Irán se aferra a enriquecer uranio con las promesas rotas de Occidente en la memoria

El Plan de Acción Integral Conjunto (o JCPOA por sus siglas en inglés) de 2015, el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales que Donald Trump abandonó en 2018, logró en sus tres años de vida plena garantizar lo que ni las amenazas, ni la guerra, ni tampoco la breve negociación de paz del sábado en Islamabad han conseguido ahora. Entonces, después de diez años de mediación europea, dos años de negociaciones y la rúbrica de ese pacto, Teherán abrió sus instalaciones nucleares a un estricto régimen de inspecciones internacionales, eliminó el 97% del uranio altamente enriquecido que tenía y se comprometió a no enriquecer ese mineral por encima del 3,75% (lo necesario para producir electricidad, pero no armas nucleares), a cambio del alivio de las sanciones internacionales.

El abandono unilateral de ese pacto que el presidente de Estados Unidos abocó a la agonía cuando Irán lo cumplía escrupulosamente, según reconoció el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), no es la única promesa que Teherán considera rota por Occidente. Otros acuerdos anteriores, como el de proporcionar uranio enriquecido al país asiático, que se frustraron tras la proclamación de la República Islámica en 1979, también pesan en el ánimo de un país que considera ahora que producir por sí mismo ese combustible nuclear es un “derecho soberano e inalienable”. Tras las negociaciones de Islamabad el sábado, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en su red social Truth: “Solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A ABANDONAR SUS AMBICIONES NUCLEARES!”. En ese texto, Trump no mencionó otro escollo mayor: el crucial bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Irán lleva décadas afirmando que enriquece uranio para usos civiles, especialmente para producir electricidad, y siempre ha negado el propósito de convertirse en potencia atómica. Insiste en que es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que restringe la posesión de ese tipo de armamento a cinco potencias (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China) y las veta al resto de sus firmantes. Teherán también señala la doble vara de medir de un Occidente que no sanciona a países como la India, Pakistán y, sobre todo, Israel, que tienen armas atómicas fuera de ese marco. Ni ellos ni otras potencias nucleares, como Corea del Norte, han firmado el TNP.

Ni esos argumentos ni la fetua (edicto) emitida en 2003 por el anterior líder supremo, Ali Jameneí, en la que prohibía las armas nucleares por ser contrarias al islam, han convencido a Washington, que sigue creyendo que Teherán enriquece uranio para dotarse de bombas atómicas. Antes de la reunión del sábado en Pakistán, la delegación iraní anunció un gesto de distensión al asegurar que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, en paradero desconocido, se ha comprometido a respetar ese edicto religioso, que muchos daban ya por enterrado después de que Israel y Estados Unidos mataran a Jameneí padre con un bombardeo el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Este guiño no parece haber surtido efecto alguno. Estados Unidos sigue exigiendo a Irán que le entregue los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% —cercano al 90% que precisan las bombas atómicas— que se cree siguen enterrados a gran profundidad en las plantas de Isfahán o Natanz, ambas en el centro de Irán. Esas instalaciones fueron bombardeadas en los 12 días de ataques de Israel, a los que se sumó Estados Unidos, contra el país asiático en junio del año pasado.

Sobre todo, Washington reclama lo que se conoce como “el enriquecimiento cero”: que Irán renuncie a producir combustible nuclear. Un argumento de Washington es que para explotar centrales nucleares civiles no hace falta enriquecer uranio ni mucho menos hacerlo al 60%, un grado de pureza que no tiene otro uso posible más que el bélico. Ello, si se exceptúa la intención que algunos expertos han atribuido a Irán de utilizarlo como herramienta negociadora y de presión.

Estados Unidos asegura que ese mineral estratégico se puede importar. Sobre el papel, es cierto. Así lo hace, por ejemplo, España, que, a pesar de tener las segundas reservas de uranio más importantes de Europa, importa todo el uranio enriquecido que alimenta sus cinco centrales nucleares activas.

