoge 24.hu. Si no dimiten, el profesor Magyar (sin relación con el líder de Tisza), sostiene que podrían ser destituidos “alegando que su actuación no estaba en consonancia con sus obligaciones constitucionales”. En última instancia, afirma el experto, se les puede vaciar de competencias.

Csaba Gyory, profesor de derecho de la Universidad ELTE, explicó en un seminario online de Democracy Reporting International esta semana que el derecho europeo introduce limitaciones al cese de los jueces. Esto complicaría la sustitución del presidente de la Kúria, András Varga, o de los miembros del Tribunal Constitucional.

En la conversación, el profesor apuntó más allá del corto y medio plazo y señaló la necesidad de abrir un debate sobre “cómo reformar el sistema electoral y el propio procedimiento de reforma constitucional para evitar que vuelva a producirse un blindaje de poder como el actual”. Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki, abogó en ese encuentro por un nuevo estilo de gobierno que facilite la “contribución política legítima de la ciudadanía y la sociedad civil”. Para empezar, la abogada y activista espera ver el “desmantelamiento de la Oficina de Protección de la Soberanía y la legislación que ha supuesto una amenaza y un obstáculo para la sociedad civil”.

La maquinaria de propaganda

Magyar ha empezado a apuntar a la maquinaria de propaganda y pensamiento puesta en marcha por Fidesz. De un lado, están los medios de comunicación. Este martes anunció en su primera intervención en la televisión pública en un año y medio que su Gobierno suspenderá los informativos de esa cadena hasta garantizar un servicio público imparcial. El entramado de cientos de medios privados pro-Fidesz alimentados con dinero público —y que suponen el 80% del ecosistema mediático— se puede asfixiar financieramente cortando el grifo de la publicidad institucional que les alimenta, opinan los expertos.

Ocurre lo mismo con la constelación de think tanks que trabajaban al servicio de Orbán, para amplificar su influencia en la élite ultraconservadora no solo húngara, sino global. El nuevo Gobierno planea privarles de la financiación pública. El más poderoso de ellos es el Mathias Corvinus Collegium (MCC), al que Orbán concedió un 10% de las acciones de la petrolera MOL y la farmacéutica Gedeon Richter. Este pasado jueves, Magyar advirtió al presidente de MOL que no le transfiera los dividendos aprobados dos días antes de las elecciones.

El poder de Orbán en la economía será más complicado de revertir. “Realmente vaciaron el país en todos los sentidos”, afirma Magyar. Primero “extrajeron” miles de millones de euros públicos de las cuentas del Estado que destinaron “a distintos fondos privados vinculados al presidente del Banco Nacional de Hungría y a su hijo”, afirma. A la vez, se apropiaron de los fondos de pensiones privados mientras infradotaron la sanidad, junto con la educación y los servicios del Estado de bienestar.

La Hungría de Orbán contó además con una decisiva fuente de ingresos: los fondos europeos, canalizados a través de contratos públicos, inversiones estatales y adjudicaciones. Fue así como empresarios próximos al dirigente nacionalpopulista, incluidos miembros de su familia, “construyeron su propio clan: una red clientelar de patronazgo en la economía”, afirma el economista.

En paralelo, el Estado construyó una arquitectura fiscal diseñada para desplazar el coste social del saqueo. Implementó una tarifa plana para el impuesto sobre la renta. A la vez, elevó el IVA, más invisible como gravamen, al 27%, el más alto de la UE, e impuso impuestos especiales a algunos sectores que impactaron de forma indirecta en los precios. Mientras, “se concedían dádivas del Gobierno, personalizadas como regalos de Orbán”, a ciertos colectivos. “Políticamente, revertir esa situación no resulta nada fácil”, explica Magyar.

Empresas financiadas por el Estado

Aunque la fuente de ingresos que representan los fondos europeos esté cerrada desde 2022, las empresas del Sistema de Cooperación Nacional (NER, en sus siglas en húngaro) creado por Orbán, se siguen alimentado de la contratación pública. Jozsef Péter Martin, director ejecutivo de Transparencia Internacional, opina que “si se corta esa financiación, muchas de estas empresas quebrarían, y eso no sería un gran problema. Sin embargo, hay algunas a las que no se puede empujar a la quiebra, porque afectaría al conjunto de la economía”.

Un ejemplo es el gran holding bancario que pertenece a Lorinc Mészáros, un amigo de infancia de Orbán convertido en la persona más rica del país. “No se puede permitir que quiebre, porque contagiaría a todo el sistema financiero”. Otro caso es 4iG, un gran conglomerado empresarial que controla prácticamente todo el sector de defensa y puede acceder a fondos europeos a través del programa SAFE. “No existe una solución sencilla a este problema”, concluye Martin.

Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el viernes a Budapest para comenzar a trabajar en liberar el dinero europeo. Una parte de ellos, los fondos de recuperación, caducan a finales de agosto. Hungría debe cumplir 27 condiciones para acceder a ellos.

Magyar ha prometido que el país se unirá a la Fiscalía europea, que reforzará la investigación de delitos de fraude o que creará una oficina de recuperación de bienes estatales transferidos a fundaciones, como las que controlan las universidades. Pero además de la corrupción, la Comisión exigió a Orbán compromisos para salvaguardar los derechos del colectivo LGTBI y los refugiados. Sobre los primeros, Magyar dejó ver el domingo un cambio de postura. En cambio, no se baja de la línea dura antiinmigración de Orbán.

El retorno del Estado de derecho y los valores europeos en Hungría ha centrado esta semana el debate público entre académicos, jurídicos y sociedad civil. El nuevo Gobierno tendrá que sortear las minas que le ha plantado Fidesz. Pero tiene de su lado el instrumento de la mayoría cualificada y la legitimidad que le ha otorgado una ciudadanía que clama por el cambio.