El líder de la junta militar birmana asciende a presidente, cinco años después del golpe de Estado

Min Aung Hlaing, el general que hace cinco años encabezó el golpe de Estado que puso fin a la frágil apertura democrática de Myanmar, y sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, ha dado este viernes un paso más en la consolidación de su poder. El hasta ahora líder de la junta militar que ha gobernado con puño de hierro la antigua Birmania durante este lustro ha sido elegido 11.º presidente del país, en una votación parlamentaria sin sorpresas. La maniobra, que sigue a unas elecciones sin oposición real, culmina un proceso diseñado para dar apariencia institucional a un poder que fue conquistado por la fuerza.

La votación de este viernes era el último paso en una hoja de ruta trazada de antemano con un doble objetivo: afianzar el control interno y tratar de lograr reconocimiento internacional para romper con el aislamiento exterior. Min Aung Hlaing, de 69 años, ha obtenido 429 de los 584 votos en una cámara dominada por los militares, mientras que los otros dos aspirantes han pasado a ocupar las vicepresidencias. El Parlamento, que no se reunía desde hacía cinco años, ha sido configurado a medida tras unos comicios celebrados únicamente en zonas bajo control castrense, con la oposición proscrita y sus líderes encarcelados o en la clandestinidad.

El general busca ahora proyectarse como un jefe de Estado civil. A comienzos de semana, dejó el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un puesto que había ocupado desde 2011 y desde el que dirigió tanto el golpe de 2021 como la represión posterior que, según Naciones Unidas, dejó miles de civiles muertos y decenas de miles de detenidos.

Analistas y críticos del régimen coinciden en que el cambio es de forma, pero no de fondo, y alertan de que no se esperan modificaciones en la dirección política ni en la estrategia militar. Como presidente, Min Aung Hlaing mantendrá previsiblemente la misma estrategia de mano dura frente a las milicias prodemocráticas y los grupos armados étnicos, que controlan cerca de la mitad del territorio.

La prioridad de la junta en estos cinco años ha sido aplastar la oposición surgida tras el golpe; y el relevo al frente del ejército deja pocas dudas sobre que se continuará en esa dirección. El nuevo comandante en jefe es Ye Win Oo, antiguo responsable de la inteligencia militar y considerado uno de los hombres de mayor confianza del nuevo presidente. Organizaciones de derechos humanos aseguran que su figura ha estado vinculada a la red de centros de interrogatorio donde miles de presos políticos han sido torturados desde el golpe de Estado. También participó en la detención en la madrugada de la asonada de Aung San Suu Kyi, la entonces líder civil elegida en las urnas.

El origen de la crisis en esta nación del sudeste asiático se remonta al 1 de febrero de 2021, cuando el ejército anuló el resultado de las elecciones de 2020, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, y declaró el estado de emergencia alegando fraude electoral sin pruebas concluyentes.

La activista y premio Nobel de la Paz de 1991, de 80 años, lideró durante dos décadas el movimiento democrático que surgió contra la dictadura que gobernó Birmania durante medio siglo (1962-2011). Su arresto provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de todo el país, pero la respuesta militar fue inmediata. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados y detuvieron a miles de opositores, lo que acabó empujando a parte del movimiento prodemocrático a organizarse en estructuras armadas en los meses posteriores.

Suu Kyi lleva cinco años encarcelada y está condenada a 33 años de prisión en una sucesión de procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos consideran políticamente motivados y carentes de garantías judiciales. Asimismo, más de 14.300 personas continúan encarceladas por motivos políticos, de acuerdo con la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que monitorea la situación.

Myanmar, una nación que ronda los 55 millones de habitantes, atraviesa en la actualidad una profunda crisis que combina guerra civil, colapso institucional y deterioro económico. Naciones Unidas estima que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria. La inestabilidad política y la violencia han generado una drástica caída de la inversión extranjera directa y la moneda se ha depreciado, lo que también ha provocado una grave crisis financiera.

El paso de Aung Hlaing hacia la presidencia busca facilitar una eventual normalización de su país en el exterior. Myanmar sigue sometida a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y es muy dependiente de sus socios China y Rusia. El margen de maniobra, sin embargo, es muy reducido. Sobre el general pesa una creciente presión judicial por su papel en la campaña contra la minoría rohinya en 2017, que obligó a huir a más de 740.000 personas y fue descrita por Naciones Unidas como una limpieza étnica con rasgos de genocidio. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha solicitado su arresto.