La diferencia es el abismo que separa la posición geopolítica y estratégica de una democracia plena como la española, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, de la que ocupa el despótico sistema político iraní, aislado y sometido a un severísimo régimen de sanciones desde hace décadas.

Cualquier país europeo sabe que tiene garantizado el suministro de uranio enriquecido; Teherán no tiene tan claro. Las razones de ese temor tienen mucho que ver con una ideología en la que la oposición al “imperialismo occidental” tiene un lugar central, pero también se remiten a esa historia de acuerdos frustrados en esa cuestión por parte de Occidente, que tiene su origen en la época del derrocado shah Mohamed Reza Pahleví.

Un reactor estadounidense

En una paradoja histórica subrayada por esta guerra, Estados Unidos fue quien entregó al régimen prooccidental del shah su primer reactor nuclear: el de Investigación de Teherán, que el país recibió en 1967 para producir radioisótopos médicos. Washington, junto con varios países occidentales, ofreció entonces a ese régimen aliado construir centrales nucleares para generar electricidad y convenció al autócrata de que renunciara a enriquecer uranio e importara el combustible.

La policía política de la monarquía Pahleví encarcelaba, torturaba y mataba a opositores políticos, mientras Occidente desplegaba alfombras rojas a sus pies. Ese régimen también autocrático había concedido a Francia un préstamo de 1.000 millones de dólares (1.100 millones de euros) de los de entonces para participar en Eurodif, acrónimo en inglés de Consorcio Europeo para el Enriquecimiento de Uranio por Difusión Gaseosa, una empresa que hoy es una filial de la francesa Orano. Ese desembolso le daba derecho a recibir el 10% del uranio producido en la planta de Tricastin, en el sureste de Francia. Cuando en 1979 la revolución iraní derrocó al shah, la República Islámica proclamó su intención de romper ese contrato y recuperar esa inversión, antes incluso de haber recibido ni un gramo de uranio.

El asunto Eurodif abrió una guerra diplomática entre Teherán y París que ha marcado su relación bilateral desde entonces, con la toma de rehenes franceses en Irán y atentados terroristas y asesinatos en los 80 tras los que las autoridades francesas vieron la mano de la República Islámica. Irán solo recuperó su inversión más de diez años después, tras cerrar un acuerdo final con Francia, por el que París le entregó 1.000 millones de dólares en diciembre de 1991.

Después del anuncio de la salida iraní de Eurodif en 1979, la empresa alemana Kraftwerk Union, filial de Siemens, que estaba construyendo la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, se retiró del proyecto, que no pudo ser culminado hasta 2011, cuando la aún hoy única central iraní fue finalmente conectada a la red eléctrica, después de que Rusia la terminara. También la empresa francesa Framatome abandonó el proyecto de construcción de dos centrales eléctricas en Irán encargado en 1977.

“Irán insiste en el enriquecimiento tanto por razones históricas como por nacionalismo”, asegura Sina Azodi, autor de Irán y la bomba: Estados Unidos, Irán y la cuestión nuclear, citado en un análisis de Barbara Slavin, investigadora del centro de estudios Stimson Center. Este experto cree que la experiencia iraní “les ha demostrado que los europeos y el resto del mundo no les suministrarían combustible” en caso de necesitarlo.

Hay otra razón por la que Irán difícilmente renunciará a su programa nuclear. Teherán ha invertido miles de millones de dólares en instalaciones, formación de científicos —Israel ha matado a decenas de ellos— y desarrollo de esa tecnología a escala local. Además de su costo directo, ello le ha valido al país unas sanciones internacionales que, solo entre 2011 y 2022, ocasionaron unas pérdidas económicas de al menos 1,2 billones de dólares (más de un billón de euros), según un cálculo de su coste tanto agregado como per cápita elaborado por la organización Economic Research Forum. Es un precio superior al de la guerra con Irak, entre 1980 y 1988, que ha pagado, más que el régimen, su empobrecida población.