El Gobierno de Myanmar reduce la condena de cárcel de la exlíder y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi

El Gobierno de Myanmar (la antigua Birmania) ha reducido este viernes la condena de cárcel que cumple la exlíder del país Aung San Suu Kyi, dentro de una amnistía general que ha beneficiado a 4.335 presos. El actual presidente, Min Aung Hlaing, que llegó al poder en 2021 con un golpe de Estado —con el que depuso a Suu Kyi—, fue aupado formalmente a ese cargo hace dos semanas por un Parlamento dominado por los militares y tras unas elecciones sin participación de la oposición.

Suu Kyi cumplía una pena de 27 años de cárcel. Según las primeras declaraciones de su abogado a la agencia Reuters, la pena es rebajada ahora en un sexto, lo que equivaldría a unos cuatro años y medio menos de cárcel. De confirmarse esa reducción, la condena final quedaría en 22 años y medio de prisión. Suu Kyi, que recibió el Nobel de la Paz en 1991, tiene 80 años. Su letrado ha señalado que no está claro aún si le permitirá cumplir la pena en arresto domiciliario.

En 2021 la líder birmana ejercía el cargo de consejera de Estado, equivalente a primera ministra o jefa de Gobierno. El entonces presidente y aliado de Suu Kyi, Win Myint, también encarcelado tras el golpe de Estado, es uno de los presos liberados con la amnistía, según los medios birmanos.

La política y activista birmana fue condenada por diferentes delitos (corrupción, fraude electoral y violación de la ley de secretos de Estado) que, según sus partidarios y aliados, obedecían únicamente al intento de mantenerla alejada del poder.

El exlíder de la junta militar y actual presidente de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, ha aprobado además una amnistía para 4.335 prisioneros, según ha informado también en esta jornada la televisión estatal, en la que es la tercera medida de ese tipo de los últimos seis meses. Las amnistías suelen concederse en Myanmar cada año para conmemorar el Día de la Independencia en enero y el Año Nuevo en abril.

Min Aung Hlaing dio un golpe militar el 1 de febrero de 2021 contra el Gobierno elegido democráticamente que lideraba Suu Kyi, lo que sumió a Myanmar en el caos. El pasado 3 de abril, y tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin participación de la oposición, el militar fue nombrado presidente por el Parlamento.

Una organización birmana de derechos humanos, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, calcula que más de 30.000 personas han sido detenidas por cargos políticos desde que el ejército dio esa asonada hace cinco años. Además de Suu Kyi y el expresidente Win Mynt, muchos militantes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), han sido arrestados en este tiempo. También manifestantes e integrantes de milicias que se opusieron a la junta militar. Más de 14.300 personas estaban hasta ahora encarceladas por motivos políticos, de acuerdo con esa organización.

La amnistía aprobada este viernes incluye también la conmutación de sentencias de muerte a cadena perpetua y de cadena perpetua a 40 años, así como reducciones de una sexta parte de sus penas para otros presos además de Suu Kyi.

Represión interna

La Nobel de la Paz lideró a lo largo de dos décadas el movimiento democrático que surgió contra la dictadura que gobernó Birmania durante medio siglo (1962-2011). En 2016 su partido el LND, ganó las elecciones y ella fue nombrada consejera de Estado, líder del Gobierno. En noviembre de 2020 el LND revalidó esa victoria. Pero apenas unos meses después, el 1 de febrero de 2021, el ejército birmano declaró fraudulentos los resultados de esos comicios y Suu Kyi fue detenida junto con otros líderes de la LND. Desde entonces ha estado en prisión o en arresto domiciliario.

Su detención provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de Myanmar. La respuesta militar fue inmediata: las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados y detuvieron a miles de opositores, lo que acabó empujando a parte del movimiento prodemocrático a organizarse en milicias armadas en los meses posteriores.

Suu Kyi fue condenada inicialmente a 33 años de prisión —su sentencia se redujo luego a 27 años— después de una sucesión de procesos judiciales carentes de garantías judiciales, según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos.

Ampliamente respetada por la comunidad internacional por su lucha de décadas por la democracia en Myanmar, la política y activista había perdido ya para entonces parte de ese crédito por su silencio sobre la persecución de la minoría musulmana rohinyá en el país.

Myanmar, una nación que ronda los 55 millones de habitantes, está sumida en una profunda crisis que combina guerra civil, colapso institucional y deterioro económico. Naciones Unidas calcula que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria. La inestabilidad política y la violencia han generado una drástica caída de la inversión extranjera directa y la moneda se ha depreciado, lo que también ha provocado una grave crisis financiera.