La banca rusa bloquea las donaciones a las organizaciones de derechos humanos

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que todavía operan en Rusia están echando el cierre sin haber cometido un delito. El Kremlin ha encontrado una vía para ahogarlas sin recurrir a la ley. Las ONG acusan a la banca, vinculada de una forma u otra al Gobierno, de cortar su principal vía de financiación: las donaciones de los rusos. Las plataformas de pago online no les han dado ninguna explicación.

“OVD-Info se encuentra en una situación crítica, nos han privado del apoyo en rublos”, dice el SOS publicado por esta organización defensora de los presos políticos y los manifestantes rusos. Al otro lado del teléfono, su portavoz Dmitri Anisimov manifiesta a este periódico que “este es el golpe más grande sufrido por la ONG en sus 14 años de historia”.

Otras organizaciones se han encontrado con el mismo problema, como la ONG para la ayuda a los inmigrantes Grazhdánskoye Sodeistvie, y varias más han cerrado.

La fundación Nuzhná Pómosch [Es necesaria ayuda, en ruso] sentó un precedente al desaparecer por este motivo en agosto de 2024. Unos meses antes las autoridades la habían etiquetado como agente extranjero, designación que el Kremlin ha aplicado al resto de las ONG de este reportaje. Acuciada por el bloqueo de las plataformas de pago y el miedo de algunos de sus mecenas a su designación como agente extranjero, su dirección anunció que ponía fin a su actividad “por ser prácticamente imposible”.

La ONG contra la violencia doméstica Nasiliu.net logró sobrevivir un tiempo más, pero ha acabado cerrando en diciembre por estos mismos motivos tras una década de lucha contra la violencia machista.

“Nuestra plataforma de donaciones [CloudPayments] ya nos había advertido en 2024 de que nos bloquearía las transferencias”, contaba a este diario la portavoz de la organización, Victoria Odissonova, hace unos meses.

Aquel sistema de pagos no cortó sus servicios en 2024 y Nasiliu.net recurrió a otra plataforma, Yiukassa, por si acaso. Sin embargo, CloudPayments acabaría bloqueándoles las transferencias desde septiembre del año pasado, justo cuando el Kremlin impulsó una nueva batería de medidas represivas contra la sociedad civil rusa, incluidas nuevas enmiendas a la ley de agentes extranjeros.

Según OVD-Info hay ahora tras las rejas rusas al menos 1.586 presos políticos. La ONG cuenta con más de 300 abogados que actualmente brindan asistencia legal gratuita a unos 90 de estos presos y atienden a otras personas cuando son arrestadas o la policía registra sus hogares. Asimismo, OVD-Info también presta asesoramiento a los ciudadanos a través de sus canales de Telegram cuando les contactan para pedir consejo y evaluar sus riesgos.

“No solo las plataformas de pagos ven un riesgo en lo que hacemos, es evidente que [las autoridades] presionan a los dueños de estas empresas para que no cooperen con nosotros”, denuncia Anisimov.

“Hemos explorado todas las alternativas posibles en el mercado ruso y fuera”, añade el portavoz de la ONG antes de señalar que han buscado otras alternativas en los países vecinos que comercian con Rusia, “pero no ha surgido ninguna opción por desgracia”.

“Todas las grandes empresas se niegan a procesar nuestros datos. Quedan empresas más pequeñas a las que no podemos confiar los datos de nuestros donantes, o servicios como Tribute, que han bloqueado a otras organizaciones y medios de comunicación independientes de la misma manera”, agrega.

OVD-Info tenía alrededor de 12.000 mecenas fijos suscritos con tarjetas rusas. A sus aportaciones se sumaban también otras donaciones puntuales. Hasta el momento han conseguido paliar el golpe con unas 4.000 nuevas suscripciones realizadas con tarjetas fuera de Rusia, pero la ONG señala que no es suficiente.

“Las donaciones regulares son especialmente importantes para nosotros porque nos permiten planificar nuestro trabajo y nuestro presupuesto a largo plazo -explica el portavoz de OVD-Info. Así sabemos cuánto dinero tendremos en tres, seis meses o un año, y si podremos defender a nuevos clientes o expandirnos en ciertas áreas”

La ONG utilizaba el sistema de pagos CloudPayments, propiedad del banco Tinkoff. El antiguo propietario de esta entidad finaciera, Oleg Tinkov, se vio obligado a vender sus acciones y abandonar el país por criticar la guerra de Ucrania en 2022.

“Rechazaron darnos servicio sin ofrecer explicaciones. Adujeron que por política de empresa pueden negarse a dar detalles”, explica Anisimov.

Otra plataforma a la que se dirigieron los activistas, Yiukassa, también ha rechazado gestionar las donaciones de OVD-Info. Este servicio es propiedad del mayor banco de Rusia, Sberbank. “En los documentos que nos remitieron dicen que no pueden firmar ningún acuerdo debido a sus políticas de seguridad”, añade Anisimov, aunque no hay más detalles “por motivos de confidencialidad”.

Uno de los presos políticos defendido por OVD-Info es el activista político Ígor Baryshnikov, condenado en 2023 a siete años y medio de cárcel por “desacreditar al ejército ruso” pese a sufrir un grave cáncer y ser la única persona que cuidaba de su madre dependiente de 97 años. Enfermos y olvidados, las vidas de más de un centenar de presos políticos rusos peligran hoy en sus prisiones.

Otro caso es el de Nadezhda Buyanova, una pediatra de 69 años que fue condenada en 2004 a cinco años y medio de prisión por decir que Rusia “es la agresora” a la madre de un niño cuyo padre había fallecido en la invasión de Ucrania.

“El testimonio de la madre es la única prueba en su contra. Ganamos en los tribunales que fue despedida ilegalmente, pero sigue en prisión”, manifiesta el portavoz de OVD-Info

La ONG cree que podrá sobrepasar estos nuevos obstáculos. “No queremos limitar nuestro trabajo de ninguna manera, esto es exactamente lo que las autoridades rusas quieren que hagamos tras este ataque”, apunta Anisimov.