Absueltos en Grecia los 24 socorristas acusados de facilitar la inmigración irregular mediante rescates en el mar

La justicia griega ha absuelto este jueves a 24 trabajadores humanitarios que habían sido acusados de integrar una organización criminal para facilitar la inmigración ilegal entre 2015 y 2018. Los imputados, entre quienes se encuentran la activista siria Sarah Mardini y el socorrista irlandés Sean Binder, pasaron 100 días en prisión provisional.

Además de por facilitar la entrada irregular de extranjeros, a los rescatadores se les acusó también de blanqueo de capitales, delitos por los que la Fiscalía solicitó penas de hasta 20 años de prisión. Los acusados ya habían sido absueltos de un cargo por espionaje y de otros menos graves en una vista celebrada en 2023.

La vista comenzó el 4 de diciembre, con las declaraciones de los testigos de la acusación. A su término, el juicio se pospuso hasta este jueves, cuando han comparecido los acusados y los testigos propuestos por la defensa. El fiscal ha leído su informe final sin levantar la mirada, y en voz tan baja que la mayor parte del público no consiguió escucharlo. “No ha quedado probado ninguno de los delitos para ninguno de los acusados”, ha concluido.

“Me sorprende que hayan hecho falta 2.889 días para que el fiscal se dé cuenta de que la acusación no tenía ningún sentido, algo que todo el mundo menos él sabía”, ha afirmado Zacharias Kesses, abogado de Binder y Mardini. Durante las sesiones judiciales, Kesses empleó un tono aún más duro para interrogar a Mijalis Dulaveris, jefe de la policía secreta de Lesbos y autor del atestado policial en el que se fundó el caso. Kesses lo arrinconó con sus preguntas hasta que el agente perdió los nervios y comenzó a sugerir que los acusados aconsejaban a los migrantes qué rutas tomar para no ser vistos por las autoridades. Entonces, Kesses se levantó de su banco, señaló con su dedo índice al policía y le gritó: “¡Si vuelve a inventar una sola acusación no contenida en los autos exigiré al fiscal que lo procese aquí mismo por falso testimonio!”.

La frase más repetida por los acusados fue: “No entiendo por qué estoy aquí”. Uno a uno, explicaron que su única motivación para enrolarse en diversas ONG fue realizar búsquedas y rescates para salvar vidas en el mar, así como asistir a los refugiados en tierra, prestando primeros auxilios o mediante el reparto de comida y ropa seca. Pieter Wittemberg, holandés de 78 años, explicó que su padre tuvo que huir de su Checoslovaquia natal durante la ocupación nazi por ser judío y que él siente que ayudar los refugiados actuales es una manera de saldar una cuenta pendiente de su familia.

El público, que ha abarrotado la sala de vistas más grande de la isla, ha contenido la emoción cuando el presidente del tribunal ha afirmado que no existió ninguna organización criminal, ni ningún otro delito, en los rescates realizados. Un tímido aplauso en el fondo ha sido silenciado para evitar que les llamaran la atención. Los abrazos y las risas se han reservado para el patio del Palacio de Justicia. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Community Peacemaker Teams y otras organizaciones pro derechos humanos presentes en la vista han celebrado la sentencia, aunque lamentan que el proceso penal se haya dilatado tanto en el tiempo.

Consecuencias colectivas

“Han sido ocho largos años que han tenido un impacto enorme en mí, tanto desde el punto de vista psicológico como financiero”, declaró en una de las sesiones judiciales lhab Abassi, refugiado palestino que trabajaba para Médicos Sin Fronteras cuando fue procesado. En los casi mil folios de la instrucción, el nombre de Abassi solo se nombra una vez, por haber enviado un WhatsApp con la localización de una barca en el mar mientras preguntaba a la ONG ERCI si les constaba si sus ocupantes necesitaban asistencia médica.

Las consecuencias no fueron solo personales, como explicó en su declaración la socorrista Nora Bauckhorn. “Además de a todos nosotros, este proceso ha dañado la reputación del conjunto de la flota civil de rescate hasta el punto de que hoy ya no hay ningún barco en el mar, ni socorristas en las playas; las personas migrantes que viajan de Turquía a Grecia se ahogan sin asistencia”, denunció Bauckhorn en la vista. “Basta haber visto el rescate de un solo niño para entender la importancia de lo que hacíamos y ya no podemos hacer”, añadió.

El abogado de la rescatista, Yannis Gieropulos, sostuvo que la estrategia de la Fiscalía consistía en generar la sensación de que los acusados cometieron algún tipo de ilegalidad, pero sin concretar ninguna acción. Para Gieropulos, este tipo de operaciones policiales no suceden porque los policías sean “malvados como Darth Vader”, sino porque responden a “intereses políticos”.

“No hace falta ser abogado para entender que algo va mal cuando se acusa de formar una organización criminal a una ONG cuyo objetivo era ayudar a obtener asilo a gente que lo necesitaba”, dijo Kesses. Yannis Naziris, otro de los abogados de la defensa, fue aún más contundente: “Algunos [en referencia a los policías que armaron la acusación] confundieron delitos con solidaridad, y criminalidad con humanidad”.