Lecornu renuncia a su compromiso de consensuar los presupuestos de Francia para evitar la caída de su Gobierno
El primer ministro conservador, amenazado por los extremos del Parlamento, anuncia nuevas medidas sociales, pero evita explicar si utilizará un decreto para aprobar las cuentas


El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, comenzó bien su segunda andadura (la primera duró 27 días). El jefe del Gobierno, fiel colaborador del presidente Emmanuel Macron, dio muestras de empatía política, capacidad negociadora y cierta complicidad con los socialistas, que evitaron tumbar su Ejecutivo y levantaron el trofeo de la suspensión de la reforma de la polémica ley de pensiones antes de Navidad. Lecornu prometió consensuar la ley de presupuestos en la Asamblea Nacional, negociar, acordar. Pero, pasado el tiempo, el tiempo se ha agotado. Y también las buenas intenciones. El Ejecutivo deberá ahora recurrir a las ordenanzas que permiten sacar adelante las cuentas o al artículo 49.3 de la Constitución, para hacerlo por decreto. Justo lo que prometió no hacer.
Ante la falta de una mayoría parlamentaria suficiente y la oposición sistemática de los dos extremos ideológicos del hemiciclo, la izquierda de La Francia Insumisa y la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional (RN), el primer ministro anunció este viernes por la noche nuevas medidas sociales para convencer a los partidos indecisos. “No era una divergencia de fondo, sino una estrategia cínica y deliberada”, señaló respecto a la oposición de las formaciones opositoras. Lecornu, sin embargo, no explicó qué método utilizará para aprobar las cuentas.
El atajo legal para eludir al Parlamento para aprobar el presupuesto provocaría inevitablemente una moción de censura, que amenazaría la caída del Gobierno, a menos que incluya modificaciones al proyecto que apacigüen a los diputados socialistas. Y eso es lo que se apresuró a hacer Lecornu en su discurso, en el que anunció que las cuentas del Estado incluirán un aumento de 50 euros mensuales de media de la prima de actividad, un complemento de ingresos destinado a los trabajadores con salarios modestos, para “más de tres millones de hogares”. No habrá tampoco “ningún aumento de la fiscalidad para los hogares” en el futuro presupuesto, prometió, asegurando que se mantendrá la deducción fiscal de los jubilados y que la escala del impuesto sobre la renta se reindexará acorde a la inflación.
Dudas
El discurso de Lecornu no ha despejado las dudas que se ciernen sobre la continuidad del Gobierno. Durante los últimos días, el Elíseo y el Ejecutivo han amenazado a los partidos con una disolución de la Asamblea Nacional y unas nuevas elecciones legislativas si no se llegaba un acuerdo. Ese extremo, que obligaría a celebrar unos comicios al mismo tiempo que las elecciones municipales de marzo, sigue en el aire después de que Lecornu no aclarase el método que piensa utilizar.
Los presupuestos de 2026 no se pudieron aprobar a finales del pasado año, cuando debería haberse hecho. El Ejecutivo optó a mediados de diciembre por recurrir a una ley especial para alcanzar una suerte de prórroga presupuestaria, pero insistiendo en que quería volver a intentar el debate en enero. No ha sido posible. Ahora solo podrá dar marcha atrás a su promesa de no recurrir al artículo 49.3, o bien utilizar por primera vez en la historia de la V República la vía de las ordenanzas. Esta segunda opción le permitiría dotar al país de un presupuesto, incluso si el primer ministro fuera derrocado por una moción de censura. Esa es la principal diferencia respecto al decreto.
La opción de las ordenanzas exige que el Parlamento no se haya pronunciado sobre el presupuesto en un plazo de 60 días, un tiempo que ya ha sido ampliamente superado. Un simple acto reglamentario bastaría para aprobar el presupuesto, tal como prevé el artículo 47 de la Constitución. Esto sustituiría definitivamente a ley especial adoptada en diciembre para evitar el caos.

Lecornu subrayó en su discurso que una de las condiciones imprescindibles para las cuentas públicas de este año es que el déficit no supere el 5% del PIB para poder cumplir el compromiso contraído con sus socios europeos de reducirlo al 3% como máximo en 2029. En 2025, las primeras anticipaciones apuntan a que el déficit fue del 5,4% del PIB, después de que en 2024 se hubiera disparado hasta el 5,8%
Al concluir su intervención sin indicar si haría aprobar su presupuesto mediante el artículo 49.3 o por ordenanzas, Sébastien Lecornu expresó su “verdadera decepción”, su “tristeza” y su “preocupación” ante el bloqueo llevado a cabo, según él, por las oposiciones en el Parlamento. “Quise adoptar un enfoque nuevo. No renuncio a ello”.
El problema de fondo es que muchas de las formaciones están ya pensando en en las Elecciones Presidenciales de 2027 y dan por amortizada esta legislatura. Y las decisiones que tomen en los próximos días en la Asamblea Nacional tendrán ya un carácter más electoral que legislativo.
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