El ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir exhibe su defensa de la pena de muerte para palestinos con un pin con forma de horca

Itamar Ben-Gvir, el ultraderechista ministro de Seguridad Nacional de Israel, se presentó este lunes en la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento israelí con un pin que representaba una horca prendido en la solapa de su chaqueta. Esa comisión examinaba el proyecto estrella de su partido, Poder Judío, que consiste en ampliar la pena de muerte que ya existe en la legislación israelí a los palestinos que asesinen a ciudadanos israelíes. Aunque el borrador de la ley no los menciona de forma explícita, tal y como está redactado, ellos serían la única categoría a quien se aplicaría esa nueva norma, que no recoge una pena análoga para los israelíes que asesinen a palestinos.

El propio Ben Gvir dejó claro más tarde en un tuit que su gesto y el de sus correligionarios, que también lucieron el pin, es un símbolo de su “compromiso con la aprobación de una ley” para los “terroristas” (los palestinos) que, según escribió, “merecen morir”. En la víspera, los asesores legales del Comité de Seguridad Nacional habían puesto de relieve que el borrador es difícilmente compatible, no solo con las leyes internacionales firmadas por Israel, sino incluso con las leyes fundamentales israelíes que sirven de Constitución.

Según su dictamen, el borrador prácticamente obliga a los jueces a imponer la pena capital en caso de asesinato de israelíes, por encima de las circunstancias en las que sucedan los hechos, lo que anula la discrecionalidad de los tribunales y supera incluso lo previsto en la legislación israelí para los responsables de los crímenes de la Alemania nazi.

Ninguno de los delitos contemplados en las leyes israelíes que conllevan la pena de muerte obliga ahora a los jueces a aplicar esa pena capital, afirman los asesores legales. “Ni siquiera en la Ley de Castigo contra los Nazis y sus Colaboradores. Los tribunales siempre conservan su discreción para imponer una pena más leve”, subrayan. Esa norma contra los nazis fue la que se aplicó en uno de los dos únicos casos en los que Israel ha aplicado la pena capital desde la creación de su Estado en 1948: el ahorcamiento en 1962 del nazi Adolf Eichmann, secuestrado antes por el Mosad en Buenos Aires.

Las condenas a muerte obligatorias a las que aspiran Ben Gvir y su partido se aplicarían además solo a los palestinos. Incluidos los de Cisjordania, un territorio palestino ocupado, donde estos están sujetos a la legislación militar (incluidos los niños) mientras que los colonos judíos que viven allí —ilegalmente, según la legislación internacional— están amparados por la jurisdicción civil, mucho más garantista.

El borrador de esta legislación dio un paso adelante el pasado 3 de noviembre, cuando la Comisión de Seguridad Nacional la aprobó en primera lectura, antes de pasar al plenario del Parlamento israelí, donde se examina ahora. En la sesión plenaria de este lunes, Ben Gvir aseguró que la pequeña soga amarilla que lucieron él y sus compañeros de partido es “una de las opciones mediante las cuales la ley aplicará la pena de muerte a los terroristas”. Luego añadió que además de la horca “existe la opción de la silla eléctrica y la inyección letal”.

El ministro continuó su intervención restando importancia a las críticas de la Asociación Médica de Israel, al proclamar que ha recibido “cientos de llamadas de médicos” que se ofrecieron a aplicar la pena capital a condenados. “Me dijeron: ‘Itamar, solo dime cuándo’”, afirmó el titular de Seguridad Nacional.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apoya el proyecto de ley de sus socios más radicales. El borrador cuenta también con el respaldo del servicio de seguridad e inteligencia interior, Shin Bet, según informó su director, David Zini, al Gobierno en noviembre. Este servicio de inteligencia se había opuesto durante años a la norma.

Críticas escasas

El ministro Ben Gvir, él mismo un colono que vive en el asentamiento de Kiriat Arba, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, es el máximo representante de la extrema derecha nacionalista israelí y del movimiento radical que aspira a colonizar y anexionarse Gaza y Cisjordania (el otro territorio ocupado, Jerusalén Este, ya fue anexionado ilegalmente por Israel en 1980).

El éxito de su partido y la progresiva normalización de unas ideas que hace años eran consideradas extremistas en Israel ilustra la derechización de una sociedad que alcanzó su culmen tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí en forma de ofensiva en Gaza, que ya ha causado más de 70.000 muertos. Hasta hace pocos años, este ministro tenía en su caso un retrato de Baruj Goldstein, el colono que en 1994 asesinó a tiros a 29 palestinos al abrir fuego contra la multitud en una mezquita de Hebrón. Para Ben Gvir, Goldstein es “un héroe”, en sus propias palabras.

El auge de este discurso ultra en Israel ha propiciado que el titular de Seguridad Nacional abandonara los márgenes de la política israelí para situarse en su centro al entrar en la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu, tras las elecciones de 2022. Esta extrema derecha nacionalista da voz y voto en el Ejecutivo al movimiento de colonos radicales que ha estado marcando en buena medida la senda a seguir en Gaza y en Cisjordania.

Solo organizaciones de derechos humanos y la irrelevante izquierda israelí han criticado que Ben Gvir compareciera en el Parlamento con la pequeña soga. Esas escasas voces críticas han subrayado además el color del pin: amarillo, al igual que el lazo de esa tonalidad que en los últimos dos años había simbolizado el clamor por el retorno a Israel de los rehenes tomados por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre de 2023. El símbolo de la soga es también uno de los que utiliza la organización racista estadounidense, Ku Klux Klan.

El diario Haaretz, cuya línea editorial se enmarca en el sionismo moderado de centroizquierda, recogía este lunes las críticas del instituto de investigación israelí Zulat para la Igualdad y los Derechos Humanos. Esa organización cree que la aprobación de la ley tendría como consecuencia que la pena capital “no se impondría a un acusado por su responsabilidad en el acto, sino por su identidad nacional y la de la víctima”, lo que consagraría una “jerarquía” en el asesinato. El grupo compara esta ley en proyecto con “la legislación nazi”.